La concejal Mònica Àlvaro denuncia que la decisión de la Generalitat es “totalmente injusta” y un “retroceso que abocará a muchas familias que no se lo pueden permitir a dejar sus familiares dependientes en casa”.
El Ayuntamiento de Vila-real, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, facilitará a los afectados por el copago de la discapacidad, los modelos de recurso necesarios para que todas aquellas personas interesadas puedan "hacer valer sus derechos" ante la Generalitat y alegar contra el decreto de la Conselleria de Bienestar Social por el cual "se verán obligados a pagar hasta 700 euros" por el uso de servicios asistenciales básicos de atención a la dependencia y la discapacidad. Con esta medida, explica la concejal de Servicios Sociales, Mònica Àlvaro, “el Ayuntamiento de Vila-real queremos ponernos, una vez más, al lado de las familias frente a los recortes sistemáticos que la Generalitat está aplicando, en esta ocasión sobre un sector de la población particularmente sensible y débil”.
A finales del mes de diciembre, a los Servicios Sociales municipales de Vila-real se han dirigido "un número importante de familias a las cuales, con la aplicación del Decreto 113/2013 de la Conselleria de Bienestar Social, se las obliga a pagar 14 mensualidades por la asistencia a los centros de día y centros ocupacionales para dependientes sufragados con fondos públicos". Este decreto, que afecta a todas las personas con una renta mensual por unidad familiar superior a 539 euros, obliga a las familias a financiar este servicio contemplado en la Ley de la Dependencia. Así, las familias con rentas mensuales superiores al IPREM están obligadas a abonar a partir del 1 de enero entre 120 y 700 euros mensuales por un servicio básico como este recurso asistencial.
Para la concejal Mònica Àlvaro, se trata de un copago “totalmente injusto” y que “abocará a muchas familias, que no se lo pueden permitir, a dejar a sus familiares discapacitados en casa”. “Es un retroceso en todo lo que se había consolidado en cuanto a bienestar social y nos preocupa y mucho la calidad de vida y la salud física y mental de estas personas, que se verán privadas de continuar en sus centros”, valora Àlvaro. Por eso, desde la Concejalía de Servicios Sociales y atendiendo a las demandas recibidas de familias que se han dirigido al Centro Social, se facilitará a las personas interesadas unos modelos de recurso de alzada que podrán interponer contra este decreto ante la Conselleria de Bienestar Social hasta el día 20 de enero.
