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jueves, 21 de noviembre de 2024 | Última actualización: 15:10

Los profesores asociados de la UJI manifiestan su "hartazgo", piden mejoras salariales, y no "falsas promesas"

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Reivindican que el malestar crece entre este rango que "cobra a 5 euros la hora y ocupa el 50% de la docencia"

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Enfado y malestar entre los profesores asociados de la Universitat Jaume I. Reivindican mejoras salariales ya que suponen la mitad de la docencia universitaria. Además, explican que con la pandemia han tenido que poner incluso materiales de su bolsillo, como expresan en un comunicado.

"Auditores, ejecutivos de multinacionales, psicólogos forenses, enfermeros, formadores de FP, secundaria y otros ámbitos, promotores culturales, abogados, economistas, químicos, publicistas, agentes de igualdad y un largo etcétera son las actividades que ejercen de manera cotidiana los 500 profesionales que a su vez dedican parte de su jornada laboral semanal a ser profesores en la Universitat Jaume I".

Cubren el 50% de la docencia de la UJI con retribuciones de 5 euros/hora "si se tiene en cuenta la carga de trabajo que se les impone, y aún más agravado por la necesidad de virtualización y semipresencialidad a causa de la pandemia sanitaria por el covid-19, donde han tenido incluso que poner material e instalaciones de su propio bolsillo". Algunos llevan 25 años de antigüedad, empalmando contratos de año en año, lo que supone un fraude de Ley como ha sentenciado recientemente el Tribunal Supremo ante la Universidad de Málaga.

La Plataforma de Profesorado Asociado de la UJI agrupa a estos profesionales, y lleva desde 2007 de manera activa pidiendo soluciones concretas a los órganos de gobierno de la Universidad para mejorar la situación de esta figura docente tanto en el ámbito salarial como el de derechos laborales, sociales y de participación que se resume en una misiva: “igual trabajo, iguales derechos”

En asamblea virtual del pasado lunes 22 de febrero con participación de medio centenar de profesores asociados pertenecientes a todos los departamentos de la universitat se puso de manifiesto que "crece el malestar y el hastío con los continuos desplantes y promesas incumplidas por parte de los dirigentes de la UJI y de la Conselleria de Educación para mejorar y poner en valor la situación del profesorado asociado, que es especialmente flagrante y discriminadora en dos temas de calado: la necesidad de un aumento salarial urgente y el reconocimiento de la cotización para la jubilación".

En dicha cita se expuso que la Plataforma está desarrollando una consulta específica para evaluar la opinión y situación de estos docentes, cuyas primeras conclusiones de resultados dibujan al profesor asociado de la UJI como un profesional que disfruta con su vocación docente pero que en cambio se considera muy mal retribuido, sin reconocimiento dentro y fuera de la Universitat por la experiencia, capacidades y dedicación que aporta, con inestabilidad laboral, y ninguneado por los órganos de la propia Universitat que no solo no plantean soluciones de mejora si no que las aplaza o directamente las incumple.

Movilizaciones

En cursos pasados se llegó a la huelga reivindicativa ante la inacción de las instituciones. Al inicio del presente curso 2020-2021, la Plataforma del profesorado Asociado UJI solicitó una reunión formal con la Rectora, Eva Alcón, para recordarle tanto las reivindicaciones como sus compromisos realizados en la campaña de su elección al Rectorado, reunión que no se ha producido. A su vez, representantes de profesores asociados en el Claustro, o en los distintos Consejos de Departamento de la Universitat han expuesto a lo largo del curso estas reivindicaciones, y en los próximos meses de 2021 considerarán nuevas movilizaciones dependiendo de la respuesta e implicación de las instituciones.

Asimismo, la Plataforma recuerda que el Convenio colectivo de las Universidades Públicas Valencianas, que si bien implica una simbólica mejora salarial pero no de otros ámbitos que se solicitan, y que Conselleria de Educación y universidades dieron por bueno y se comprometieron a firmar en plena campaña de las elecciones autonómicas de 2019, y que debía entrar en vigor con efecto retroactivo en enero de 2019, aún sigue pendiente de firma a fecha de hoy, febrero de 2021.