Los cultivos más afectados son los cítricos con más de 45 millones de euros de indemnizaciones
La Unió señala que el cambio climático sigue mermando las cosechas y la cabaña ganadera en la Comunitat Valenciana y la prueba más evidente es que hasta noviembre las indemnizaciones por siniestralidad en los seguros agrarios eran superiores a los 95 millones de euros, mientras que en todo 2022 fueron de 61 millones de euros, lo que supone ya un aumento de más del 56 % a falta de un mes todavía para acabar el año.
Los cultivos más afectados son los cítricos con más de 45 millones de euros de indemnizaciones, seguidos por el caqui con cerca de 30 millones, la uva de vinificación con una cifra cercana a los 8 millones, frutales y cereza con más de 3 millones de euros, almendro y hortalizas con 2 millones y olivar con 1 millón. Además, se suman las pérdidas ocasionadas a los sectores ganaderos, tanto por pérdidas en la cabaña como en número de explotaciones agravadas por seguros con normativas poco atractivas, primas elevadas, y no adaptadas a la realidad productiva de la ganadería en la Comunitat Valenciana.
Estos datos, provenientes de los seguros agrarios, adquieren mayor relevancia porque muchos agricultores y ganaderos no cuentan con pólizas. Por ejemplo, la cobertura del seguro de cítricos o uva de vinificación alcanza solo el 50%-60% de la superficie. Las cifras de pérdidas debidas a la meteorología podrían ser aún más alarmantes.
El problema radica en que las Administraciones no suelen compensar estas pérdidas y confían en exceso en un sistema de seguros agrarios que el Gobierno continúa recortando. El ajuste de las tarifas para compensar la creciente siniestralidad, mediante primas más altas y coberturas más limitadas, no constituye la solución requerida por los agricultores y ganaderos. En lugar de ello, el Gobierno debe fomentar y promover la contratación de seguros, respaldando al sector mediante una subvención del 70%, el límite máximo permitido por la Unión Europea, para reducir los costos de las primas de los seguros.
Todos o gran parte de los cultivos han sufrido descensos productivos por diversos motivos este año. Un 64% menos de cosecha de cereales en la peor campaña de los últimos veinte años, la de uva de vino un 40% más baja y en zonas como Utiel-Requena hasta un 60% menos, un 4% menos de cítricos, la cosecha de olivas a pesar de mejorar está a la mitad de una normal, los productores de cereza sufren la incidencia de la meteorología y un largo etcétera que resultaría interminable.
Carles Peris, secretario general de La Unió, indica que “sería importante que el Consell con fondos propios dé un impulso con ayudas para que los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana aguanten esas bajadas productivas y los aumentos de los costes de producción. Esa meteorología adversa requiere un paquete extraordinario de medidas y apoyos económicos para salvaguardar que se sigan produciendo alimentos de calidad”.
Junto a los efectos de la meteorología hay que destacar de este año la subida de los costes de producción agravada por la guerra de Ucrania, el crecimiento de las importaciones procedentes de terceros países sin reciprocidad que hunden los precios de nuestras producciones, la amenaza y lucha contra las plagas normalmente importadas, la nueva PAC que cumple ya un año o la Ley de la Cadena Alimentaria que sigue siendo insuficiente para resolver el desequilibrio entre origen y destino.
Las respuestas de las diferentes Administraciones no han sido las adecuadas ante todos esos problemas, de ahí las protestas realizadas por La Unió Llauradora i Ramadera a lo largo del año. Se iniciaron en enero en Madrid ante los recortes por el trasvase Tajo-Segura, en febrero fue el turno de los apicultores ante les Corts en Valencia por el ninguneo de la Generalitat, marzo fue objeto de una protesta en El Puig por el recorte en los seguros agrarios y ese mismo mes otra concentración en la vecina localidad de Puçol por las expropiaciones para los terrenos de la Volkswagen.
El 20 de mayo se produjo una manifestación histórica en las calles de Castellón contra los grandes proyectos fotovoltaicos que arrasan el territorio. El 5 de julio, junto al resto de organizaciones territoriales de Unión de Uniones, la organización se manifestó por las calles de Madrid para expresar el malestar ante la falta de respuestas del Ministerio de Agricultura. Finalmente, el pasado 20 de octubre hubo una concentración en Valencia con la visita de los ministros de Comercio de la UE por los efectos de los acuerdos comerciales con terceros países. El próximo año la organización trasladará de nuevo con total seguridad las protestas a la calle.
Costes de producción elevados
Si en 2022 los costes de producción subieron, este 2023 a punto de concluir han seguido elevados. Las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania y la sequía han provocado ese aumento. Fertilizantes, piensos, combustibles, electricidad, todo se ha disparado, en una media del 30% de subida. Sobre la electricidad cabe destacar que hemos presentado una demanda de ejecución de sentencia contra el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) después de que éste incumpliera la resolución judicial sobre la implementación de un contrato de acceso eléctrico para regadío con doble tarifa, según lo dictaminado por el Tribunal Supremo que nos ha dado la razón.
