Para un presidente del gobierno, intentar permanecer en el poder es algo normal que puede probar su vocación de servicio y estar dispuesto no solo a gozar de los privilegios que ello conlleva sino también a soportar las innegables inclemencias del puesto, como por ejemplo, verse abucheado en cualquier aparición pública.
Así han actuado todos y cada uno de nuestros presidentes desde la instauración de la democracia aunque Suarez arrojara la toalla cuando dejó de contar con apoyos desde todos los flancos y Aznar acuñara desde pronto, el propósito de no competir después de dos mandatos.
Todos los restantes jefes de gobierno resistieron en el puesto cuanto pudieron. No debe haber objeción alguna a tal actitud siempre que esa continuidad se haga de forma legitima y dentro de la Constitución y del respeto a las normas del Estado de Derecho.
Es muy discutible que el actual presidente esté actuando dentro de dichas normas. Es cierto que accedió a la jefatura del gobierno legítimamente aunque lo hiciera por la puerta trasera de la moción de censura. Y también lo es que está logrando mayorías gracias a su alianza con partidos asentados en el Parlamento y, por tanto, igualmente legítimos.
La legitimidad de partidos como los que apoyan al PSOE a mantenerse en el gobierno es mas que discutible y en muchos países de nuestro entorno no estarían autorizados a participar en concursos electorales ya que serían ilegales.
Tal es el caso de los que tienen como objetivo principal la ruptura de la unidad nacional buscando la independencia de un fracción del territorio por via de la sedición o la rebelión, o los que apoyan a quienes atentaron contra ciudadanos del pais mediante actos terroristas.
Tal es el caso de ERC y de Bildu, partidos que sin embargo son indispensables para el mantenimiento del actual ejecutivo. Las concesiones que el PSOE está teniendo que hacer a estos y otros aliados son tan ofensivas respecto a la mayoría de los ciudadanos que resulta impensable que estos puedan seguir votando en la misma dirección en la próxima cita electoral.
En estos días estamos siendo testigos de cómo Pedro Sánchez, la misma persona que no hace mucho consideraba como rebeldes a quienes propiciaron el referéndum de 1 de octubre de 2017 y los intentos secesionistas subsiguientes, ha apoyado su indulto y ha manipulado lo que no está escrito para que hacia el pasado y el futuro, el secesionismo vea su castigo rebajado considerablemente, hasta los cinco años de cárcel. El pretexto aducido es el equiparar nuestra pena con las de otros países europeos. Desconozco a que países se está refiriendo porque los más próximos mueven sus castigos entre los quince años y la cadena perpetua.
Tal modificación de nuestro código penal solo puede interpretarse como un abaratamiento del golpe de Estado dando facilidades a los rebeldes y sediciosos que, es bien sabido, "lo volverán a hacer" ya que su triunfo les llevaría a la deseada ruptura de España y su fracaso a una multa que pagaríamos entre todos y a una breve temporada de heroico reposo en chirona en que serian tratados con toda exquisitez con visitas, entrevistas, biblioteca, gimnasio, televisión etc...
Por añadidura, es probable que también la malversación de fondos se vea casi disculpada si se efectúa no para el enriquecimiento personal sino para favorecer al propio partido lo que bien mirado puede ser aun más grave ya que desvirtúa las bases del juego democrático y la libre decisión ciudadana.
Es evidente que el uso de estas manipulaciones del gobierno y de su presidente para mantenerse en el poder no tienen nada de noble ni de vocación de servicio. Es simplemente labor tramposa que envilece el escenario de la política nacional.
