Toledo, y Sales, concejales del PP, han denunciado una presunta prevaricación en lo que concierne a la sala de seguridad de la Policía Local. Según la documentación de que disponen, el ayuntamiento pagó 3 veces por el mismo servicio: las cámaras de videovigilancia. La recepción de ese contrato: cámaras, instalación y puesta en funcionamiento se firmó en abril de 2017, pero el 30 de septiembre, cuando se produjo el asalto a la asamblea, no funcionaban ni estaban instaladas. El equipo de Gobierno: "Si el PP tiene pruebas de algún acto ilegal, que acuda directamente al juzgado"