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El número de prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía superó en 2016, por primera vez, las 20.000 prestaciones alcanzado los 50.204 destinatarios, según ha explicado la directora general de Inclusión Social, Inma Carda, quien ha destacado el "notable impulso" que ha supuesto entre otras mejoras, "una importante la disminución de la lista de espera y agilizar la gestión del pago de las ayudas".
Inma Carda ha presentado el informe de gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía del año 2016 en la reunión de la comisión de seguimiento, que está formada por representantes de la Conselleria de Igualdad, del Servef, FVMP, patronal, sindicatos, de dos ayuntamientos, Cáritas Diocesana y Cruz Roja.
En su intervención, la directora general de Inclusión Social ha expuesto la "caótica y grave situación de emergencia social heredada del anterior gobierno" y el empeño "del Govern del Botànic en adoptar medidas urgentes para resolver la situación de incumplimiento por parte de la administración del abono de las rentas pendientes de pago y la resolución de expedientes pendientes de tramitar".
Medidas que, según ha subrayado, han permitido lograr que en 2016 se gestionaran y emitieran 28.023 resoluciones, que existan 50.204 destinatarios de la Renta (20.007 titulares y 30.197 beneficiarios), mientras que en 2015 se registraron 42.134 destinatarios, lo que suponen un incremento de gestión en el año 2016 respecto al 2015 de 8.070 destinatarios más.
Al respecto, ha querido agradecer al personal de la administración autonómica "el esfuerzo y la labor que ha realizado a lo largo del pasado año para poder incluir dentro del sistema de renta.
Según se desprende del informe de gestión presentado, la prestación media de la renta es de 377,11 euros que se distribuyó de acuerdo con el número de miembros y sus ingresos medios mensuales. De los 20.007 titulares de la renta en 2016, 13.097 son mujeres y 6.910 hombres, que representan el 65,46% y el 34,54%, respectivamente.
Respecto al importe de las prestaciones concedidas hasta el 31 de diciembre de 2016, ascendió a 44.561.306,23 euros, de los cuales un total de 19.237.662,53 euros correspondieron a la provincia de Alicante, 4.110.705,09 a Castellón y 21.212.938 euros a la de Valencia.
Además, a principios de 2016 existían un total de 84 convenios con entidades colaboradoras (ayuntamientos y mancomunidades) y, posteriormente, se amplió a 86 las entidades colaboradoras, 38 de Alicante, 6 de Castellón y 42 de Valencia y de las que forman parte 171 municipios de la Comunitat Valenciana.
De los 44,5 millones destinados a la renta el pasado año, 20,5 millones corresponden a expedientes gestionados por las entidades colaboradoras y, el resto de 24 millones de euros, corresponden a expedientes gestionados en las direcciones territoriales de la Conselleria de Igualdad.
Medidas adoptadas
Asimismo, Inma Carda también ha explicado al comité de seguimiento algunas de las medidas determinadas por el Govern del Botànic ante la situación de emergencia social y para resolver la situación de incumplimiento por parte de la administración del abono de las rentas pendientes de pago y la resolución de expedientes pendientes de tramitar.
Entre ellas ha destacado el incremento del presupuesto destinado a Renta Garantizada en 2016 respecto al 2015 y la decisión de considerar la partida de la renta garantizada crédito ampliable "para no tener que hacer modificaciones presupuestarias y ampliar el crédito para poder seguir pagando esta ayuda en función en función de las necesidades".
Así, esta iniciativa permitió en 2016 realizar dos incrementos presupuestarios destinados a Renta Garantizada "con el fin de ponernos al día en la gestión de los expedientes y agilizar el pago de las ayudas, y que en términos económicos ha supuesto pasar de los 32,12 millones de 2015 a los 44.561.306,23 euros de 2016", ha precisado la responsable de Inclusión Social.
Además, ha continuado, el Consell para "hacer frente a la urgente y extraordinaria necesidad de poner al día la gestión de los expedientes y agilizar el pago de las ayudas por el al tapón heredado del anterior gobierno, aprobó en julio de 2016 un decreto ley para agilizar el proceso de tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía".
El decreto ley establece, entre otras medidas, que el plan familiar de inserción que deben elaborar los servicios sociales municipales no sea determinante para la concesión de estas ayudas, en aquellos casos en que los ayuntamientos se demoren más de dos meses en la redacción del plan.
Asimismo, contempla que las direcciones territoriales dependientes de la conselleria sean consideradas centros de atención directa, y que los puestos de trabajo adscritos a la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía tengan la consideración de puestos de atención directa o cobertura prioritaria susceptibles de sustitución en el caso de que se produzca una baja o una vacante.
También el pasado año, ha incidido la directora general, se acometió una mejora y actualización de la aplicación informática de la Renta, "implementando un conjunto de cambios que han posibilitado un incremento en la productividad y de la calidad del trabajo realizado por las direcciones territoriales", y también se ha logrado optimizar la información estadística, "incorporando herramientas para un conocimiento más lógico y veraz de los datos de las prestaciones", ha matizado.
Nueva Ley de Renta valenciana de Inclusión
Paralelamente, Inma Carda ha argumentado al comité de seguimiento los beneficios que contempla el anteproyecto de la ley de Renta Valenciana de Inclusión, y cuya prestación sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía, "para dignificar la vida de las personas y les permita insertarse".
La nueva ley permitirá según ha explicado Carda, que esta ayuda tenga "carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo", y al mismo tiempo, ampliará los requisitos para poder demandarla.
Entre las mejorías que aportará la nueva normativa, ha destacado también la flexibilización de los requisitos "por lo que llegará a más personas". De hecho, ha señalado, será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo unicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, amplia la edad para poder solicitarla a los 18 años y a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.
Cabe recordar también que el importe de ésta será de 531 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros.
