Ni la declaración socialista ni la moción de Compromís tienen oportunidad de salir adelante, la primera ha sido vetada, la segunda, también
La Junta de portavoces del Ayuntamiento de Castellón, previa al pleno del próximo jueves ha ‘machacado’, literalmente, las dos iniciativas de Compromís y PSOE para solicitar que el Ayuntamiento de Castellón se posicione contra la sentencia de la Cruz del Ribalta.
Como ya se ha explicado otras veces en Castellón Información, la Junta de Portavoces es el órgano donde se dirimen los temas que van a ir al pleno. Los puntos que han sido previamente informados por los técnicos lo harán en forma de propuestas dentro del Despacho Ordinario.
Las propuestas de los partidos, cuyo cumplimiento directo afecta a la acción directa del ayuntamiento, se presentan como mociones que se debaten en el Despacho Extraordinario. Y las declaraciones que reportan el posicionamiento de la entidad, o cuyos temas no son de acción directa del ayuntamiento, se tratan como declaraciones institucionales, y solo llegan al pleno si ha habido consenso previo en la Junta de Portavoces.
La Cruz del Ribalta
Dicho esto, y en torno a la retirada de la Cruz del Ribalta y la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, la declaración institucional propuesta por el PSOE, en la que pedía que todos los miembros de la corporación ‘se retrataran’ contra la cruz franquista, no ha tenido la menor posibilidad de prosperar y se ha encontrado de cara con el veto de PP y VOX. Ha sido literalmente machacada por el equipo de gobierno.
Pero la moción que presentaba Compromís, para que el Ayuntamiento alegara contra la sentencia, tampoco tendrá mucho más recorrido que la declaración.
Enmienda a la totalidad de PP y VOX
Esto es así, porque el equipo de gobierno tumbará la propuesta de Compromís con una ‘enmienda a la totalidad’. Como se votará primero la sustitutoria presentada por PP y VOX, y ambos tienen mayoría, la demanda de Compromís no podrá seguir adelante.
Se trata de un procedimiento que tanto el gobierno de ahora como el de antes han utilizado en numerosas ocasiones, aunque siempre ha sido muy criticado desde la oposición, porque desvirtúa completamente el sentido original del planteamiento inicial.
En este caso, la moción sustitutoria de PP y VOX indica lo siguiente:
“Sergio Toledo Llorens, Portavoz del Grupo Popular y Antonio Ortolá Ortolá, Portavoz del Grupo Vox en el ayuntamiento de Castellón, al amparo de lo que establece el artículo 85 del Reglamento del Pleno y su Comisiones, proponen al Pleno la adopción de la siguiente:
La jueza del juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón declaró el pasado 7 de junio "nula" la retirada de la Cruz del parque Ribalta impulsada en 2021 por el gobierno PSOE-Compromís.
En la sentencia se afirma que "Nos encontramos ante una cruz que ninguna connotación o simbología política desprende a partir de 1979, siendo que no es un monumento a los caídos sino una cruz en conmemoración a las víctimas de la violencia de ambos bandos cuya retirada no puede ampararse en la normativa de la Generalitat Valenciana, no siendo un elemento contrario a la memoria democrática".
Efectivamente, tanto la Ley Estatal de 2007 en su artículo 15 sobre la retirada de elementos de exaltación del franquismo, excluye en su apartado 2 a aquellos elementos donde "no haya exaltación de los enfrentados" (en referencia a los dos bandos de la Guerra Civil de 1936-1939.
La Cruz de Ribalta fue resignificada en 1979 por la primera corporación municipal democrática: "resulta deseable sustituir la leyenda existente en la actualidad en la Cruz sita en el Paseo Ribalta de esta Ciudad, por una expresión más genérica de homenaje a todas las víctimas de la violencia, sin discriminaciones ni distinciones".
Por eso el Informe de la Dirección General de Memoria Democrática se lavó las manos y le dijo al Ayuntamiento que, dentro de la autonomía local, podían hacer lo que quisieran en el Jardín del Parque, pero no amparándose en la Ley, porque ésta no amparaba la demolición de la Cruz, y ahí sí que se podían desprender consecuencias legales.
