Castellón Información
El diputado del PSPV-PSOE por la provincia de Castellón, Artemi Rallo, ha destacado hoy el avance que ha supuesto la iniciativa acordada por PSOE y PP, y aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso, para promover un Pacto de Estado para luchar contra la violencia de género, del que participen todos los partidos políticos, las administraciones públicas, los poderes del Estado y la sociedad civil.
Este acuerdo llega justo en un momento en que los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Igualdad revelan que más de 800 mujeres de la provincia de Castellón han denunciado un caso de violencia de género en el primer semestre de 2016. En este sentido, Rallo ha explicado que esta proposición no de ley "es un buen síntoma de un primer acuerdo, pero tenemos que llegar a más, porque la sociedad nos reclama inteligencia y recursos contra el machismo infame y criminal, y el Parlamento debe responder al clamor de las víctimas y de sus familias".
El diputado socialista ha puesto de manifiesto que, más allá de las condenas, la sociedad exige "respuestas contundentes y eficaces frente a la violencia de género". "Estas propuestas son la base para comenzar a negociar y recuperar el espíritu de consenso de Ley de 2004, que se fraguó vinculando a todos en un compromiso, no solo contra la violencia de género, también contra el sexismo que la alimenta", ha recalcado.
Asimismo, ha puesto de manifiesto que, durante años, el PP "ha mantenido desde el Gobierno cierta indiferencia, mucha falta de diligencia y una gran falta de empatía" frente a la violencia de género. "En 2015 ya reclamamos un Pacto de Estado contra la violencia de género y solo obtuvimos incumplimientos y retrasos", ha recordado.
"Aunque sus antecedentes les hacen poco fiables –ha señalado–, necesitamos avanzar hacia un pacto en esta materia. Necesitamos acordar las acciones del Estado en un asunto que los socialistas hemos considerado siempre de trascendencia. Llevamos años intentando convencer al Gobierno del PP de la necesidad de un acuerdo que salvaguarde los esfuerzos, los compromisos sociales y presupuestarios para combatir una violencia que conmociona con demasiada frecuencia a todo el país y a esta provincia", ha afirmado.
Subcomisión para articular el pacto
Con el fin de articular este pacto, la iniciativa contempla la creación de una subcomisión que elabore, en el plazo de cuatro meses, un informe que identifique los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género y proponga las reformas que deben acometerse. El texto también exige la creación de una comisión de seguimiento del pacto que se reunirá siempre que lo requieran las circunstancias y, en todo caso una vez al año, con el fin de evaluar los acuerdos alcanzados.
PSOE y PP también ha acordado doce propuestas para, entre otras cuestiones, dotar suficientemente las partidas presupuestarias para prevención y asistencia social a las víctimas y su hijos; reforzar el funcionamiento de las Unidades de Coordinación y de Violencia contra la Mujer; poner en marcha el Acompañamiento Judicial Personalizado; establecer pautas y protocolos para la atención integral de las víctimas que han retirado la denuncia o las que nunca la han presentado; activar un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención; incorporar, a través del Pacto de Estado de Educación, una formación específica en Igualdad; poner en marcha un Plan Integral para prevenir y proteger a los menores; hacer las adaptaciones necesarias para incluir en la ley todas las formas de violencia contra la mujer; y adoptar el compromiso político de no conceder indultos para delitos de violencia de género.
Además, Rallo ha señalado que "un pacto de Estado también supondrá revisar algunas políticas" del gobierno del PP, como la eliminación de las competencias en materia de Igualdad a los ayuntamientos, el fracaso del sistema de protección o el papel de los puntos de encuentro familiar. Y ha mencionado otras cuestiones a tratar, como la eliminación de la atenuante de confesión para este tipo de delitos; la modificación de la dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge; las insuficiencias a la hora de proporcionar asistencia letrada desde antes de la interposición de la denuncia; la transparencia económica de las campañas publicitarias; o acuerdos para proteger a las menores de 16 y 17 años que siendo víctimas de violencia machista intrafamiliar quieren decidir sobre su vida y su maternidad.
Además, "hemos de atender compromisos y recomendaciones internacionales que nos reclaman cambios en la legislación civil, penal, procesal y de cooperación jurídica internacional o en la legislación sobre asilo y refugio", ha añadido.
