Reunión 'a cara de perro' con amonestación para Toledo y denuncia de investigación paralela por López
La Comisión de Investigación de la Sala de Seguridad ha terminado como el rosario de la aurora y ‘a cara de perro’. PP ha denunciado las prórrogas y la falta de documentación y, ha vuelto a insistir, que la empresa que se contrató no tenía actividad comercial ni presentaba informes económicos desde 2014. PSOE ha aportado un informe sobre la precariedad de la Sala en 2015 y la necesidad de actuar. Amonestación para Toledo y denuncia de investigación paralela por López. Hoy se ha entregado nueva documentación y se ha ampliado a 3 semanas la convocatoria de la nueva sesión.
Esperanza Molina/ Castellón Información
La nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre la Sala de Seguridad de Castellón y los contratos realizados en la Policía local de Castellón, se ha desarrollado a ‘cara de perro’, entre el representante del PP, Sergio Toledo y el presidente de la Comisión, Vicente Vidal, de Ciudadanos, el PSOE y el técnico.
Desarrollo de la sesión
Esta vez se ha aprobado por unanimidad el acta de la sesión anterior. Se ha entregado a los representantes de los grupos el expediente relativo a la contratación de chalecos anti-bala (segundo que llega a estudio), y se ha propuesto que la próxima sesión se realice en tres semanas y no dos, como se había aprobado inicialmente, para dar tiempo a estudiar la documentación.
Por parte de los servicios técnicos, se ha dado cuenta de que ya se ha localizado la documentación solicitada por el PP en cuanto a quién, cómo y por qué, se decidió contratar a una empresa externa al ayuntamiento para redactar el pliego de condiciones que reguló el concurso para la contratación de la sala de Seguridad, y al del PSOE, que se recoge información sobre los antecedentes de la Sala de Seguridad. Ambas informaciones se proporcionarán en la próxima sesión.
En estas condiciones, el concejal del PP, Sergio Toledo, se oponía frontalmente a que se posponga una semana más la próxima reunión, y ha vuelto a denunciar que lo que se intenta es prolongar esta Comisión para confundir, y más aún, que no se les proporciona la documentación tal como la pidieron, que “falta documentación”. Con estas declaraciones, se iniciaba una guerra dialéctica.
Por parte de los servicios técnicos se afirmaba que se facilitaban los expedientes completos en base a la numeración con que fueron solicitados. Expedientes donde se recoge el proceso completo desde que sale el concurso público a su adjudicación. Otra cosa, indicaban, era que el PP quisiera ver también la documentación previa a esos concursos, como las decisiones de oportunidad y necesidad de esos concursos, que está recogida en expedientes de numeración diferente, y por tanto, se entienden como no solicitados.
No opinaban lo mismo los concejales del Grupo Popular, para quienes debía entenderse, en base a lo que pidieron, que también requirieron esos expedientes. Y como comenzó el ‘toma y daca’ de “no lo solicitaron”, “si que lo pedimos”, con la intencionalidad que le ponía Toledo al asunto, Vidal acababa por estallar y amonestar al concejal del PP.
El PSOE aportaba un informe oficial interno en el que señalaba la situación infame en la que se encontraba la Sala de Seguridad en el 2015, donde dijeron, no funcionaba nada y no se podía afrontar la seguridad de la ciudad. Situación por la que se decidió renovar esta sala de Seguridad que después salió a concurso.
Según ese documento, que recoge un Informe del inspector de Coordinación de 2015, la situación de la sala era infame. Los cables por los suelos. Solo dos líneas de teléfono, de forma que cuando se conectaba la central de alarmas de los colegios, quedaba una sola línea para el resto de los dispositivos, que se colapsaba continuamente. Insuficiente hasta tal punto, que carecían de medios de comunicación. Las líneas eléctricas eran también un desastre, porque resultaban insuficientes para alimentar todos los dispositivos. Cuando estallaba una tormenta, señalaba el informe, saltaba el diferencial.
El presidente se ha comprometido a recoger la documentación y trasladarla a todos los grupos.
El Grupo Popular ha cuestionado el informe aportado por José Luis López: “¿Lo presentan como equipo de Gobierno o como grupo político?”. Y no había nada de inocente en la pregunta, ya que estimaban que los socialistas intentaban condicionar el resultado de la Comisión porque, como equipo de Gobierno obtenían documentos que, como grupo político no podrían obtener. ¿Era documentación interesada? Según el PP "Es documentación privilegiada"
El concejal socialista, José Luís López, denunciaba a su vez, que el PP realiza una Comisión de Investigación Paralela, al informar fuera de la sala a los periodistas, para hacer prevalecer sus criterios y condicionar los resultados. Sergio Toledo contestaba con una sonrisa y con mucha ironía, que se traba de libertad de expresión.
