En contra de lo que dijeron cuando estaban en la oposición, dan un nuevo golpe sobre la mesa para imponer su criterio
El equipo de Gobierno de Castellón: PSOE, Podem y Compromís se contradicen en lo que exigieron en la oposición, en 2015, para aprobar ahora, con su mayoría y sin opción de consenso, un nuevo Código Ético en el Ayuntamiento de Castellón. Con discrepancias internas, el Acuerdo de Fadrell dará un paso adelante y llevará, primero a Comisión plenaria y luego al pleno de diciembre la adhesión al Código de la FEMP. Con respecto a lo que pueda opinar la oposición: “Si quieren protestar pueden hacerlo después”, aunque para entonces, ya lo habrán aprobado.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Esta vez no será vía ‘decretazo’ en despacho extraordinario y sin avisar, como ocurrió con las Fiestas, pero el resultado va a ser un poco el mismo.
Los integrantes del Acuerdo de Fadrell, PSOE, Podemos y Compromís, ya han avisado a la oposición municipal, que van a llevar primero a comisión plenaria y después al pleno de diciembre, la modificación el Código Ético del Ayuntamiento de Castellón.
Eso quiere decir que, en contra de lo que indica el Código que ellos mismos forzaron y aprobaron, en 2015, se desdicen ahora de todo cuanto dijeron cuando estaban en la oposición e impondrán con ‘su mayoría’ un nuevo Código Ético sin dar opción a propuestas alternativas ni a una posibilidad de consenso para esta normativa que afectará a toda la Corporación.
Sí, ha habido aviso. Ha sido esta mañana en Comisión Informativa, en respuesta la pregunta formulada la semana pasada por el Grupo Municipal Popular, en la que interpelaban al equipo de Gobierno.
En su pregunta, el PP recordaba que, en la Corporación de 2011 a 2015, Izquierda Unida y Compromís solicitaron una Comisión ética par abordar la aprobación de un Código Ético que la oposición calificaba de imprescindible para garantizar la transparencia de la Instituciones.
El GMP que gobernaba en aquel momento accedió a la petición, en 2013, y convocó una comisión en la que la oposición promovía un endurecimiento de tal grado del Código de Gobierno, que bastaría con que un concejal pudiera estar investigado por un tema relacionado con corrupción para que se forzara que fuera apartado de todas sus delegaciones.
Aquella Comisión aprobó las propuestas de EU, Compromís y el PSOE y llevó al pleno un Código extremadamente duro pero consensuado, el que defendían los partidos que ahora gobiernan en el Ayuntamiento.
Cuando se celebraron elecciones, la oposición pasó a ser gobierno y el Gobierno, oposición. El Código ya no fue tan grato a los ojos del Pacto del Grao y se cobró su víctima con la investigación de Ali Brancal.
Ahora, como ya ha indicado este periódico, el PSOE tiene prisa por modificar ese Código que les puede pedir las mismas responsabilidades que ellos habían pedido a otros. De esta forma, uno de los acuerdos del Pacto de Fadrell fue la de modificar el Código Ético por la vía urgente. La excusa apuntada, poder adherirse al Código de la Federación de Municipios y Provincias, que rechazaron cuando estaban en la oposición.
Si por el PSOE hubiera sido, ya hubieran hecho el cambio en el pleno de octubre. Pero hubo alguna discrepancia interna, entre ellas las de quienes apuntaban que las cosas deberían hacerse bien.
El Código que se aprobó en 2015 y en él recogía también la constitución de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, que aparte de defender ese Código del 2015, contemplaba que las modificaciones que pudieran llevarse a cabo, lo serían a través de esta Comisión.
Pues bien, a esa Comisión aludió la portavoz del Grupo Municipal Popular, Begoña Carrasco, en su pregunta sobre la intención del Acuerdo de Fadrell de llevar adelante y en solitario la modificación de la normativa ética municipal.
Y la respuesta ha sido tan contundente como la sensación de ‘estafa’ que han sentido los miembros de la Comisión al escucharla esta mañana.
De diálogo y consenso con la oposición nada de nada. Para empezar, el presidente de la Comisión, el socialista David Donate, afirma que esta Comisión de buen Gobierno quedará integrada en la Comisión plenaria del día 11 de diciembre.
Por explicarlo un poco para que se entienda. Una cosa son las Comisiones de estudio, no permanentes para que se puedan hacer propuestas, dialogar y hasta llegar a consensos. Otra las comisiones plenarias que se celebran antes del pleno para acordar qué puntos se llevan a la sesión plenaria. Cada punto está acompañado del correspondiente informe jurídico, por lo que, en caso de discrepancia, vale lo que vote la mayoría y en este caso, la mayoría es la del Acuerdo de Fadrell: PSOE, Compromís y Podemos.
Si el presidente de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno determina que ‘su Comisión’, ya está dentro de la comisión plenaria, lo que está indicando es que no habrá una Comisión de Transparencia temporal que admita alternativas ni propuestas, ni persiga una fórmula de consenso en la comisión. No habrá debate o será el mínimo permitido, ni hay voluntad de consensuar nada: digan lo que digan, que 'esto va adelante porque nosotros tenemos la mayoría'.
Y con ello, y una apariencia de democracia participativa, que en la realidad es prácticamente nula, darán el ‘si quiero’ a modificar lo que propusieron en 2015 para elaborar una normativa más a su medida, que no les genere sustos como el de Brancal, en la legislatura. Ahora gobiernan ellos.
Claro está, que como dijo la alcaldesa en el último pleno, ‘la mayoría es suya porque los votó la mayor parte de la ciudadanía’.
Como ya se ha comentado, hay discrepancias en el seno de Gobierno. Compromís había solicitado por activa y por pasiva, que deberían seguirse los trámites y las formas más correctas. Pero ahora el presidente de la Comisión, es el socialista David Donate, el que ya ha tomado el mando de la situación y el resto de los miembros del Gobierno le votarán la gracia.
En contra de su posición cuando eran oposición, los partidos de Acuerdo de Fadrell harán uso del rodillo del que siempre acusaron a los gobernantes de la legislatura del PP. Pero claro, es que ahora les toca a ellos.
En cuanto a Podemos (grupo en el que está integrada EU, que en su momento impulsó el Código que ahora se cargan), afirman: "La Comisión Plenaria de Gobierno Interior actuará como Comisión Especial de Transparencia y Buen Gobierno, del mismo modo que lo hizo en la gestión de la aplicación del Código de Buen Gobierno durante la pasada legislatura. Ahí se buscara el consenso con todos los partidos".
Por parte de Ciudadanos, aparte de quedarse con un palmo de narices por cómo se encamina el proceso, su portavoz, Alejandro Marín Buck, mantenía que ahora era la mejor oportunidad para poder consensuar, dialogar y debatir en Comisión un código que les afectará a todos. “Si en 2015 se logró unanimidad, por qué no buscarla ahora”.
La actitud del Acuerdo de Fadrell se ha calificado de un nuevo rodillo como lo fue el tema de los sueldos, donde ‘el berrinche de la alcaldesa’ se tradujo en un golpe en la mesa sin consenso; y como el ‘decretazo’ de las Fiestas. Muy lejos de lo que dijeron cuando eran oposición y con una ambición desmedida por el poder.
