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El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, Óscar Clavell, ha destacado la "irresponsabilidad y la temeridad" del gobierno tripartito de la ciudad al haber autorizado una actividad de espeleología en las Grutas de San José para niños y favoreciendo a una empresa privada propiedad del hermano de la consejera delegada de Emsevall.
Los hechos se remontan al pasado 16 de julio, cuando la escuela de verano de Fórmula Riu organiza una actividad de espeleología dentro de las Grutas de las que el PP tiene constancia por los medios de comunicación porque el mismo concejal de Turismo, Jordi Julià (Compromís) hizo declaraciones. El 20 de julio, Clavell presenta comparecencia en la que solicita al ayuntamiento la autorización por parte del Ayuntamiento o de la consejera delegada de Emsevall para dicha actividad, el personal de Emsevall o del ayuntamiento que ha participado en la misma, número de embarcaciones utilizadas, precio que ha cobrado Emsevall por la actividad y número de niños participantes y sus edades.
El 23 de julio, el concejal de Turismo contesta mediante escrito que "la visita tiene carácter educativo y no lucrativo organizada por el Espeleoclub de la Vall, que no fue organizada por ninguna empresa privada, no tenía motivaciones económicas, que el director del Paraje autorizó de acuerdo con el convenio firmado con el club deportivo y que se facilitaron dos embarcaciones".
Según Clavell "todo esto es falso, no se pueden contar tantas mentiras en tan poco espacio".
Así, el portavoz popular ha afirmado que "cada niño pagó 25 € para realizar la actividad, además de lo que pagan por la escuela de verano a la empresa; la actividad la realizó una empresa privada y sobre el convenio con el club deportivo tiene como fin el acceso de los espeleólogos federados con fines científicos, es decir, solo pueden entrar los espeleólogos federados que disponen de su correspondiente seguro y permiso y para fines científicos". Y, según Clavell, "en esta actividad han entrado niños sin estar federados, sin estar asegurados, pagando y con una autorización firmada por los padres que seguro no sabían lo que estaban firmando".
Por ello, Óscar Clavell ha exigido a la consejera delegada de Emsevall, al concejal de Turismo y a la alcaldesa Tania Baños "que nos den las explicaciones oportunas y que nos den toda la información que les hemos solicitado" porque "en este caso la transparencia ha desaparecido". Por ello, Clavell ha presentado esta mañana una nueva comparecencia para que el tripartito facilite toda la información y dé todas la documentación.
El portavoz ha afirmado que "es grave" que "el ayuntamiento no cobre, que ceda unas instalaciones para que una empresa privada se lucre y que digan que facilitaron dos embarcaciones cuando fueron 2 en el primer turno y 3 en el tercero e incluso en una de esas embarcaciones iba el propio Jordi Julià, quien participó de esa ilegalidad y temeridad poniendo en peligro a muchos niños de nuestra ciudad".
Presunta negligencia administrativa
Además los populares han compadecido esta mañana en rueda de prensa para explicar a los ciudadanos la realidad de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el pasado 11 de marzo en la que condena al Ayuntamiento de Vall d'Uixó a pagar 1.402.522 € más intereses por ocupación de un terreno privado de manera ilegal realizadas para llevar a cabo el proyecto de la zona verde del barranco del Randero.
La misma sentencia dice que ha habido una "ocupación ilegal" y que el ayuntamiento no realizó la correspondiente expropiación, "al desconocer el Ayuntamiento demandado la existencia de titularidad sobre la misma". Y continúa diciendo que "la parte actora ha probado que la Administración demandada era conocedora -o al menos ya tenía algunos indicios de ello- de que los actores eran propietarios de la parcela catastral desde el 19 de octubre de 2004, que es la fecha en la que tuvo entrada en el Ayuntamiento el escrito presentado por los actores y que fue aportado como documento número 4 de la demanda, en el que expresamente manifiestan "se les notifique a los mismos, como únicos propietarios de dichas parcelas, de todo lo referente a la adquisición que de las mismas está realizando el Excmo. Ayuntamiento de La Vall d´Uixó, por hallarse afectadas por el 'Barranco Pandero'. "Pues bien, a pesar de dichas manifestaciones, no consta que el Ayuntamiento demandado iniciase procedimiento expropiatorio alguno".
Así, la concejal del PP, Gema Domínguez, ha asegurado que según el juez los 2,4 millones que debe pagar el ayuntamiento se deben a una presunta negligencia administrativa.
Cuando el ex alcalde Óscar Clavell recibe la notificación de la sentencia, a finales de marzo de 2015, "envía una providencia a la gerente de Servicios Territoriales, con fecha 1 de abril de 2015, en la que la gerente contesta el 9 de abril de 2015 asegura que los terrenos son de propiedad municipal, que el proyecto es viable y que se tiene la completa disponibilidad de los mismos porque se adquirieron en 1996, 1997 y 1998".
Vista la respuesta de Urbanismo, el ex alcalde envía un segundo escrito, con fecha 9 de abril de 2015, en el que solicita informe sobre la no tramitación del expediente expropiatorio, "sobre la que no tenemos constancia que haya contestado". Según Domínguez, "Óscar Clavell hizo lo que debía hacer, que es fiarse de los informes técnicos municipales, que dicen que siguen considerando que dichos terrenos son de propiedad municipal, por lo que no cabía expropiación".
Así pues, desde el PP de Vall d'Uixó han asegurado que "estamos a entera disposición del gobierno tripartito para clarificar cualquier tipo de cuestión".
Cabe recordar que los hechos arrancan en 2002, cuando Óscar Clavell no era concejal del ayuntamiento; y arrancan en 2003 hasta 2005, siendo alcalde Josep Tur (PSPV-PSOE), concejal de Urbanismo, Olimpia Aznar (Esquerra Unida) y concejal del gobierno municipal, la actual edil de Urbanismo, Antonia García Valls (PSPV-PSOE).
