"Si Rajoy y el PP no hubiera incumplido todas sus promesas, los valencianos tendrían desde 2017 un nuevo sistema de financiación para blindar por derecho los recursos necesarios para la sanidad, educación y protección social". El conseller de Hacienda destaca que el Gobierno haya vuelto a plantear la suavización del déficit y advierte a los partidos que se oponen que "están dañando derechos de las personas mayores, estudiantes y parados valencianos"
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El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha subrayado que "para la Comunitat Valenciana, la reforma del sistema de financiación autonómica es una cuestión de prioridad máxima, que ha de abordarse lo antes posible". "Si el presidente Mariano Rajoy y el PP no hubieran incumplido todas sus promesas de que para 2017 habría un nuevo modelo de financiación, ahora los valencianos no seguirían padeciendo una insuficiencia de recursos inadmisible para sostener las competencias del Estado de Bienestar", ha recalcado el conseller.
Por eso, "la reforma de la financiación es un asunto de máxima prioridad para los valencianos y valencianas. Son demasiados años en los que hemos tenido un trato discriminatorio, inaceptable, injusto y que es, incluso, anticonstitucional". Soler ha indicado que "bienvenidas sean todas las mejoras parciales que el Gobierno de Sánchez pueda hacer", unas mejoras "que con el gobierno Rajoy ni siquiera se plantearon", pero los valencianos "no podemos aceptar una situación que no puede continuar".
Vicent Soler ha hecho estas manifestaciones en relación a las informaciones que apuntan a que, según algunos expertos de las comunidades, la modificación del modelo ya no es urgente para las autonomías debido a que la mejora de la economía ha incrementado los ingresos. "No es en modo alguno el caso de la Comunitat Valenciana, que reclama ahora exactamente igual que hace unos meses una solución al problema de la financiación de las comunidades y, en particular, la de los valencianos", ha aseverado.
"Antes se alegaba la crisis para mantener injustamente que no tocaba debatir este asunto, cuando luego sí había recursos para otras cuestiones, y ahora algunos esgrimen la recuperación económica para no abordar el problema. No valen las excusas ni pretextos", ha señalado el conseller.
Soler ha agregado: "No hay que caer en la miopía política, ni en una visión cortoplacista. Todas las comunidades están infrafinanciaciadas, como han acreditado los expertos a nivel nacional, que han determinado que la brecha entre los recursos que recibieron y las necesidades financieras para mantener la sanidad, la educación y la protección social es de 16.000 millones. Hay que proceder a una redistribución de los recursos en función de las competencias que tiene cada nivel de la administración".
Para Soler, este debate hay que abordarlo de una vez. "Lo que no puede ser es que las que, dentro de la infrafinanciación global, están mejor que otras tiren la toalla por el respiro en los ingresos como consecuencia de la recuperación", ha alertado.
Además, en el caso de la Comunitat Valenciana, ha enfatizado que "no queda ya ningún foro académico y científico que no haya avalado la insuficiencia de recursos que sufre. Los valencianos no son ciudadanos de segunda. No tenemos por qué tener peores servicios que otras comunidades que cuentan con hasta 500 euros más per cápita que los valencianos".
"Los valencianos se juegan mucho con los PGE"
El responsable de Hacienda ha destacado también la voluntad del Gobierno de presentar en enero los Presupuestos Generales del Estado para 2019, "en el que los valencianos nos jugamos mucho". Entre otras cuestiones, ha destacado la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al president de la Generalitat, Ximo Puig, de que por primera vez en la historia se consignará el 10% de la inversión territorializada para la Comununitat Valenciana, acorde a su peso poblacional en España. "Con Rajoy perdimos los valencianos más de 2.000 millones por el constante maltrato inversor con la Comunitat", ha señalado.
Además, ha destacado que el Gobierno haya vuelto a aprobar la senda del déficit flexibilizada, lo que incluiría el que la Comunitat Valenciana dispusiera de 240 millones adicionales para reforzar los derechos sociales de los valencianos, al prever un déficit para las comunidades del 0,3% del PIB para el próximo año, en lugar del 0,1%.
No obstante, esta medida no tiene garantizada la aprobación por el voto en contra de algunas formaciones a las que Soler advirtió que, "con su posición, lo que están haciendo es dañar derechos de nuestras personas mayores, de nuestros escolares que merecen la mejor educación y de los parados valencianos, a los que están hurtando oportunidades".
