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jueves, 21 de noviembre de 2024 | Última actualización: 19:57

El PP denuncia una nueva subida de la tasa de basura para 2019 que recaerá en los vecinos

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El PP lamenta la indefensión de los vecinos frente a una alcaldesa imputada que en lugar de defender a las familias está más ocupada en defenderse en los juzgados

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Los vecinos de Almenara a los que la alcaldesa imputada del PSOE, Estíbaliz Pérez, anunció que iba a rescatar con empleo, atención social y prestaciones, son los mismos que en 2019 volverán a pagar de su bolsillo una nueva subida de la tasa de basuras impuesta por el voto favorable de la primera edil.

Así se aprobó en la última asamblea del Consorcio de Residuos de las zonas III y VII, de la que Almenara forma parte, y en la que la alcaldesa imputada no tuvo reparos a la hora de alzar la mano y apoyar con su voto que los vecinos de Almenara paguen en 2019 un 2,73% más de las basuras.

"Es insólito que el PSPV vendiera a los vecinos de Almenara que iban a rescatar a las familias y, sin embargo, lo que están haciendo es poner el cazo año tras año para seguir obteniendo liquidez para sus caprichos a costa del esfuerzo y sacrificio de los vecinos".

En opinión de Alicia Bañuls, concejala y portavoz del PP en Almenara, esta subida impuesta por la alcaldesa imputada constata "cómo la izquierda sube impuestos frente a la política de bajada de presión fiscal que lidera el PP". "Es inconcebible que en lugar de apoyar a las familias y engrasar sus economías familiares con políticas de recorte de impuestos, Pérez imponga año tras año subidas que lastran las economías familiares. Se repite el patrón de la plaga de los mosquitos, no se defiende al ciudadano, solo defienden los intereses de su partido, el PSPV".

De hecho, desde que el PSPV gobierna Almenara, los vecinos pagan un 7% más por las basuras; los comercios entre un 220% y un 635% más; las oficinas pagarán hasta un 188% más; mientras que los bares, cafeterías, restaurantes o pubs deberán asumir subidas entre un 7% y un 78% más; por último, los hoteles se verán condenados a pagar un 205% más; los locales industriales entre un 167% y un 274% más; y por último los colegios, centros sociales y sanitarios hasta un 485% más.