Los demandantes estiman que su terreno vale 2 millones de euros frente a los 417.163 que pagó el Ayuntamiento
El Tribunal Superior de Justicia habrá de pronunciarse sobre el recurso interpuesto por los propietarios de la parcela que ahora ocupa el parking verde situado frente al Hospital General de Castellón. La discrepancia es notable, mientras que el Ayuntamiento pagó por ellos 417.163 euros, los propietarios estiman que el valor real ronda los dos millones. Cabe señalar, que el tribunal provincial consideró razonable la valoración municipal.
EM/ Castellón Información
Los propietarios de la parcela que ahora ocupa el parking verde, frente al Hospital General, han presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana, porque estiman, que el precio de la expropiación se aleja mucho de lo que valen realmente los terrenos.
Es cierto que la historia no es nueva, y que el parking verde lleva ya tiempo dando servicio a los usuarios que aparcan en él… pero Ayuntamiento y propietarios siguen litigando en los juzgados por el valor real de esa parcela con posiciones que distan mucho entre ellas.
La historia comenzaba en diciembre de 2015, cuando el Ayuntamiento redactó el proyecto de expropiación de una parcela de 3.596 metros cuadrados.
El objetivo de aquel proyecto de expropiación era la transformar el solar en un aparcamiento con zonas verdes que diera servicio a los usuarios del Hospital General como ampliación de otra parcela que ya se había destinado a este uso.
La primera valoración municipal establecía un precio de expropiación de 377.579 euros. Pero cuando se expuso al público, se presentaron alegaciones. Básicamente los propietarios de la parcela eran 3, dos de ellos lo hacían bajo la denominación de Fundación Hermanos Balaguer, y junto a ellos, otro particular.
En sus alegaciones, los propietarios señalaban, que la superficie de la finca expropiada debía recoger también la parcela de 571 m2 que se cedió gratuitamente al Ayuntamiento para construir viviendas sociales, que determinaba, a su vez, la apertura de la calle Limera. Por otra parte, señalaban que la expropiación era nula, porque la anulación del Plan General, y las normas transitorias no contemplaban la urbanización de nuevos terrenos.
Finalmente, manifestaban que, para establecer un precio justo, el Ayuntamiento debía fijar la fecha en el momento de la notificación y no en la de la aprobación del proyecto de expropiación.
A tenor de las alegaciones, el Ayuntamiento realizó una nueva valoración, en octubre de 2016, que incrementaba el precio de los terrenos en 417.164 euros y se rechazaban las otras alegaciones, la de la parcela de 517 m2, porque afirmaba que no había documentación sobre esta cesión, y la del PGOU, porque se considera suelo consolidado y por tanto, si permite al Ayuntamiento gestionar su expropiación.
Pero tampoco esta vez se acercaban las valoraciones. Por parte de los propietarios, que en su caso solicitaban: 2 y 2,2 millones de euros.
La expropiación se llevó a cabo, pero los propietarios recurrieron al Tribunal Provincial de Justiprecio.
La sentencia del provincial llegaba el 12 de abril de 2019. En el documento se analizaban todos los detalles, la valoración de cada parte del terreno en función con su calificación, industria, residencial a su urbanización o al coste de construcción. La conclusión generalizada, es que la valoración municipal era mucho más acertada que la efectuada por los representantes de los propietarios.
Llama la atención un punto del informe, en el que, tomando como referencia un informe del Ministerio de Fomento, estima que el valor del metro cuadrado en el primer trimestre de 2016, “presentaba una disminución del 43,45% con relación al cuarto trimestre de 2010”
Y por otra parte, el Tribunal Provincial de Expropiaciones tomaba también como referencia una sentencia del TSJ sobre la valoración de la primera parcela expropiada para la fase 1 del parking, ya construida en aquel momento.
Finalmente, el Tribunal establecía el coste de expropiación en 537.825, euros, un poco por encima de la valoración municipal, pero lejos de la demanda de los propietarios, más los intereses que hubiera generado la cantidad pendiente desde el momento de la ocupación de la parcela.
Con estos datos, los propietarios de esta segunda parcela recurren al TSJ para la valoración de la expropiación. Un recurso aceptado por el Tribunal. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el pasado 31 de octubre, personarse como parte codemandada para defender los intereses municipales en el tribunal autonómico.