Un sector asfixiado por los costes de producción que no paran de subir y una industria y una gran distribución que ejercen implacablemente su poder de negociación en los mercados e imponen unos precios que no remuneran en absoluto el trabajo de aquellas personas que producen alimentos. Como también suben los costes en la lucha contra las plagas en numerosos cultivos ante la eliminación de sustancias activas desde Bruselas que luego se permiten a los productos importados.
Las Administraciones han dado ayudas públicas debido a las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania y la sequía que han beneficiado a muchos productores, aunque también hay otros que se han quedado fuera de estas ayudas pese a tener también un incremento de costes. Lo más destacable y denunciable son los productores de viñedo y olivar que no han recibido ningún tipo de ayuda, aspecto en el que LA UNIÓ seguirá incidiendo el próximo año ante la insensibilidad de las dos administraciones agrarias, la central y la autonómica.
Una Ley de la Cadena insuficiente
La Ley de mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria sigue sin ser útil para el eslabón de los productores y no sirve para acabar con los desequilibrios de la cadena que soporta el sector productor. El éxito de la creación, a petición de La Unió, de la AVICA, la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios, para dar un mejor control de los abusos agroalimentarios en nuestro territorio podría quedarse en papel mojado ante una posible supresión por parte de la Generalitat de esta al haber sido ninguneada en los presupuestos de la Conselleria de Agricultura.
Ni el Ministerio de Agricultura ni las Interprofesionales han tenido ni la voluntad ni la capacidad de establecer tampoco un coste medio de producción para los productos y que sea un precio de referencia por debajo del cual no se pueda comprar ninguna producción agraria y así ayudar a cumplir la Ley de la cadena alimentaria que continúa sin poner límite a la posición de negociación de muchos de los agentes de la cadena.
Hay que destacar como positivo el incremento de la actividad inspectora por parte de la AICA estatal ante las denuncias justificadas de incumplimientos y la publicación de las sanciones.
Un año de la nueva PAC/ Cuaderno Digital
Estamos a punto de concluir el primer año de la nueva PAC y el balance de aplicación es más que negativo por la elevada burocracia y exigencias inútiles para cobrar cierta parte de estas ayudas que además no se priorizan en las personas que se dedican profesionalmente al sector agrario, abriendo las puertas a perceptores que incluso ni viven en las zonas rurales.
Un informe de La Unió de este año revelaba que cerca de la mitad de las personas perceptoras de las ayudas directas de la PAC en la Comunitat Valenciana tienen más de 65 años, y el 95% de las mismas son mayores de 40 años. Esta cifra del 49,68% de los perceptores mayores de 65 años en la Comunitat Valenciana contrasta con la media estatal, que es del 39,10%. La Comunitat Valenciana es la que más personas perceptoras mayores de 65 años tiene de todo el Estado.
Por otra parte, en 2023 se han presentado en la Comunitat Valenciana un total de 40.764 solicitudes de ayudas de la PAC, lo que supone 3.209 menos y en términos porcentuales un 7,30% menos que en 2022. Mientras que en el conjunto del Estado bajan un 4%, aquí lo hace más de un 7%.
Sobre el cuaderno digital de explotación, gracias a la presión del sector con LA UNIÓ como principal actor en la Comunitat Valenciana, se logró que no se implantara el pasado verano y, de entrada, se ha conseguido que los grandes productores tengan que empezar en septiembre de 2024 y ya los medianos en 2025, quedando los muy pequeños fuera de esta obligación. Aún así, La Unió está insatisfecha y continuará trabajando ya no sólo por una modificación en las fechas de la implantación, sino también en mejorar el contenido obligatorio de este cuaderno digital.
Las importaciones crecen y con ello la amenaza de las plagas
Salvo algún éxito de La Unió, pocas cosas han cambiado en relación con la competencia desleal en la Unión Europea entre los productos europeos y los procedentes de países terceros. Del acuerdo con Sudáfrica no se tienen noticias acerca de su revisión, no existe tampoco la certeza de que se vayan a considerar los cítricos como producto sensible a la hora de firmar los tratados comerciales ni se avanza en la adopción de las cláusulas espejo. Y esto va a ser un peligro para nuestras producciones si, finalmente, se concreta el indeseado acuerdo con Mercosur.
