La Unió de Llauradors i Ramaders denuncia que ganaderos pertenecientes a Agrupaciones de Defensa Sanitaria – de los diferentes sectores ganaderos- están recibiendo en los últimos días un escrito de la Consellería de Agricultura en el que se les "indica que no están al corriente de sus obligaciones fiscales cuando sí lo están".
El secretario de Agricultura y Agua de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Francisco Rodríguez Mulero, ha advertido hoy en Segorbe que el sector agroalimentario de la comarca de Alto Palancia "va a recibir alrededor de medio millón de euros menos de ingresos por ayuda europea a partir de 2014 debido a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), ya que los agricultores que cobren menos de 300 euros no van a obtener ayuda, entre otros aspectos”. Así se ha pronunciado Rodríguez Mulero en la rueda de prensa que ha ofrecido acompañado por el secretario de Medio Rural, Agricultura y Agua de la Ejecutiva Provincial del PSPV de Castelló, Ramón Martínez, y del diputado autonómico y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segorbe, Miguel Ángel Guillén, en la ronda comarcal que los socialistas de Castelló están llevando a cabo para explicar la repercusión que va a tener la reforma de la PAC en cada una de las comarcas de la provincia de Castelló. Rodríguez Mulero ha destacado que en 20 años "de gobierno del PP en la Comunitat Valenciana, esta comarca está peor y no ha mejorado ni avanzado en su estructura agraria”.
Según el socialista, en todo este tiempo ha habido un “preocupante deterioro en la política agroalimentaria y no se han aprovechado los fondos que han llegado desde Europa, porque la Generalitat los ha utilizado de manera clientelar y partidista, pero no los ha usado para preparar el futuro del sector agroalimentario de la comarca”. “En estas dos décadas de PP, ahora tenemos menos activos agrarios y menos agricultores y ganaderos, y encima arruinados porque la Generalitat les debe al conjunto de la comarca del Alto Palancia más de 20 millones de euros”, añade. Asimismo, ha alertado de “las preocupantes informaciones sobre un uso indebido y fraudulento de los Fondos de Desarrollo Rural, Ruralter-Leader y Ruralter-Paisaje, y ha criticado que se han desvirtuado sus objetivos de desarrollo rural”.
Por su parte, el diputado autonómico Miguel Ángel Guillén ha afirmado que la Generalitat "ha estado ocultando la gestión que ha hecho de nada menos que de 50 millones de euros destinados al desarrollo rural que venían de fondos europeos, ya que la finalidad que se le ha dado no ha sido la adecuada”. Del mismo modo, Guillén ha criticado que el agricultor valenciano "está recibiendo, si lo comparamos con otras comunidades, un 70% menos respecto a otras zonas del país”. “Pero la situación se agrava mucho más si tenemos en cuenta que recibimos menos fondos europeos, a pesar de la importancia de la agricultura, y que de esos fondos solo se ha ejecutado no llega al 50%”, agrega Guillén.
Por último, el secretario de Medio Rural, Agricultura y Agua de la Ejecutiva Provincial del PSPV de Castelló, Ramón Martínez, ha señalado que el objetivo de estas jornadas por las comarcas de la provincia se centra principalmente para informar de la PAC y de cómo va a afectar a los municipios y a las cooperativas agrarias. La ronda comenzó hace un mes en Benicarló y hoy los socialistas han visitado la cooperativa San Isidro de Segorbe donde se han reunido con el Consejo de Administración y con el resto de presidentes de cooperativas de la comarca y organizaciones agrarias. Así, Martínez ha incidido en que “la nueva PAC va influir bastante en el Alto Palancia por su carácter agrícola y también como consecuencia del minifundio”. “En concreto, en el cultivo del caqui nos vamos a ver profundamente afectados hasta en 2020 que se vuelva a reformar porque ahora ha quedado excluido de recibir ayudas y subvenciones. Tendremos que esperar otros seis años para poder recibir las ayudas”, concluye Martínez.
Pagos a la Administración
Por su parte, La Unió de Llauradors i Ramaders denuncia que ganaderos pertenecientes a Agrupaciones de Defensa Sanitaria – de los diferentes sectores ganaderos- están recibiendo en los últimos días un escrito de la Conselleria de Agricultura en el que se les "indica que no están al corriente de sus obligaciones fiscales cuando sí lo están".
Se trata de los certificados de estar al corriente de los pagos a la Administración Pública (Agencia Tributaria, Seguridad Social y Conselleria de Economía y Hacienda) que sirven para poder acceder estas ADS a las ayudas públicas. "Precisamente de la Consellería de Economía y Hacienda es de donde provienen los problemas burocráticos". A la hora de la solicitud de la ayuda, "el ganadero autoriza a la Conselleria de Agricultura a recabar la información de estar al corriente de los pagos con las Administraciones Públicas". En estos momentos reciben notificaciones donde se les dice que tienen deudas pendientes con la Conselleria de Economía, "cuando en realidad tanto ésta como las consultas en el teléfono 012 de la Generalitat confirman que está todo en regla".
Según afirman fuentes de La Unió, "cuando alguien va a consultar su caso en la Conselleria de Economía y Hacienda se le indica que no hay nada pendiente y que, por tanto, el informe es positivo. Según afirman, "los funcionarios que atienden el servicio de recaudación comienzan a estar hartos de la situación por el volumen de consultas y echan las culpas a sus homólogos de la Conselleria de Agricultura. Paradójicamente en Conselleria de Agricultura sí que constan como negativos los certificados y tras abrir un trámite de audiencia con un plazo de diez días les piden que subsanen la deficiencia y presente los documentos y justificaciones que estime oportunos".
De este modo, advierten que para certificar la circunstancia "de estar al corriente de los pagos que es ajeno al ganadero y fruto de un desaguisado de la Generalitat hay que presentar un escrito de solicitud de estar al corriente de las obligaciones con un un coste de 8,42 euros, aparte de realizar de nuevo los correspondientes trámites burocráticos". Por su parte La Unió estudia presentar un informe para cada afectado alegando que se está al corriente de los pagos e instando a la Consellería de Agricultura "a que lo compruebe ella misma en la de Economía para que corrijan el error". Así mismo reclamará "la devolución de las tasas cobradas".
