El PP vota en contra del IBI y pone el acento en la subida de impuestos del Puerto
Solo parte de las ordenanzas fiscales anunciadas por el equipo de Fadrell podrán pasar por el pleno del jueves. Se quedan fuera el Impuesto de construcción y el de Circulación, que buscan fórmulas jurídicas más adecuadas. El PP ha votado en contra de estas medidas del IBI que considera insuficientes, y ha puesto el acento en la paradoja de que el equipo de Gobierno suba los impuestos al Puerto tras el ruego de Rafa Simó.
EM/ Castellón Información
Solo parte de las ordenanzas fiscales presentadas por el equipo de gobierno la semana pasada conseguirá llegar al pleno del ayuntamiento del próximo jueves. Así ha quedado reflejado en la comisión plenaria extraordinaria convocada por el equipo de Fadrell.
Se quedan sobre la mesa el Impuesto de Construcciones (ICIO) y el de vehículos conocido coloquialmente como de Circulación. La razón es que la redacción de ambas ordenanzas no se ajusta a derecho según el Tribunal Administrativo (TEAM), por lo que técnicos y políticos habrán de darle una vuelta para encontrar cómo plantearlo con todas las bendiciones, y además hacerlo cuanto antes, en un pleno extraordinario a principios de noviembre para poder llegar a tiempo.
Las ordenanzas han sido votadas a favor por el equipo de gobierno, ha habido mucha abstención por parte de Ciudadanos y PP y Vox han sido los más críticos.
En este sentido, el concejal y responsable de Asuntos Económicos del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, ha explicado hoy el voto en contra del PP a la revisión del IBI, que establece la aplicación de un coeficiente mínimo del 0,69 en lugar del 0,40%, como planteaban los Populares y tal y como permite el artículo 72,1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
“Hemos votado en contra porque consideramos que justo ahora, cuando debido a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus la ciudad cuenta con cerca de 16.000 parados y las familias castellonenses necesitan mayor liquidez, hay margen para bajar tanto el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) como la tasa de basuras, que nos afectan a todos, en lugar de mantener la presión fiscal”, ha indicado Redondo.
Sin embargo, el GMP si ha respaldado otras iniciativas que coinciden con las demandas que ellos habían propuesto. Este es el caso de la devolución de la parte proporcional de la tasa de basuras a los negocios que hayan tenido que cerrar sus puertas durante el Estado de Alarma decretado a raíz de la pandemia; y también la suspensión del pago de la tasa de ocupación de vía pública de las terrazas por la colocación de mesas y sillas hasta el 30 de junio de 2021.
Las incongruencias de Castelló con el Puerto
En lo que concierne a la subida de impuestos al Puerto de Castellón, el concejal del PP no entiende la incongruencia de lo que está pasando.
Y es que, desde el momento en que Rafa Simó, ex concejal del PSOE en el ayuntamiento fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria, se daba por entendido un cierto acuerdo entre el Puerto y la ciudad. Si a ello se le suma, que hace apenas un mes Simó, en su toma de posesión se dirigía a la alcaldesa de la ciudad para rogar mayor sensibilidad con el Puerto y los impuestos municipales, se daba por cantada una negociación previa. Por esta razón, el anuncio de un incremento de 55.000 euros al Puerto, y con la excusa de que otros puertos de la Comunitat Valenciana pagan más, y que Castelló no quiere generar dumpin a los otros puertos… no resulta fácil de digerir.
En este sentido, Redondo ha recordado: “hace apenas unos meses, cuando aún era parte del equipo de gobierno, votó en contra de la propuesta que le presentamos desde el PP para reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) a las empresas que operan en el Puerto de Castellón y ahora protesta porque el equipo de gobierno incrementará esta carga fiscal del 0,95 al 1%, un aumento que no solo afecta a las grandes navieras, sino también a las cafeterías o las pymes que operan en el recinto y que afrontan con incertidumbre su continuidad de cara a los próximos meses”.
En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de vados, el concejal del PP también ha lamentado que “la rebaja de un tercio que se va aplicar a las personas con algún tipo de movilidad reducida de carácter funcional, no se va a hacer extensiva al resto de la ciudadanía, que deberá abonar la cuota íntegra de 391 euros a pesar de la crisis y de que esta revisión podría haber servido para llevar a cabo una actualización y registro de los vados urbanos que hay operativos actualmente en la ciudad”.
“Consideramos que esta revisión de las ordenanzas fiscales es una oportunidad perdida para rebajar los impuestos a las familias, pymes y autónomos, que son quienes más lo necesitan en un contexto de crisis como la actual”, ha valorado Redondo, que ha destacado que “pese a que las administraciones públicas deberían servir de palanca apoyar a los sectores productivos con medidas específicas para impulsar la economía y el empleo, justo ahora, en lo más duro de la crisis, el equipo de gobierno de Amparo Marco insiste en mantener la presión fiscal”.
