Solicita que todos los ‘investigados’ por corrupción sean retirados de forma cautelar
Castelló en Moviment ‘rogaba’ a la alcaldesa al final del pasado pleno, que reprobara, de forma cautelar, la presencia en los órganos municipales, de personas que están imputadas o investigadas por diferentes temas de corrupción, como representantes de entidades incluidas en Consejos de Consulta municipal. Entre ellos, destacó de forma concreta, la presencia del ex alcalde socialista de Castellón, Antonio Tirado, o del secretario de la patronal Rafael Montero.
Castellón Información
La presencia del exalcalde socialista Antonio Tirado, miembro del Consejo Social de la ciudad, y del secretario de la patronal Rafael Montero, miembro de Pacto Local de Empleo, se llevan la reprobación de la formación ciudadana.
El tema salió a colación al final del último pleno del Ayuntamiento, en un ‘ruego’ realizado por la concejal de Castelló en Moviment, Ana Peñalver. Concretamente, la formación municipalita manifestó que la presencia en órganos municipales de personas imputadas o condenadas por delitos relacionados con la corrupción, debería observarse con mayor rigor.
Estas personas forman parte de órganos municipales, como Consejos, o pactos, en virtud de que han sido designadas para ello por las entidades que tienen representación. Sin embargo, cuando alguna de estas personas está investigada (antes imputada), por temas relacionadas con la corrupción, no se debería esperar a que la entidad de la que dependen los destituya o modifique su presencia. A juicio de Castelló en Moviment, debería ser el Ayuntamiento el que directamente los reprobara, de forma cautelar, para que no hubiera ninguna duda o sospecha de la gestión municipal.
En este sentido la concejal de Castelló en Moviment fue aún más lejos en su interpretación, en la que lejos de considerar el derecho a la ‘presunción de inocencia’ indicó: “su presencia podría haber causado perjuicio al interés general y a las arcas públicas, por las cuales tenemos la obligación de velar. No podemos tolerar que personas sospechosas de apropiarse privadamente de aquello que es de todos y todas continúan representando a la sociedad civil”.
Para la agrupación electoral, tal como indicó la concejal en el pleno y han manifestado a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación, “hacen falta medidas cautelares, por lo que cuestionan la opción del Ayuntamiento de esperar las dimisiones de los propios imputados o condenados, o bien, esperar a su destitución por parte de las organizaciones a las cuales representan”. Por eso rogaron a la alcaldesa Marco que “habilite los mecanismos o medidas cautelares necesarias para evitar que continúan formando parte de órganos vinculados a este ayuntamiento, algunos de los cuales tienen importantes funciones en temas como el empleo, el urbanismo o los presupuestos municipales”.
Concretamente, Peñalver hizo referencia a la presencia en el Pacto Local de Empleo de Rafael Montero, Secretario General de la Confederación de Empresarios de Castelló, investigado por presunto fraude en los cursos de formación que organizaba la patronal, y al cual una sentencia del 2015 ya consideró culpable de quebrar la Sociedad de Garantías Recíprocas, “el rescate de la cual ha costado, de momento, a los valencianos y valencianas, 109 millones de euros” ha recordado Peñalver. La regidora también puso el ejemplo del ex-alcalde socialista Antonio Tirado, consejero nato del Consejo social. Peñalver ha recordado que “tendrá que declarar ante el juzgado que trae la instrucción del caso Gran Coral, por los indicios de su supuesta participación en delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, delitos societarios y contra la hacienda pública”.