Intentó mediar, sin éxito, Vicente Vidal, que se vio contra la pared. Como presidente de la Comisión, Vidal intentaba ser ecuánime, transparente, democrático… casi como un juez en un juzgado. Pero claro, como único representante de Ciudadanos, los populares lo empujaban a una situación en la que no le dejaban posibilidad de nada, y su grupo no podía ejercer como grupo de la oposición que demandó la creación de esta Comisión.
Corta, pero tensa, la reunión no duraba demasiado y, esta vez, el presidente, atacado de los nervios, no sometió a votación la decisión de aplazar la próxima sesión hasta el 21 de febrero. Todos los grupos estaban de acuerdo menos el PP, pero no se llegó a votar.
El objetivo de la Comisión: el fondo del asunto
El fondo de todo este asunto está en demostrar si hubo intereses personales y privados en la contratación de la Sala de Seguridad de Castellón, que sacó a concurso el Gobierno del Pacto del Grao, y si pudo haber prevaricación en alguno de estos procesos, tanto los relacionados con la Sala de Seguridad como los expedientes de adquisición de material para la Policía Local.
Para ello, la Comisión ha centrado su investigación en el periodo comprendido desde 2015, y en los ocho expedientes que se habrían generado desde entonces. El más importante de todos, también el más voluminoso y el que presumiblemente demostraría estas acusaciones, según el PP, es el que se refiere a la Sala de Seguridad.
Los procedimientos
El procedimiento de la Comisión, acordado inicialmente, pasa por el estudio de estos ocho expedientes, del más antiguo al más nuevo, en base a su numeración interna y las pertinentes comparecencias testificales.
Pero, a tenor de la variedad de expedientes y documentos, la presidencia propuso, que se afrontara primero el estudio de toda la documentación, expediente por expediente, y luego se realicen en bloque las comparecencias, de forma que un mismo testigo no tuviera que comparecer varias veces en base a cada expediente.
El problema de este procedimiento, a juicio del PP, es que los expedientes no vienen completos, o no como ellos los querían, de forma que, cuando se aborda un segundo expediente quedan todavía datos a recopilar de un procedimiento anterior, lo que convierte la Comisión en una tarea farragosa donde se pierde el hilo y diluye las conclusiones.
No falta documentación, es que son expedientes diferentes
Y aquí llega también la polémica. Los expedientes están numerados, de forma que, se han solicitado ciertos documentos en base a una antigüedad y una identificación numérica, tal como son archivados administrativamente. Pero no cumplen la demanda solicitada por los concejales del Grupo Popular, que estiman que, para que se inicie un concurso administrativo, primero deben tomarse unas decisiones de oportunidad. ¿Por qué se convocó el concurso? ¿Quién lo solicitó?, ¿Cómo se articuló la convocatoria? ¿Quién redactó las bases que regularon después la concesión de estos servicios?
En este sentido, los servicios técnicos afirman, que se trata de procedimientos que se archivan de forma diferente y, por tanto, no responde a la numeración solicitada por el Grupo popular. No es que falte documentación, insisten, es que no se solicitó. Tema, en el que el Grupo popular difiere, "si hemos solicitado por escrito, también la motivación y la documentación completa, desde el principio, entendemos que, aunque el número de expediente sea diferente, también se nos tenía que haber proporcionado".
La consecuencia se traduce en que, se facilita la documentación de cada expediente (dos hasta el momento), pero en la reunión siguiente el PP denuncia que le faltan datos de los documentos que la precedieron. Con ello, denuncia el PP, empiezan a mezclarse los temas. "Solicitamos la nueva información, dicen que nos la darán en la siguiente comisión y nunca tenemos todos los datos completos, si además se prolonga el tiempo entre una comisión y otra, la Comisión se diluye en el tiempo".
Las denuncias y las sospechas del PP: La empresa no tenia actividad económica desde 2014
Como se ha comentado, el documento ‘central’ de esta Comisión es la contratación de la Sala de Seguridad de la Policía Local, para la que se presupuestó inicialmente casi un millón de euros.
Se necesitara o no la renovación de la Sala (El PSOE lo justifica y el PP lo niega), El GMP incide sobre el hecho de que el Ayuntamiento encargó a una empresa externa la elaboración del pliego de condiciones parta sacar aquel concurso público, cuyo montante económico era muy elevado.
