La Comisión de Investigación de la Sala de Seguridad del Ayuntamiento de Castellón ha acordado reunirse la próxima semana para acordar los protocolos y el guion de la primeras testificales. Así mismo, han decidido llamar a declarar, en dos semanas, a los técnicos municipales que no estén afectados por el informe pericial que se ha contratado con un experto externo. El resto de los testimonios propuestos habrían de hacerlo después del verano. En principio tendrán que prestar declaración 27 personas.
La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, también tendrá que declarar en la Comisión de Investigación sobre la contratación de la Sala de Seguridad, aunque podrá hacerlo por escrito, sin necesidad de comparecer personalmente. La comisión ha aprobado hoy la contratación de un perito externo para que evalúe el coste real del Cimse y su puesta en funcionamiento. Tensión entre PP y Gobierno ante la posibilidad de que otros exalcaldes presten testimonio.
La Comisión de Investigación sobre la Sala de Seguridad de la Policía local de Castelló ha dado un plazo de 15 días para que los grupos políticos concreten los testigos que habrán de declarar, entre los que se encuentran los ex concejales, Toni Lorenzo (PSOE) y Ximo Torres (PP). Comenzará entonces la fase testifical, en el que ya no solo se analizarán expedientes, sino que se escuchará a las personas que tuvieron que ver con la contratación de este centro de emergencias, y de otros expedientes sujetos a la verificación municipal.
Toledo, y Sales, concejales del PP, han denunciado una presunta prevaricación en lo que concierne a la sala de seguridad de la Policía Local. Según la documentación de que disponen, el ayuntamiento pagó 3 veces por el mismo servicio: las cámaras de videovigilancia. La recepción de ese contrato: cámaras, instalación y puesta en funcionamiento se firmó en abril de 2017, pero el 30 de septiembre, cuando se produjo el asalto a la asamblea, no funcionaban ni estaban instaladas. El equipo de Gobierno: "Si el PP tiene pruebas de algún acto ilegal, que acuda directamente al juzgado"
La Junta de Gobierno de Castelló ha adjudicado por fin el sistema informático de una Sala de Seguridad que se encuentra bajo la investigación de una Comisión especial. La adjudicación se realiza con casi 4 meses de retraso tras la sentencia del Tribunal, que consideraba que esta empresa era la única que cumplía los requerimientos, y con una tramitación digna de una serie de televisión.