Carrasco justifica este recurso ante la necesidad de devolver la normalidad a la ciudad de Castellón
Castellón Información
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Begoña Carrasco, anuncia la interposición en el día de ayer, de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la decisión política del Consell y del gobierno municipal de PSOE y Compromís de eliminar el topónimo en castellano.
Agotando el plazo que acababa ayer, 23 de mayo, el Grupo Municipal Popular ha optado por la vía judicial para llevar a cabo su compromiso de recuperar la doble cooficialidad en la denominación y nombre de la ciudad y que “podamos volver a llamar Castellón de la Plana y Castelló de la Plana, indistintamente, tal y como establece y propugna la Constitución y el Estatuto de Autonomía”, señala Carrasco.
De esta manera, los populares ya han iniciado la tramitación para volver a llamar, de manera oficial, a la ciudad Castelló de la Plana y Castellón de la Plana como así era desde hace 37 años. Tras este recurso será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el que comunique un nuevo plazo para presentar los argumentos y razones correspondientes.
La portavoz popular, Begoña Carrasco, justifica este recurso contencioso-administrativo argumentando la necesidad de devolver la normalidad a la ciudad de Castellón. “El tiempo de las imposiciones, del sectarismo, de generar polémica donde no la había para acabar enfrentando a la sociedad castellonense debe quedar atrás, ponerle fin este próximo domingo 26 de mayo en las urnas y no prolongarse durante cuatro años más. Con PSOE y Compromís la ciudad de Castellón y los castellonenses han sufrido una pérdida de libertades que vamos a devolver a toda la ciudadanía”, subraya la portavoz popular y añade que es hora de “devolver la libertad a los castellonenses y que en cuestiones como la educación, la cultura o la lengua, vuelvan a poder elegir por ellos mismos, sin ver coartados sus derechos por un gobierno bipartito que no mira por el interés general y ha estado gobernando de espaldas a la mayoría social”, señala.
Para Carrasco es prioritario acabar con las imposiciones y sectarismos de un gobierno municipal, el de Amparo Marco, que no mira por el interés general, sino sólo por el de los socios que la hicieron alcaldesa”.
El decreto que elimina la forma en castellano del topónimo, imponiendo únicamente la forma en valenciano, “solo ha traído malestar, crispación social y enfrentamientos entre la sociedad, porque no ha sido en ningún momento una demanda social. Castelló y Castellón, en su denominación oficial bilingüe lo ha sido desde el 19 de julio de 1982 cuando fue aprobado por el Ayuntamiento. Lo que ha intentado esconder el gobierno de PSOE y Compromís es una medida sectaria y de satisfacción a sus afiliados, que busca imponer una de nuestras dos lenguas oficiales sobre la otra, aniquilando cualquier atisbo o sentimiento de lo español”, concluye Carrasco.
