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Propeller Club Castellón, asociación que agrupa a las principales empresas y profesionales del ámbito portuario, logístico, comercio exterior y de la comunidad portuaria castellonense, ha celebrado uno de sus tradicionales coloquios para analizar y debatir los cambios introducidos en el Código Penal sobre las responsabilidades penales de las personas jurídicas y que ha suscitado no pocas dudas entre el sector empresarial.
En esta ocasión la charla ha corrido a cargo de Pedro Carrasco Jiménez, doctor en Derecho, especializado en Derecho Penal, y socio fundador del bufete Carrasco Abogados.
El experto se ha referido durante el encuentro a la reforma del Código Penal que “introduce la responsabilidad penal de las empresas como personas jurídicas y que afecta no sólo a los delitos que se cometan en el seno de su organización, sino también a los que puedan cometer terceros como proveedores, subcontratas o autónomos que presten sus servicios a las compañías”.
Carrasco expresó que las consecuencias penales van “desde la multa, la disolución, la suspensión de la actividad, la clausura de locales, hasta la prohibición de realización de alguna actividad, inhabilitación para obtención de beneficios legales o la intervención judicial”. Carrasco Jiménez ha señalado que para evitar responsabilidades penales, las compañías deberían disponer de planes de prevención del delito y exigirlo por contrato a terceros con los que trabajen.
El experto ha recordado que los sectores logísticos y del transporte son considerados de alto riesgo por la alta probabilidad de verse involucrados en la comisión de delitos.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Francisco Toledo, quien ha participado en el encuentro, ha anunciado que la institución “está trabajando en implementar un decálogo de transparencia, un código de buen gobierno y prevención de conductas delictivas, adoptando el estándar de `Compliance´”.
En esta línea, Toledo ha remarcado que el marco jurídico que regula la administración pública es diferente al de las empresas, pero “el buen gobierno y la ética exige también de los administradores que apliquemos cualquier medida que apueste por una gestión transparente y que con ello demos ejemplo”.