Como viene denunciando La Unió a lo largo de todo el año cada vez hay más alertas sanitarias por presencia de plagas y más detección de sustancias activas cuyo uso está prohibido en el ámbito de la UE, pero no para terceros países. No existe la reciprocidad deseable y hay que adoptar un compromiso de exigencia para que esa reducción de pesticidas, antibióticos y fertilizantes a las que nos obligan las autoridades comunitarias se cumpla también para los productores de fuera. La reciprocidad en el uso de productos fitosanitarios es una de las principales demandas de La Unió que seguirá reclamando en 2024. Del mismo modo habría que extender el tratamiento de frío también a las mandarinas y pomelos.
Insensibilidad política
El cambio de Gobierno en la Generalitat no ha traído nada bueno de momento para los agricultores y ganaderos valencianos, al menos por lo que se refiere al presupuesto para 2024. La negativa del Gobierno del PP-Vox a aprobar las enmiendas propuestas por LA UNIÓ a los presupuestos agrarios de 2024, que buscaba asignar casi 10 millones de euros a políticas directas de apoyo a agricultores y ganaderos, ha sido rechazada y deja desprotegidos a miles de productores en la Comunitat Valenciana.
Carles Peris, secretario general de La Unió, indicaba que “el nuevo Gobierno autonómico deja así en la estacada a las primeras de cambio a miles de productores de la Comunitat Valenciana y luego se jactan de ser los defensores del campo valenciano, e incluso Vox dice ser el partido del campo. Todo se queda en pura palabrería que no se traduce en hechos”.
El recorte del trasvase Tajo-Segura por parte del Gobierno de España también es una muestra clara de insensibilidad política ante una de las zonas que constituye la huerta de Europa como es el sur de Alicante.
Pese a ser un partido defensor de la ganadería, lo cierto es que con Vox al frente de la Conselleria de Agricultura los productores valencianos de vacuno no han recibido ayudas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), como sí lo han hecho los de otras comunidades autónomas. Tampoco han percibido nada los apicultores valencianos por los daños del abejaruco ni por la invasión de un nuevo depredador foráneo la Vespa velutina que pone en evidencia que las administraciones no hacen su trabajo y, después las pérdidas las soporta, en este caso el apicultor.
En el segundo semestre de este año, España ha ostentado la presidencia de la Unión Europea, una oportunidad para introducir en el discurso político europeo todos aquellos problemas y las soluciones para el sector agrario español y valenciano, pero que ha pasado con “más pena que gloria”.
Incendios y quemas agrícolas
Ese calentamiento global, con temperaturas más elevadas y paisajes más secos, acelera sin duda la proliferación de incendios forestales y además fuera incluso del periodo estival como son los de este año en el Alto Mijares en el inicio de la primavera o el de mitad de otoño en la Vall d’Albaida y la Safor. La Unió apuesta por mantener e incentivar la actividad agraria en las zonas rurales de interior como medida necesaria para la prevención de incendios pues el abandono de esta sirve de combustible para expandir las llamas. También reclama ayudas para que las personas agricultoras y ganaderas afectadas por esos incendios puedan regenerar sus explotaciones.
En relación con las quemas agrícolas, La Unió propone que el período de autorización de las quemas agrícolas y márgenes se adapte a la realidad agrícola de cada año según las necesidades y circunstancias meteorológicas y no con fechas fijas por ser un sistema obsoleto de control de los incendios.
Grandes proyectos fotovoltaicos
La concentración de instalaciones fotovoltaicas en grandes plantas en suelo agrícola o forestal es una clara agresión al mundo rural que pone en peligro una importante superficie de terrenos agrícolas en plena producción, además de aniquilar la forma de vida de las personas que tienen su proyecto vital en estas zonas. La organización insiste en que se priorice el autoconsumo energético en los tejados de las zonas urbanas, en los polígonos industriales, en zonas degradadas y en infraestructuras o edificios de propiedad pública en las zonas demandantes de energía para no destruir el territorio rural.
Fauna salvaje
La presión cinegética por numerosas especies, sobre todo jabalíes y conejos, es elevada y por ello La Unió sigue reclamando medios y propuestas eficaces para controlar y reducir esta proliferación hasta niveles sostenibles para el medio, ya que los agricultores sufren un sobrecoste desmesurado. Resaltar asimismo las imágenes idílicas y las numerosas visitas de estos días al Parc Natural de la Albufera para ver la presencia de cerca de 28.000 flamencos en sus aguas, una estampa bonita y colorida, pero a costa de los daños que padecen los arroceros luego en su cultivo que siguen sin ayudas para compensarlos.
La problemática de la fauna salvaje se agrava aún más en zonas de seguridad donde no se puede cazar y allí donde los cultivos se abandonan por falta de rentabilidad, y ahí es donde la Administración ha de actuar de forma coordinada y urgente porque es uno de los principales focos de aumento de la fauna silvestre. Tampoco la actual línea de seguro por daños cinegéticos cubre las necesidades del sector y resulta al final dificultosa e inviable para indemnizar la muerte por ejemplo del arbolado. Resaltar por tanto la casi inexistente acción de la Administración en este asunto para adoptar medidas o iniciativas que contribuyan a reducir o paliar los daños en el sector agrario.
