La Comisión Europea desea vincular las ayudas agrarias en una nueva condicionalidad social al respeto a la normativa laboral, de cobertura social y de seguridad de los trabajadores. La Unió propone que exista una reciprocidad con las producciones procedentes de países terceros en cuanto a las exigencias normativas europeas. En este sentido aboga por ejemplo por la suspensión automática de importaciones a la Unión Europea procedentes de países que no tengan ratificado el Convenio del Consejo de Europa