Porque si la Cruz de Ribalta no era un monumento de exaltación franquista, sino que era un homenaje a las víctimas de los dos bandos, la retirada de la Cruz no tenía ningún encaje legal, sólo la arbitrariedad de PSOE y Compromís.
En definitiva, la retirada de la Cruz de Ribalta constituyó un abuso de poder y una incorrecta aplicación de la legislación de memoria histórica mediante la que el gobierno municipal de Castellón trató de lograr un objetivo que en modo alguno podía tener amparo en esa legislación, que utilizaba torticeramente ignorando a conciencia un acuerdo municipal histórico que desbarata su pretensión de atacar y eliminar un símbolo religioso con el que se identifica histórica y tradicionalmente la ciudadanía castellonense, como también lo hace el resto de la población española por razones de historia y tradición.
A nuestro entender, no siendo como no era de aplicación esta legislación al monumento y Cruz de que tratamos, no procedía establecer causas de excepcionalidad de las que prevé el artículo 15 de la Ley 52/2007. Sencillamente, de raíz, a la Cruz del Parque Ribalta no le resultaba de aplicación ni la Ley de memoria histórica 52/2007 ni tampoco la valenciana 14/2017. En definitiva, no existía motivación alguna para retirar la Cruz que debía haber permanecido en el lugar en que se hallaba ubicada.
El equipo de gobierno actual no va a recurrir la sentencia, porque ésta nos da la razón a todo lo que dijimos, a lo que alegó el Partido Popular durante el procedimiento administrativo y a lo que recurrió Vox ante los tribunales.
La retirada de la Cruz de Ribalta fue un abuso de poder y una arbitrariedad perpetradas por PSOE y Compromís sin el correspondiente amparo legal.
El actual equipo de gobierno va a tener que hacer frente a las costas derivadas del proceso, como también tuvieron que hacer frente los castellonenses a los 71.286€ que costó el proceso de retirada y traslado de la Cruz desde el Parque a la Parroquia de Santo Tomás.
71.286 euros pagados de los impuestos de todas las familias, aunque muchas no estuvieran de acuerdo y que hubieran sido más provechosos ayudando a estas mismas familias a llegar a fin de mes con la subida del coste de la vida, primero por los efectos de la pandemia y después por la crisis inflacionista.
En definitiva, un dinero que jamás debería haber salido de las arcas públicas y menos para acometer una actuación fuera del amparo legal.
Por todo lo anteriormente expuesto se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
- En cuanto la sentencia sea firme, reclamar el coste de 71.286€ a los grupos políticos PSOE y Compromís para recuperar así el despilfarro causado por una acción al margen de la Ley.
- Una vez recuperado el dinero malgastado, destinarlo a restablecer una escultura o monumento en honor a las víctimas de la violencia como indica el acuerdo de Gobierno municipal”.
Por supuesto que Compromís podría retirar su moción para no dar paso a la enmienda a la totalidad que pretende desarrollar el equipo de gobierno.
Compromís presentará una segunda moción en el pleno “para recuperar la unidad de acción del movimiento Lgtbi+ de Castellón. En este punto se ha solicitado debate.
Las otras Declaraciones Institucionales
En cuanto a las otras declaraciones institucionales:
Se ha aprobado por unanimidad la presentada por VOX para condenar el ataque a la sede de Provida en Castellón.
Han quedado sobre la mesa, a la espera de una redacción de consenso, la presentada por el PP para solicitar un nuevo marco para la cogeneración.
Y no han salido adelante:
La declaración institucional del Grupo Municipal socialista que solicitaba la adhesión a la Federación de Municipios y Provincias para el Dia internacional del Orgull. (vetada por VOX)
La declaración de VOX para que se condenaran los ataques contra la sede provincial de VOX en Castellón (Vetada por PSOE y Compromís).
La Declaración del Grupo Municipal Compromís por el Dia internacional del Orgullo. (vetada por PP y VOX).
La declaración del PSOE para el mantenimiento de los programas de empleo Labora. (Vetada por PP y VOX)
La declaración del PSOE para rechazar la discriminación educativa (Vetada por PP y VOX)
