Dora Llop Montón. Concejala GMPP Vila-real
Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero, ¿qué significa este día en realidad? Porque, aunque la pregunta pueda parecer ignominiosa, muchos no saben o no quieren saber su significado. Saberlo puede conllevar a sentir muchas cosas que no interesan en una sociedad cada vez más hedonista.
Sin embargo, no es otra cosa que una vergüenza social en la que los agresores pretenden conseguir el control sobre la mujer de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, produciendo en la víctima dolor físico, sexual o psicológico, amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea dentro de su vida, pública o privada.
Es el momento de parar esta injusticia. Las administraciones públicas, encabezadas por sus respectivos gobiernos, no pueden ni deben esconderse en declaraciones institucionales muy convenientes, pero que en todos los casos no pasan de meras intenciones. Hemos de ir más allá y velar con acciones y apariencias coherentes entre lo que se hace y lo que se dice en defensa de la igualdad, la seguridad y el respeto social.
Es tremendamente incoherente que mientras en los plenos se aprueban estas declaraciones, casi siempre por unanimidad, en los juzgados se suman las víctimas, ya sean mujeres, hombres, homosexuales, transexuales o incluso menores. Siendo estos últimos, los casos más sangrantes teniendo en cuenta la falta de madurez propia de edades tempranas.
De esto último, desgraciadamente, contamos en nuestra Comunitat con la máxima demostración de incoherencia. Pues mientras los poderes públicos alardean de contar con empatía total con las víctimas, el Síndic de Greuges el pasado septiembre denunció públicamente al gobierno del Botànic por obstaculizar la investigación de su gestión dentro de los centros de menores tutelados por ellos.
Pero la incoherencia no se queda ahí, ahora es la Unión Europea la que investiga la gestión de la vicepresidenta Mónica Oltra en los centros de menores tutelados por ella. ¿Qué esconden? ¿A qué se tiene miedo?
Seguramente a nada bueno, conforme se ha demostrado con la condena, también el pasado septiembre, a cinco años de cárcel al ex marido de la vicepresidenta Oltra por abuso continuado a una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas, “casualmente” capitaneada por la misma vicepresidenta.
La incongruencia llega a tal extremo que ahora la misma Conselleria le paga a la entonces niña, 1.700€ por convertirla, mientras ellos la custodiaban, en una víctima de violencia de género. por otra parte, la misma víctima, les acusa públicamente de despedirla del trabajo por ser quien es, la misma que se atrevió a denunciarlos.
Entonces en qué quedamos. ¿Los menores tutelados están seguros con estos gobernantes o no? ¿Ayudan a las víctimas de violencia de género o no? ¿Empatizan con ellos o no? Es todo muy difuso, muy incoherente y muy triste para el grueso de la sociedad que quiere unos gobernantes, al menos coherentes en la defensa de los más vulnerables.
Así que, ahora, a los valencianos nos sobran motivos para llamar a las cosas por su nombre y denunciar las injusticias frente a los derechos inalienables de las personas, sean mujeres, hombres, homosexuales, transexuales o menores.
Por todo lo cual, es la hora de pedir un 25 de noviembre coherente, aunque sea en apariencia. y, mientras la vicepresidenta Oltra no dimita y el president Ximo Puig la mantenga, son los dos iguales, indignos de representar a los valencianos de bien y menos aún de considerarse aptos para gestionar la seguridad de los más vulnerables.
Hay momentos en que la empatía se demuestra con actos y estos son escandalosamente ineludibles. No se puede hablar de igualdad mientras se permiten acciones como esta. El ¡basta ya! es para todos, no sólo para algunos y después salir en la foto a la puerta del Palau.
