El informe encargado al MIT concluye que la falla de Amposta fue sometida a estrés como consecuencia de la inyección de gas
Los informes encargados al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a la Universidad de Harvard concluyen que el almacén de gas Castor, ubicado frente a la costa de Vinarós, no es seguro, pero apuntan también, que la desmantelación del mismo también podría original fenómenos sísmicos en las inmediaciones. Con estos datos, el Gobierno ha decidido no reabrir el almacén submarino de gas, pero de momento y hasta determinar qué va a hacer con él, tendrá que pagar por su mantenimiento. Las reacciones no se han hecho esperar.
Castellón Información
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Ver informe completo proyecto Castor en inglés: castor_final_report_final_signed
El Gobierno no reabrirá el almacén de gas Castor. El informe encargado al MIT concluye que la falla de Amposta fue sometida a estrés como consecuencia de la inyección de gas. El informe ha sido elaborado aplicando nuevos paradigmas que integran la geología, geofísica y geomecánica.
Según la rueda de prensa ofrecida esta mañana y la nota de prensa remitida sobre la misma:
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha recibido los informes encargados al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a la Universidad de Harvard sobre el almacén de gas Castor de los que se concluye que no existe certeza absoluta de que no vuelvan a producirse movimientos sísmicos en la zona si la instalación iniciara su operación.
A la vista de estos informes, el Gobierno ha decidido que la instalación de almacén de gas Castor no podrá iniciar su operación. A partir de este momento, se estudiará qué hacer con esta infraestructura, situada frente a las costas de Vinaroz (Castellón).
En rueda de prensa celebrada esta mañana, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw (Universidad de Harvard), y el director de Infraestructuras de Enagás, Claudio Rodríguez, han explicado las conclusiones principales de los informes.
Los estudios, inicialmente encargados por el Gobierno, dan cumplimiento a lo exigido por el Real Decreto Ley de 2014.
Comenzaron en octubre de 2015 y han sido realizados por un equipo de siete profesores del MIT y de la Universidad de Harvard en las disciplinas de geomecánica, sismología y geología estructural. Se trata de un exhaustivo estudio post mortem que analiza el origen de la sismicidad inducida durante la inyección de gas en el almacén Castor en el año 2013. En él se han empleado nuevos paradigmas que integran los modelos geológico y geomecánico con el análisis de los datos de sismicidad.
Según los estudios, la localización de los sismos coincide con la zona de la falla Amposta y con varias ramificaciones de la misma y concluyen que dichas fallas fueron sometidas a estrés como consecuencia de la inyección de gas. El informe señala que no habría podido esperarse que, en su momento con la información disponible y mediante estudios realizados con metodología estándar, se hubiese llegado a estas conclusiones antes de la inyección de gas.
Precedentes
El 16 de mayo de 2008 se otorgó a Escal UGS la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor. El proyecto consistía en la conversión del campo de petróleo abandonado Amposta en almacenamiento subterráneo de gas natural para hacer frente a las necesidades del sistema gasista previstas en ese momento.
En 2010 se comenzó la perforación de los pozos de inyección/extracción de gas. El 5 de septiembre de 2013, estando en fase de pruebas y durante la inyección de gas colchón, comenzaron a producirse una serie de sismos en el entorno de la plataforma Castor. Se ordenó detener la inyección de gas el 17 de septiembre de 2013, pero los sismos continuaron produciéndose hasta el 4 de octubre. Estos hechos motivaron la suspensión de la operación de almacenamiento.
En julio de 2014, Escal UGS presentó la renuncia a la concesión de explotación y en octubre de ese mismo año, el Gobierno encargó a Enagás la hibernación de las instalaciones.
Actualmente, concluye la nota de prensa, la instalación se encuentra en situación de seguridad para las personas y el medioambiente, sus pozos están sellados y no existe gas en la plataforma ni en los gasoductos de conexión.
Fuentes consultadas por este medio señalan, también que, según el informe, el desmantelamiento de la plataforma también podría tener efectos adversos y provocar sismos en la zona.
