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Los grupos políticos de Compromís, PSPV y Castelló en Moviment han presentado una declaración institucional conjunta de cara a la celebración del próximo pleno que tendrá lugar el jueves 25 de febrero para reclamar la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las Normas de Derecho Civil Valenciano.
En la declaración institucional, las tres fuerzas han llegado al acuerdo de solicitar al Ayuntamiento de Castellón que se adhiera al manifiesto promovido por la Asociación de Juristas Valencianos (AJV) por el cual se pide la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas del derecho civil valenciano.
Dicho manifiesto, alude a las normas de amplia demanda social contempladas dentro de las normas de derecho civil valenciano, como la Ley del régimen económico matrimonial valenciano de 2007, la Ley de custodia compartida de 2011, la Ley de Uniones de Hecho de 2012 y la Ley de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias de 2013. El mismo manifiesto afirma que "tres de estas cuatro leyes están actualmente recurridas por el Estado central ante el Tribunal Constitucional y, en algún caso, como en el de la Ley de régimen económico matrimonial, tras un comportamiento abiertamente desleal y despreciativo durante las negociaciones para la retirada del recurso".
El manifiesto continúa diciendo que "el derecho civil foral es uno de los elementos identitarios de los valencianos, en la línea de otros estatutos como los de Aragón o Cataluña. Pero, como ha ocurrido en tantas ocasiones a lo largo de nuestra historia, desde Madrid se imponen cortapisas a nuestro autogobierno pese a que el artículo 7 obliga a la Generalitat a que la reintegración del derecho civil foral sea un principio rector de la actuación del Consell y de Les Corts". Además, el texto dicta que "lo que se cuestiona con esos recursos es la propia existencia de un derecho civil foral valenciano, y con ello, la potestad de dar una solución propia a nuestros problemas actuales".
Por todo ello, PSPV, Compromís y Castelló en Moviment se adhieren a dicho manifiesto y solicitan "al Gobierno estatal que retire sin perder más tiempo los recursos de inconstitucionalidad planteados".
