Afirman que las promesas del equipo de Gobierno de un Cisme revolucionario que costó 1,6 millones, ha sido un fiasco y no funciona
Los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos han presentado hoy en el registro municipal una petición formal a la alcaldesa de Castellón, para que se constituya una Comisión de Investigación sobre la Sala de Seguridad de Emergencias del Tetuán 14. Basan su solicitud en la sentencia que anuló la adjudicación del sistema informático por ‘errores’ de la empresa Eurocop, la misma que instaló la Sala. Afirman que, pese a la inversión de 1,6 millones de Euros, la Sala de Seguridad no funciona.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Los portavoces de los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos, de Castellón, han presentado este mediodía en el Registro municipal, una petición formal a la alcaldesa para que se constituya una Comisión de Investigación sobre la Sala Seguridad de Emergencias, y las contrataciones realizadas para equipamiento de la Policía Local durante la pasada legislatura.
Esta Comisión tendría el objeto de “analizar los procesos de adjudicación y ejecución y puesta en marcha el Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (Cisme); la adjudicación de los contratos de suministro de chalecos antibala para la Policía Local; y la adjudicación de las mochilas tácticas y linternas de la Policía Local; el número total de desplazamientos y viajes al extranjero del concejal responsable del área y sus acompañantes con el objeto de promocionar el sistema de seguridad municipal, el coste de los mismos y el cargo a qué partidas concretas del presupuesto municipal, y todo lo referente al proceso de registro de la marca municipal Eurocop Proxpol en México”
Los hechos que han dado lugar a que PP y CS pidan esta Comisión de Investigación se produjeron durante la pasada legislatura, cuando el responsable del área de Personal, Hacienda y Seguridad era Toni Lorenzo (hasta el 2 de febrero de 2019).
Durante esta etapa el entonces concejal anunció la intención municipal de dotar al área de Seguridad del Ayuntamiento de una serie de sistemas de la máxima innovación que permitirían contar con una Sala de Emergencias moderna y eficaz para trabajar por la ciudad.
Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CISME)
Dentro de esta línea, en otoño de 2016 se sacaba a contratación un proyecto, valorado en casi un millón de euros, para el equipamiento general de ese Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CISME), que debería ser revolucionario en todo el país.
La Sala se adjudicó a la empresa Eurocop Security Systems, S.L.
Defectos de funcionamiento en la gota fría de octubre de 2018
Pero pese a todas las promesas realizadas, cuando llegó el momento de la verdad, con las fuertes precipitaciones que cayeron en Castellón en el mes de octubre de 2018, la Sala de Emergencias no rindió como se esperaba, no funcionaba el equipamiento, ni las comunicaciones y los agentes hubieran de recurrir a los sistemas más cotidianos como sus teléfonos móviles personales y programas de whatsapp.
Los sindicatos y los policías locales explicaron a Castellón Información, que, aunque la sala era ultramoderna, el sistema informático con el que debía funcionar era totalmente obsoleto.
Tal como confirmaron policías y sindicatos, el tema era el siguiente: el procedimiento para convertir la Sala de Emergencias de Castellón en una de las más innovadoras del país se centraba en dos partes: Por un lado, la remodelación de la Sala de Emergencias que salió a concurso por un importe cercano a los 900.000 euros. La segunda: la modernización del sistema informático que debía dar soporte a las comunicaciones y gestión de la sala, valorado en torno a los 600.000 euros, que había salido a concurso a principios del mes de octubre.
La explicación de lo acontecido según la Policía Local de Castellón y el sindicato Csif era clara, se habría comprado un Ferrari para funcionar con un motor con 20 años de antigüedad… no podía tirar de ninguna manera.
Pero es que además, explicaban desde el sindicato, el sistema de gestión informático municipal denominado ‘Séneca’, además de estar anticuado y no ajustarse a las condiciones de aquella bendita super sala, tampoco funcionaba como debía porque… “se habían dejado de pagar las licencias del programa”, vamos, que según las mismas fuentes, el Ayuntamiento y su super centro de seguridad habrían estado utilizando ilegalmente un sistema informático, antiguo y caducado.
Adjudicación del sistema informático
En primavera de 2019 se adjudicaba el software informático para la sala. Se presentaban tres empresas, pero se optó de nuevo por adjudicarlo a la empresa: Eurocop Security Systems, S.L, la misma que había equipado el Centro de Seguridad.
Sin embargo, esta adjudicación no estuvo exenta de polémica, En la presentación de los documentos solicitados en las diferentes fases del concurso, Eurocop Security Systems, S.L ‘se equivocaba’ al no introducir la información correcta en los sobres y plazos que había estipulados.
A pesar de ello, la Mesa de Contratación entendió que se había producido un error, valoró las propuestas y determinó adjudicar el sistema informático a la empresa Eurocop por considerarla como la más favorable a lo que necesitaba la Sala de Seguridad. Pero otra de las empresas que se habían presentado al concurso, Suitable Software Vinfoval, no estaba de acuerdo y presentó un recurso que fue admitido y resuelto a su favor por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
La sentencia, emitida el 30 de mayo de 2019, anulaba la adjudicación del software a Eurocop Security Systems, S.L por un defecto de forma, e instaba al Ayuntamiento a repetir el concurso, en el que Eurocop ya no podía presentarse.
La sentencia se dio a conocer a finales del mes de julio y provocaba la indignación de los grupos municipales de la oposición. En aquel momento, tanto PP como Ciudadanos pidieron explicaciones y apostaron por la creación de la Comisión de Investigación que se solicita ahora.
Pero, como se puede ver en la petición de la comisión e Investigación, los grupos de la oposición no se centran solo en la Sala de Seguridad, en su equipamiento o en la anulación de la adjudicación del programa informático.
Esto es así, porque tanto los políticos del PP como los sindicatos de policía ya habían expresado sus sospechas sobre diferentes adjudicaciones de equipos, servicios, trámites sobre los que habían solicitado información sin que se les hubiera facilitado. Habían acusado ya a Lorenzo y al equipo de Gobierno de opacidad en la gestión y de falta de trasparencia. E incluso, habían apuntado a la existencia de intereses personales en las adjudicaciones.
En cualquier caso, será la Comisión de Investigación, en caso de que llegara a aprobarse su constitución, la que indague y demuestre la certeza de estos comentarios.
