Martínez y su hija afirman desconocer que sus terrenos estuvieran afectados por la Depuradora
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha iniciado el juicio en el que están imputados, entre otros, el que fuera vicepresidente de la diputación Provincial, Francisco Martínez, y el ex alcalde de la localidad de Borriol, Adelino Santamaría. En la vista de hoy, Martínez y su hija han declarado desconocer que sus terrenos estuvieran afectados por el proyecto de la depuradora de Borriol.
Esperanza Molina / Castellón Información
Hoy ha comenzado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón el juicio al ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, y al exalcalde del Ayuntamiento de Borriol, Adelino Santamaría, entre otros, por beneficiarse de la venta de unos terrenos en los que se proyectaba construir una estación depuradora para el municipio de Borriol.
Según el escrito del fiscal, los hechos sucedieron entre los años 2007 y 2014, cuando los acusados intervinieron, a través de las competencias que tenían en las respectivas administraciones, y adoptaron resoluciones en los procesos relacionados con la obtención de los terrenos, la aprobación del proyecto, la adjudicación y contratación de la obra para beneficiarse económicamente.
Surge el escándalo en enero de 2014
Los hechos que han llevado hasta la apertura de este juicio, se hicieron públicos en enero del 2014. El PP dominaba con mayoría absoluta la Diputación Provincial, que presidía Javier Moliner, en la que estaban representados PP, PSOE y un diputado de Compromís. Francisco Martínez, que ya fuera la mano derecha de Carlos Fabra en anteriores corporaciones era responsable de infraestructuras de la provincia, además de alcalde de Vall D´alba. Adelino Santa María era el alcalde de Borriol.
A raíz de la convocatoria de un pleno en la localidad de Borriol, para aprobar el proyecto de la construcción de la depuradora, Compromís comprobó que una de las parcelas afectadas por la expropiación de terrenos para la depuradora, estaba relacionada con el diputado Martínez o su familia.
El punto de la depuradora no llegó al pleno de Borriol, pero si se hizo público un comunicado emitido por el presidente, Javier Moliner, en el que retiraba su confianza al expresidente de la Diputación, Francisco Martínez.
A partir de entonces, la depuradora de Borriol llenó páginas en los medios de comunicación y convirtió en centro de atención a Francisco Martínez y Adelino Santa María, por lo que se consideraba que podría ser una actuación interesada por parte de ambos.
Francisco Martínez fue destituido de ‘sus cargos de confianza’ y pasó a convertirse en ‘diputado raso’, primero con un sueldo privilegiado que, a críticas de Compromís, se rebajó también posteriormente.
La depuradora, en terrenos de Martínez y su socio
El proyecto de la depuradora de Borriol, se defendió entonces Francisco Martínez, se estaban gestionando desde 2006, a través de la Conselleria, y de la Diputación Provincial.
Martínez indicaba entonces, que “el proyecto de la depuradora es completamente legal, que se inicia por parte de la Generalitat en el año 2006, con lo cual no tiene nada que ver la Diputación Provincial en lo que es la ubicación, sino que lo hacen los técnicos a los que encarga el proyecto la Conselleria”.
Según Martínez, “por falta de fondos económicos el proyecto de la Depuradora de Borriol, se remite a la Diputación, se mantiene la ubicación, se acotan los terrenos, se reducen para que hubiera menor expropiación porque se reduce también el presupuesto, y por tanto, los técnicos son los que eligen y se tramita a través de una expropiación, como en cualquier diputación de España, en cualquier ayuntamiento hay cientos de expedientes expropiatorios que afectan a alcaldes, a diputados, a familiares, y por tanto, es todo completamente legal.
Martínez afirmó también, que desconocía que se hubiera afectado a terrenos de ‘su familia’, pero que indudablemente el alcalde de Borriol, Adelino Santamaría debía saberlo.
Compromís fue más allá en estas acusaciones, puesto que si el listado de los propietarios de los terrenos afectados había llegado a su grupo, lo natural es que también hubiera sido conocido por el alcalde de entonces, Adelino Santamaría e incluso, por Francisco Martinez, como responsable de la Diputación en este proyecto.
Si la primera medida de Moliner fue destituir a Martínez, la segunda fue llevada al pleno de la Diputación. Tras el estudio pormenorizado del proyecto de la depuradora, y su ubicación, los técnicos afirmaron, que los terrenos de Martínez podrían ser excluidos en la ejecución de la obra, ya que se habían ‘reservado’ como área complementaria de servicios para esta infraestructura, sin afectar al desarrollo de la depuradora.
Esta medida, finalmente no satisfizo a nadie. Se sabía que Martínez o su familia, habían adquirido los terrenos años antes. Para sus acusadores, porque debía conocer ya que allí se habría de ubicar la depuradora. Pero si la parcela ‘de su familia’ quedaba excluida, seguían dentro del perímetro reservado otros terrenos que pertenecían a un empresario, allegado a Martínez, Raul Babiloni, en otra sociedad, y a quien Martínez, según fuentes socialistas, habría adjudicado contratos en su municipio de Vall d´Alba.
Compromís denunciaba, abiertamente, que la inclusión de los terrenos en el proyecto de la depuradora, habría supuesto una revalorización de los mismos, por lo que podría apuntarse a un ‘enriquecimiento’ calculado.
El proyecto de la depuradora de Borriol no saldría adelante. Sería sustituido por una alternativa para conectar la localidad a la depuradora de Castellón. Pero este cambio de rumbo no paralizó el escándalo.
Compromís lleva el tema a la Fiscalía
El diputado de Compromís, Enric Nomdedeu, decidió entregar toda la documentación de que disponía su partido a la Fiscalía, por si se apreciaban indicios de delito. Como consecuencia de ello, y a instancias de la Fiscalía, se inició la instrucción de un sumario en el que se imputa a Francisco Martínez, que tuvo que renunciar a su acta de diputado, por acuerdo previo con Javier Moliner, pero siguió ocupando el cargo de alcalde de Vall D´Alba; y al ex alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, que dimitió como diputado y como alcalde en el primer trimestre del 2014.
En febrero de 2015 el concejal socialista, Fernando Grande entregaba a la Fiscalía de Castellón, diversos documentos que, entendían, que podrían llegar a demostrar que el entonces todavía alcalde de Vall D´Alba, Francisco Martínez, se había enriquecido ilícitamente durante los últimos 20 años, gracias a sus cargos políticos. El Psoe pidio que se incorporara esta documentación al procesamiento de Francisco Martínez por las presuntas irregularidades cometidas con los terrenos de la depuradora de Borriol. El Psoe denunció que Martínez había duplicado sus bienes y posesiones.
A mediados de abril de 2015, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Castellón abría Juicio oral contra Francisco Martínez, que se mantenía como alcalde de Vall d´Alba, por el tema de los terrenos de la depuradora de Borriol. El Juzgado también procesaba al el ex alcalde de Borriol, Adelino Santa María y 5 personas más. Martínez presentó entonces su baja voluntaria en el PP.
Un año después el juicio se iniciaba esta mañana en la Audiencia Provincial de Castellón. El fiscal pide para el ex vicepresidente de la Diputación cuatro años de prisión por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Para el exalcalde de Borriol el Ministerio Público pide tres años de prisión por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude.
Esta mañana han declarado el ex vicepresidente, Francisco Martínez, y su hija, que sería la propietaria legal de los terrenos en los que se quiso ubicar la depuradora de Borriol. Ambos han afirmado que desconocían la afectación de la parcela.
Está previsto que el juicio se prolongue durante los días 16, 22, 23, 24 y 25 de febrero.
