El proyecto está dirigido a consistorios y mancomunidades valencianos que no superen los 10.000 habitantes
Castellón Información
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destinado 474.000 euros a un total de 39 ayuntamientos y mancomunidades para la elaboración y desarrollo de planes municipales de inclusión y cohesión social en 2021, según ha anunciado la directora general de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos, María José Cortell.
Tal y como ha explicado, se han resuelto 39 subvenciones, 32 para ayuntamientos y 7 para mancomunidades, "que oscilan entre los 12.000 y los 18.000 euros cada una de ellas, y que serán destinadas a financiar el apoyo técnico para la elaboración de los planes municipales de inclusión y cohesión social".
Por provincia, 11 concesiones han sido para ayuntamientos de la provincia de Alicante, 5 para Castellón y 23 para la provincia de Valencia. La directora general ha recordado que estas ayudas se enmarcan "en el desarrollo del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión social (VICS) 2017-2022".
La concesión de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, se dirige a los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana cuya población supere los 10.000 habitantes y se comprometan a la elaboración de un plan municipal de inclusión y cohesión social y a la creación del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales.
María José Cortell ha señalado que con esta iniciativa "queremos acercar el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social a la ciudadanía contando con la colaboración de las corporaciones locales, para que los municipios impulsen sus propias evaluaciones y planes locales en esta materia".
Coincidiendo con esto, el propio Plan establece el reconocimiento y puesta en valor de la función clave de los ayuntamientos y las mancomunidades en una política de proximidad interdepartamental coordinada.
Entre los objetivos de estas ayudas la directora general ha destacado la idea de sensibilizar a todas las administraciones públicas, a todos los actores de la sociedad civil y a toda la ciudadanía en general, "sobre la situación de desigualdad y riesgo de exclusión de una parte importante de la sociedad y de la necesidad de implementar políticas públicas inclusivas orientadas a su erradicación".
En este sentido, ha hecho hincapié en que sólo desde el conocimiento "directo y cercano" de las situaciones concretas de las personas y desde la rapidez en la intervención "se podrán construir procesos integrales que beneficien a las personas, a las familias y a los grupos y colectivos con mayores carencias y con más urgencias de ser atendidos, desde perspectivas de compromiso y solidaridad, para mantener su inclusión, lograr su inserción y evitar su exclusión".