¿Quién y por qué se determinó contratar a una empresa externa para que realizara aquel pliego de condiciones? Esa es la primera pregunta, que ponen sobre la mesa los concejales populares. ¿No tenia el Ayuntamiento personal técnico suficiente y adecuadamente preparado para ello?
Y ¿Por qué se contrató a esa empresa específica y no a otra? ¿Por qué no se realizó también un concurso público inicial para determinar como y por qué se contaba con esta empresa?
Esa documentación que se ha prometido al Grupo popular para la próxima reunión, fue la que llevaba una numeración diferente y el PP solicitó en la reunión anterior. Y es precisamente, el tema que basa la sospecha y la denuncia del PP.
Según han manifestado Sergio Toledo y Juan Carlos Redondo, esa empresa carecía de actividad en el momento de la contratación; no constaba declaración de personal a su cargo, no presentaba documentos de su actividad jurídico-económica desde 2014, es más estaba calificada como una ‘empresa de riesgo 10 sobre 10’ cuando fue contratada por el Ayuntamiento.
Se da la circunstancia, indican, de que la empresa que redactó los pliegos tiene su sede legal en la misma localidad (El Escorial) de la empresa que obtuvo la adjudicación de tres de los cuatro lotes, Eurocop. Por lo tanto, y aquí viene la sospecha del PP, podría llegar a entenderse, que se contrató a una empresa para realizar los pliegos de condiciones, en contra de toda la prudencia jurídica, y para un concurso dirigido a que la adjudicataria fuera ‘una empresa amiga’, Eurocop.
¿Estaba condicionado el concurso desde el primer momento para que fuera Eurocop quien se quedara con la adjudicación? ¿Pudo haber intereses privados o prevaricación? El coste final de aquella operación rondó los 700.000 euros.
¿Era necesario renovar aquella Sala de Seguridad?
Otro tema en el que difieren PP y PSOE es, si era realmente necesario invertir en la renovación de la Sala de Seguridad.
El concejal socialista, José Luis López, aportaba documentación sobre el estado de la Sala de Seguridad en 2015, en base a un informe realizado por el Jefe de Coordinación de la Sala (Cisme). Como se ha señalado anteriormente, según el informe aportado por el concejal socialista, el estado de aquella sala era deplorable y las condiciones de trabajo de los agentes, más todavía.
Faltaba infraestructura en cuanto a líneas telefónicas, sistema eléctrico, el programa informático tampoco era el adecuado y la seguridad de la ciudad no era la más adecuada.
Según el PSOE fue precisamente este informe el que generó la necesidad de renovar toda la sala y sacar el proyecto a concurso.
El PP lo niega. Indican que en 2011 ya se realizó una inversión en la sala de seguridad para adecuarla a las necesidades e, incluso, se la dotó con un nuevo sistema informático de última generación (el programa Séneca)
Por cierto, según comentó el sindicato de policía a este medio el pasado verano, en octubre de 2018 el programa informático no funciona porque se dejaron de pagar la patente y las actualizaciones.
Por relacionar temas que pueden sugerir nuevas preguntas, Eurocop empresa adjudicataria de tres de los cuatro lotes de aquel concurso para renovar la sala, obtuvo la concesión de un segundo concurso público, convocado para dotar a la sala de un programa y un sistema informático. En este caso, la adjudicación fue recurrida por la otra empresa que se presentó, y el Tribunal de Contratación Administrativa suspendió la concesión. Había un defecto de forma en la aportación de documentación de Eurocop. Según la sentencia, el Ayuntamiento debería volver a sacar el software a concurso sin que Eurocop pudiera presentarse a esta licitación. No se ha retomado la operación.
Es cierto que Eurocop ha tenido una presencia importante en la capital de la plana. En la legislatura de 2011 (2014), cuando gobernaba el PP, Eurocop financió la Cátedra de Seguridad de la UJI, a través de la cual se promocionó una aplicación y un sistema novedoso, el Proxpol, para el estudio de la delincuencia y la eficacia de una policía de seguridad.
La Cátedra ya no funciona como tal, porque Eurocop dejó de financiarla en enero de 2018, aunque en su página web conserva la información relativa a los trabajos que se realizaron tomando como base la ciudad de Castellón.
En la actualidad, aquella Cátedra es el Aluna contra la Delincuencia, de la UJI, financiada con aportaciones del Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat Valenciana, y donde se realizan informes e investigaciones sobre la delincuencia y los delitos.
