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La Universitat Jaume I ha tomado la decisión después de realizar una investigación interna por parte de la Unidad de Igualdad y evidenciar que no hay ningún caso en la actualidad y para eliminar así cualquier mínima sospecha sobre la institución
Castellón Infomación
La Universitat Jaume I ha acordado trasladar a la Fiscalía de Castellón toda la información sobre denuncias anónimas por presuntos actos de acoso sexual en el campus después de realizar una investigación interna por parte de la Unidad de Igualdad y evidenciar que no hay ningún caso en la actualidad y para eliminar así cualquier mínima sospecha sobre la institución.
Desde la Universitat Jaume I se entiende que el Ministerio Público es la instancia que permite a las víctimas -si existen- defender sus derechos y a las personas a las que se acusa de la comisión de estos actos que puedan ejercer su derecho de defensa. Por eso, la UJI ha decidido enviar a la Fiscalía los 29 escritos anónimos que llegaron al Vicerrectorado de Igualdad y a la Unidad de Igualdad, junto con la relación de acciones realizadas en el campus, las acusaciones anónimas contra profesorado de la UJI y de encubrimiento por parte de la Universidad y la difusión a través de redes sociales y medios de comunicación. Las actuaciones realizadas por parte de la UJI no evidencian la existencia de ningún comportamiento irregular en la actualidad, y el anonimato de las denuncias ha impedido que hasta el momento se haya podido activar el procedimiento formal contemplado en el protocolo contra los supuestos de acoso.
De esta forma, la UJI considera que ha agotado todas las actuaciones administrativas de su competencia y que tiene la obligación legal de poner en conocimiento de la Fiscalía la información de que dispone en estos momentos para su estudio. Con esta decisión, y en línea con la tolerancia cero hacia el sexismo, la UJI pretende proteger a las víctimas -si las hubiera- y, en caso contrario, eliminar cualquier mínima sospecha que se estén produciendo casos de acoso. Al mismo tiempo, también se quiere permitir que todas las partes tengan derecho a defenderse a través de los mecanismos del Estado de Derecho.