Indemnizaciones millonarias
El cierre temporal del proyecto Castor generó indemnizaciones millonarias a la empresa concesionaria de la construcción de este almacén porque el Gobierno no solo otorgó el permiso, sino que blindó el contrato con una cláusula de indemnización de 1.700 millones a la empresa adjudicataria, en el caso de que el proyecto no llegara a funcionar.
El 3 de octubre de 2014 el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto Ley que establecía la hibernación de las instalaciones. "Durante la hibernación, indicaba el Real Decreto, no se realizará ninguna extracción o inyección de gas, si bien añadía, que se podrá poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejaran o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras".
En el mismo Real Decreto se aprobaba, la extinción de la concesión de explotación del almacenamiento tras la renuncia por parte de Escal UGS, S.L. Se establecía la asignación de la administración y mantenimiento de las instalaciones a Enagás Transporte, S.A.U. que sería también quien se encargará, durante la hibernación, de su mantenimiento y operatividad, así como de la realización de los informes técnicos necesarios. Los costes asociados a la administración de las instalaciones serán retribuidos por el sistema gasista.
Reconocimiento de la inversión
Por último, el Real Decreto Ley establecía el reconocimiento de 1.350,7 millones de euros a Escal UGS, S.L. por el valor de la inversión. Esta cantidad, indicaba el documento oficial, sería abonada por Enagás Transporte a Escal UGS, S.L. Enagás adquiriría derechos de cobro del sistema gasista y amortizaría el pago durante un plazo de treinta años. El primer pago se realizaba el 25 de abril de 2016. En resumen, que el coste del Castor sería pagado por todos los ciudadanos, a través de los recibidos del gas.
Si el cierre del Castor generó satisfacción, no sucedió lo mismo con la cláusula de indemnización y con el pago aprobado por el Consejo de Ministros. Según el Partido Socialista, el Gobierno del PP se dio mucha prisa en pagar esa indemnización. Según los políticos del Partido Popular, los tribunales no han aceptado los recursos interpuestos para no pagar, porque la indemnización fue aprobada por el Gobierno Socialista dentro de la legalidad y es jurídicamente vinculante.
¿No podían saberlo?
Pero lo que llama la atención de la nota de prensa remitida por el Ministerio, es la coletilla de: "El informe señala que no habría podido esperarse que, en su momento con la información disponible y mediante estudios realizados con metodología estándar, se hubiese llegado a estas conclusiones antes de la inyección de gas".
¿Significa eso que no se pedirán responsabilidades?
Cabe recordar, en este sentido, que el proyecto Castor está judicializado. La Fiscalía de Castellón tomó cartas en el asunto cuando comenzaron los seísmos. A finales del pasado ejercicio se pronunciaba y acordaba denunciar ante el juzgado decano de Vinarós a los responsables de la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y a la empresa Escal UGS, por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente. La denuncia de la
Fiscalía se dirigió también contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria, que intervinieron en la época de Zapatero para la tramitación de la concesión de explotación del proyecto.
Uno de los temas que se investigan es si el Gobierno que dio el permiso y blindó el contrato había realizado todos los estudios obligados para certificar que la obra era adecuada y sobre el suelo adecuado. dicho de otra manera, que no se hubieran producido negligencias en base al presunto interés el proyecto para la industria o para quienes lo promovieron y apoyaron.
De momento, la indemnización a la empresa constructora, fue aprobada por el Consejo de Ministros del Gobierno del PP en base a lo que había pactado anteriormente el Gobierno del PSOE. EL mantenimiento de la planta, desde entonces, está a cargo de la empresa pública, Enagás, que también pagó la indemnización y que se sostiene de los impuestos de todos los ciudadanos.
El desmantelamiento de la base también supondría un coste elevado, que tendría que ser asumido por Enagás, empresa pública. Pero si los últimos datos que han apuntado a esta redacción fuentes cercanas, es correcta y no se aconseja que se desmantele porque podría producir nuevos sismos, el recibo de luz público se cargarán con un nuevo impuesto derivado del sostenimiento de la planta.
¿Se pedirán responsabilidades?
