Los acusados en el ‘caso Castor’ han sido absueltos por la Audiencia Provincial de Castelló, porque no se han aportado pruebas que demuestren que hubo intencionalidad de hacer daño, incumplimiento de las normas, o negligencia en sus actuaciones y decisiones. El tribunal tampoco ha encontrado quien pueda demostrar una relación directa entre las inyecciones de gas y los sismos que se registraron en la zona, y que los expertos atribuyen a ‘fallas desconocidas' y no ‘cartografiadas’. Los denunciantes se quedan sin cobrar.
El presidente de la empresa Escal UGS en 2013, Recaredo del Potro, y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau, han declarado hoy en la primera sesión del juicio por el llamado caso Castor, el almacén subterráneo de gas frente a la costa de Castellón. Ambos han defendido que "nadie en la población sintió los seísmos mientras inyectábamos el gas". Del Potro y Martínez Dalmau son presuntos responsables de un delito contra el medio ambiente que causó más de 500 seísmos frente a la costa de Castellón provocando daños materiales en muchas viviendas