El Grupo Municipal Popular ha presentado una alegación para paralizar su derribo
El Grupo Municipal Popular ha presentado un recurso contra el proyecto de derribo de la Cruz del Ribalta, que desarrolla el Ayuntamiento de Castellón. Los populares recuerdan que fue la entidad municipal la que ‘resignificó’ la cruz para convertirla en un homenaje a todas las víctimas de la violencia en 1979. Rechaza que se trate de un monumento ideológico y considera que es una barbaridad destinar 80.000 euros a este objetivo con la crisis económica generada por la pandemia.
Castellón Información
El Grupo Municipal Popular ha presentado alegaciones, como ya hizo en el primer procedimiento administrativo de 2018, para evitar que el gobierno de Amparo Marco derribe la Cruz del Ribalta. “Se resignificó en 1979 para que fuera el monumento que es hoy, de concordia y homenaje a todas las víctimas de la violencia, sin partidismos, ideologías o exaltaciones de ningún tipo, por lo que no son de aplicación sobre el mismo las leyes de memoria histórica 52/2007 ni la valenciana 14/2017”, explica el portavoz Popular adjunto, Sergio Toledo, quien además añade que “tampoco es cierto que la Cruz del Parque Ribalta sea un punto en el que se hayan llevado a cabo o se estén dando en la actualizad exaltaciones de la dictadura, tal y como confirman informes municipales”.
En este sentido, para Sergio Toledo, titular la resolución aludiendo a un monumento inexistente, el de la Cruz de los Caídos, que dejó de serlo en el año 1979, e incoar un procedimiento administrativo para eliminar o derribar tal monumento inexistente, “constituye una falsedad que vicia el acto administrativo o resolución que en su día se dicte, por carecer de objeto real y verídico, que constituirá, presuntamente, además un delito de prevaricación”.
La resignificación del monumento, obra del arquitecto Francisco Maristany, mediante un acuerdo municipal adoptado el 31 de mayo de 1979 por el pleno de la Corporación surgida de las primeras elecciones democráticas, permitió que desapareciera el sentido como reliquia del franquismo suprimiéndose por aquel acuerdo plenario el escudo de la victoria, a fin de darle un nuevo significado, el de homenajear a las víctimas de la violencia. “Así lo hemos expuesto en las alegaciones, la Cruz del Ribalta en la actualidad es un mero símbolo de homenaje y recuerdo a las víctimas de la violencia sin distinción que no hace daño a nadie. Es la ideología de los socios de gobierno PSOE, Compromís y Podemos la que se ha encargado de demonizar esta cruz creando crispación y división social cuando nunca la ha habido, el equipo de gobierno municipal ha iniciado una cruzada atentando contra la libertad religiosa, persiguiendo un símbolo del cristianismo, como es la Cruz resignificada. Con los 80.000 euros que cuesta derribarla se podría ayudar a los sectores golpeados por la pandemia atendiendo así a las prioridades urgentes que tiene esta ciudad”, añade el edil del PP.
Los Populares basan sus alegaciones en argumentos históricos y jurídicos que demuestran que la Cruz del Ribalta es un símbolo cultural, que nada tiene que ver con un punto de concentración de exaltación a la dictadura como se empeñan en hacer creer los socios de gobierno. “Hace 40 años que no es foco de concentraciones de ningún tipo y la prueba es que el propio informe del Secretario de la Administración Municipal dice que no tiene constancia alguna de las mismas, ni existe forma alguna de que fueran acreditadas”, detalla Toledo.
Difícilmente puede hacerse cumplir o aplicarse hoy a la Cruz del Ribalta unas medidas que una ley de memoria histórica obliga, como es retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura, de las que carece la Cruz desde hace exactamente 42 años. Por eso, Sergio Toledo, en nombre de su grupo apunta: “Consideramos que continuar este procedimiento administrativo y acordar la retirada o derribo del monumento constituirá el mayor de los desvíos y abuso de poder por parte de las autoridades políticas que lo acuerden”.
