“El gobierno de Botànic utilizó un servicio básico esencial como el agua para hacer política ocultando la verdad", afirma el concejal de Hacienda
El concejal de Economía, Hacienda y Empleo, Juan Carlos Redondo, ha manifestado que “ante el engaño del Consell de Ximo Puig con una prórroga encubierta del pago del canon del agua, el nuevo gobierno municipal sí va a ayudar a aliviar la carga fiscal a los castellonenses”.
El concejal de Castellón, Juan Carlos Redondo, ha denunciado: “El gobierno de Botànic utilizó un servicio básico esencial como el agua para hacer política ocultando la verdad. Si hoy el recibo del agua ha subido a los castellonenses, valencianos y alicantinos es por el engaño de PSOE al anunciar una exención que en realidad ha sido una suspensión temporal, un aplazamiento que ha acabado por aumentar la deuda pública en cerca de 280 millones de euros, que ahora nos toca pagar a todos los ciudadanos. A nivel local estamos trabajando para bajar la presión fiscal a todos los castellonenses de manera real y efectiva”
Según Redondo, el engaño de PSOE se produjo al anunciar una exención en el pago de canon del agua en julio de 2022, con el fin de aliviar el impacto de la inflación en la economía de las familias y las empresas. La exención, que cubrió los períodos trimestrales 3T y 4T de 2022, así como 1Ty 2T de 2023, fue solo una suspensión temporal, un aplazamiento que ha acabado por aumentar la deuda pública en cerca de 280 millones de euros, que ahora nos toca pagar a todos los ciudadanos.
La empresa concesionaria del servicio en la ciudad, FACSA, indicaba Redondo, ha activado una campaña específica para informar a los abonados y abonadas sobre la regulación del canon de saneamiento, que se verá reflejado en los próximos recibos de agua, y atender cualquier duda que pueda surgir sobre este asunto, tanto de forma presencial como telefónica y telemática.
En este sentido, explicaba el concejal, las medidas adoptadas por el nuevo Consell de Carlos Mazón para atenuar los efectos de este engaño que pasan por ampliar a 36 meses los plazos de prorrateo para el pago de la cantidad aplazada; bonificaciones para 173.468 familias consideradas como “consumidores más vulnerables” y condonar a estas familias un total de 7,62 millones de euros.
En concreto se condona el 30% de la cantidad que se aplazó a personas en una situación de vulnerabilidad. En este caso, se trata de los beneficiarios del bono social térmico que tengan condición de consumidor vulnerable. Esta exención real del pago afecta a 81.530 personas y asciende a 2,65 millones de euros. También se condona un 50% de la cuota aplazada en el caso de los vulnerables severos. Una medida que beneficiará a las 91.938 personas que se acogen al bono social térmico en condición de consumidores vulnerables severos. Esta exención supone 4,97 millones de euros.
