La portavoz de Vivienda del PSPV-PSOE pide a la consellera que firme el convenio para que pueda entrar en vigor el nuevo Plan de Vivienda.Castellón Información
La diputada y portavoz de Vivienda socialista, María José Salvador, ha instado a la consellera Isabel Bonig a que justifique los casi 60 millones de euros que tiene pendiente con el Ministerio de Fomento de planes de vivienda anteriores. Así, ha señalado que “esta cantidad corresponde al dinero transferido por el Ministerio en el marco de los convenios de distintos planes de vivienda que no han sido justificados y que, por tanto, no han llegado a sus destinatarios”.
Entre estas cantidades pendientes de justificar se encontrarían las ayudas a la rehabilitación de vivienda que forma parte de la actual deuda de 240 millones de euros que mantiene la Generalitat en materia de ayudas a la vivienda, y que afecta a 50.000 familias valencianas. En este sentido, Salvador ha insistido en que “hace cinco años que la conselleria no paga estas ayudas que comprenden ayudas al alquiler, de rehabilitación y cheque vivienda”.
A esto cabe sumar, tal como ha remarcado, que “la situación se agrava porque a fecha de hoy todavía no se ha firmado el convenio para que entre en vigor el nuevo Plan Vivienda 2013-2016 entre el Ministerio y la Generalitat Valenciana”. Además, “cabe recordar que la disposición adicional del citado plan introduce por primera vez la imposibilidad de firmar este convenio con aquellas comunidades que no haya justificado los planes anteriores”.
Por todo ello, la portavoz de Vivienda socialista ha subrayado que “lamentamos la dejadez de la consellera Bonig que todavía no ha sido capaz de fijar un calendario de pagos con la plataforma de impagados de ayudas a la vivienda de la Comunitat Valenciana, ni tampoco hay indicios de que se vaya a pagar esta deuda con el FLA, como anunció el propio conseller de Hacienda”. Además, ha insistido en que “su política de vivienda es un absoluto caos, de facturas pendientes y carente de objetivos” y ha señalado que “lo es por la deuda y porque no existe planificación ni medidas concretas y eficientes para parar los desahucios”.
En este sentido ha recordado que en la Comunitat Valenciana el número de ejecuciones hipotecarias aumentó un 50% entre el primer trimestre de 2013 y el primero de 2014, pasando de 2.813 a 4.220, a pesar que de que en 2013 entró en vigor la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios recurrida al Tribunal Constitucional por el PSOE. A esto cabe sumar que en mayo de 2014 el Banco de España también publicó que más de 50.000 viviendas habían pasado a manos de los bancos como consecuencia de desahucios o dación en pago, de las cuales 40.000 eran primera residencia. Por este motivo, y dado que los desahucios suponen en la Comunitat Valenciana un 23% del total del Estado, 9.200 viviendas de primera residencia habrían pasado a manos de los bancos.
