El presidente de la empresa Escal UGS en 2013, Recaredo del Potro, y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau, han declarado hoy en la primera sesión del juicio por el llamado caso Castor, el almacén subterráneo de gas frente a la costa de Castellón. Ambos han defendido que "nadie en la población sintió los seísmos mientras inyectábamos el gas". Del Potro y Martínez Dalmau son presuntos responsables de un delito contra el medio ambiente que causó más de 500 seísmos frente a la costa de Castellón provocando daños materiales en muchas viviendas