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viernes, 22 de noviembre de 2024 | Última actualización: 22:28

El conseller Soler se muestra disconforme con el reparto del déficit propuesto por el Gobierno del Estado

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La Comunitat Valenciana ha votado en contra de los límites de déficit propuestos por el gobierno para el periodo 2018-2020

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El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha manifestado hoy que "la Comunitat Valenciana censura la deslealtad del Gobierno central que propone un reparto unilateral del déficit que daña los servicios básicos, que son los que prestan las comunidades autónomas".

"Además -ha añadido el conseller Vicent Soler- no podemos aceptar un reparto opaco del déficit como el que se nos ha planteado en el encuentro de hoy, porque no se nos explica cómo se realiza ese reparto vertical y cómo se asigna el gasto a cada administración".

Soler ha realizado estas declaraciones al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada este jueves en Madrid, en la que ha estado acompañado por la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, y el director general de Presupuestos, José Moreno.

En este encuentro, la Comunitat Valenciana ha votado en contra del techo de déficit propuesto por el Gobierno para el periodo 2018-2020, que sitúa en el 0,3% el límite de déficit para el año próximo y el 0,0% para 2019 y 2020. "La Comunitat Valenciana se ha posicionado en contra porque el techo de déficit y la distribución vertical realizada por el ministerio es una muestra más de deslealtad institucional frente al Estado compuesto, que es el Estado español, donde las comunidades autónomas son una parte importante porque son quienes prestan a los ciudadanos los servicios más básicos y esenciales".

"Que de una manera unilateral el Gobierno de España fije un reparto asimétrico sin dar explicaciones, sin responder a ningún criterio objetivo, ni tan siquiera a uno tan elemental como es el reparto del gasto público entre administraciones, significa que no entienden que estamos en un modelo descentralizado plenamente constitucional", ha dicho Soler.

"En la Comunitat Valenciana -ha explicado Soler- hemos hecho un gran esfuerzo por reducir el déficit pero nunca podremos llegar al nivel que plantea de manera unilateral el Gobierno de España mientras el sistema de financiación autonómico siga siendo el actual".

El conseller de Hacienda y Modelo Económico ha explicado que el problema de base "es la insuficiencia global que tenemos las comunidades autónomas en general, y algunas en particular, y que es insostenible. Y no se trata de un problema de partidos políticos o de gobiernos, al final es un problema de la ciudadanía, que es quien necesita hospitales, escuelas o dependiencia, y sin embargo no llega el dinero".

"Esta situación supone, por ejemplo en el caso de la Comunitat Valenciana, que tengamos problemas de caja, problemas de liquidez, y que no podamos atender nuestros pagos a proveedores", ha añadido Soler.

En este sentido el conseller Soler ha recordado que el año pasado, en el que hubo elecciones, el Ministerio de Hacienda ingresó en junio el FLA extraordinario y en el mes de julio la liquidación de dos años antes. "Pero en un Estado responsable, de Europa occidental, estos servicios deben tener una financiación permanente, estable y tranquila, porque en definitiva afecta a los ciudadanos, y esto no está pasando por culpa del actual sistema", ha dicho.

La Comunitat Valenciana es la peor financiada de España y esto significa que, a pesar de gastar menos que la media, la Comunitat tiene un déficit superior a la media. "Esto no se soluciona y esa no solución está afectando al estado del bienestar y a todos los valencianos y valencianas. Esta situación se tenía que haber solucionado en el 2014 pero no ha sido así.", ha afirmado Soler.

La Comunitat Valenciana está a favor de la estabilidad presupuestaria y los objetivos de déficit del reino de España, pero no de la distribución interna que ha hecho el Ministerio de Hacienda entre los distintas administraciones.

En este sentido, en la reunión se ha propuesto un cambio en la distribución vertical del déficit favorable a las comundiades autónomas, de manera que se tenga en cuenta el peso relativo y la naturaleza de los servicios que prestan las autonómas, que son quienes gestionan los servicios públicos fundamentales.