Algunos éxitos
Algunos éxitos que podríamos destacar de este 2023 que concluye son que la empresa pública de la Generalitat que gestiona las parcelas expropiadas a agricultores para la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt retirara los recursos y aceptara el precio impuesto por el Jurado Provincial. Todo ello tras varias protestas de La Unió junto a los afectados.
También mencionar la sentencia del Tribunal Supremo que tumba el recurso de la DO Cava y autoriza a usar el nombre de Cava de Requena al cava valenciano, una reivindicación histórica del sector.
Hay que destacar también el rechazo del Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión del reglamento que pretendía imponer la reducción a la mitad de los productos fitosanitarios para la protección de los cultivos contra enfermedades y plagas. En este sentido, reseñar así mismo la decisión de la Comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo de rechazar la propuesta de la Comisión para aumentar en los arroces importados el nivel máximo de residuos (LMR) de 0,01 a 0,09 mg/kg del Triciclazol, una materia fitosanitaria que está prohibida en los arrozales valencianos.
LA UNIÓ realizó a finales de marzo un gran despliegue ante las instituciones europeas con la presentación de un exhaustivo informe acerca de las detecciones de pesticidas en productos procedentes de Egipto y Turquía. Fruto de este informe, que fue presentado ante la Comisión Europea y a los eurodiputados españoles, se logró que en junio la Comisión Europea incrementase del 20% al 30% la frecuencia de los controles físicos y de identidad para las naranjas procedentes de Egipto.
De gran éxito hay que calificar las II Jornadas Citrícolas de la Plana de La Unió celebradas en Vila-real, celebradas en dos sesiones con más de 200 personas asistentes y una gran calidad de las ponencias, destacando la clara orientación de estas hacia las necesidades de los productores citrícolas.
A nivel organizacional, hay que destacar así mismo en clave interna la reelección de Luis Javier Navarro, vicesecretario general de La Unió, en la comisión ejecutiva de nuestra organización estatal Unión de Uniones, tras su IV Asamblea que tuvo lugar en el mes de febrero y donde se puso en evidencia la falta de sensibilidad y de espíritu democrático del ministro de Agricultura, Luis Planas.
La Unió anima a los consumidores durante estos días y durante todo el año a adquirir productos de proximidad que tienen una calidad y una seguridad alimentaria contrastada. Sobre estos productos, hay que destacar que el trabajo de La Unió ha posibilitado la aprobación de un Reglamento de calidad del tomate valenciano para la distinción con la marca de calidad CV.
Retos para 2024
En 2024 se estará muy pendiente de ver cómo afectan los conflictos bélicos en la escalada de los costes de producción. A la guerra en Ucrania se suma ahora la tensión en el Mar Rojo con la invasión de Israel en la franja de Gaza que tanta inestabilidad está creando en esta zona tan sensible.
También habrá que comprobar la afección del acuerdo provisional del Consejo y Parlamento sobre la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales que podría expulsar de la producción a miles de granjas avícolas y porcinas de mediano tamaño que no serán capaces de asumir las exigencias que se les aplicarán. Al mismo tiempo, estaremos observantes ante la evolución de la conocida como Ley de la restauración de la naturaleza para que una legislación europea tenga, una vez más, efectos perversos sobre la actividad agraria.
Tenemos otro año electoral con comicios europeos que es donde se debaten y aprueban buena parte de las políticas agrarias que nos competen. Pedimos que no se use al sector agrario como herramienta de confrontación política y que los programas electorales de los diferentes partidos contemplen propuestas en beneficio de las personas agricultoras y ganaderas que sean efectivas, reales y sobre todo mesurables.
Desearíamos que este año se reduzcan todavía más los robos de cosechas en las explotaciones agrícolas porque a pesar de su descenso, todavía se producen un total de 3 al día en la Comunitat Valenciana con datos de las denuncias presentadas, por lo que el número es superior ya que lamentablemente no todos los robos son denunciados.
La Unió seguirá trabajando en este nuevo año para que la IGP Turrón de Jijona y Turrón de Alicante introduzcan la referencia al origen de sus materias primas, como es el caso de la almendra o la miel.
La organización también pide, sobre todo a la Conselleria de Agricultura que tiene las competencias en esta materia, que en 2024 haya un mayor relevo generacional en el campo valenciano con la incorporación y permanencia de cada vez más jóvenes, así como que las mujeres entraran de una forma más decidida en la titularidad compartida de las explotaciones porque no es de recibo que solo haya dadas de alta en la Comunitat Valenciana 19 mujeres. También trabajará para que se rebajen los módulos fiscales agrarios del IRPF para compensar las pérdidas.
