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La Unió de Llauradors, tras un primer análisis del presupuesto destinado al Ministerio de Agricultura, constata la continuada pérdida de peso de esta sección con respecto al conjunto de los presupuestos de otros ministerios.
El programa de previsión de riesgos en el sector, en el que se incluye como partida más significativa la ayuda a los seguros agrarios, mantiene en 2017 su presupuesto con los recortes ya anunciados en su día y un volumen de 211,2 millones de euros, lo que provoca el recorte de un 45% de media de esas subvenciones y un paso atrás muy grave en la política de apoyo al mejor instrumento de compensación de rentas que tienen los agricultores.
“El seguro agrario es la única herramienta de estabilización de ingresos de la que disponen los agricultores y ganaderos para hacer frente a los posibles riesgos climáticos y sanitarios no controlables que puedan afectar a la actividad agraria”, aseguran fuentes de La Unió y por ello no puede verse menguado el apoyo público a ese instrumento de consolidación de los ingresos de los productores.
Habrá que ver los datos de contratación del seguro de frutales o el de uva de mesa aún en contratación y sobre todo el de cítricos que se acaba de iniciar, el más importante sin duda en la Comunitat Valenciana, pero cabe esperar un fuerte impacto en la suscripción de pólizas, tal y como ya ocurrió en 2013 cuando se produjo un fuerte recorte también de las ayudas.
Aparte de los seguros cabe resaltar el recorte de los gastos operativos del Ministerio de Agricultura en un 1,9% hasta situarse en los 8.558 millones de euros, de los cuales sólo 1.684 millones de euros, un 19,7 %, corresponden a aportaciones del Estado, dependiendo el resto, en su práctica totalidad, de las contribuciones de la Unión Europea tanto del FEAGA para la política de mercados agrarios, como del FEADER, para las medidas de desarrollo rural.
Los recortes en los capítulos operativos del Ministerio se producen en casi todos los programas y destaca especialmente los 144,1 millones de euros menos en regulación de los mercados agrarios (-2,5), como consecuencia de la menor previsión de ayudas de la PAC; los 127,2 millones de euros menos (-13,7%) de los programas dedicados a la política del agua (regadíos, ordenación, infraestructuras y calidad del agua) por la caída de los capítulos de inversiones reales; así como las reducciones, también importantes, de 25,8 millones de euros en protección y mejora del medio natural (-15 %) y de 23,3 millones de euros en actuaciones para la prevención de la de los programas de la contaminación y el cambio climático (-58,3%).
El único programa que aumentaría de manera significativa es el correspondiente a Desarrollo Rural, que crecería un 17,4%, hasta alcanzar los 1.209,4 millones de euros, o 179,4 millones más de lo presupuestado en 2016. Obedece a la previsión del Ministerio de Agricultura de un notable incremento de la ejecución de las medidas del PDR por parte de las Comunidades Autónomas, que redundaría en unas transferencias del FEADER a las mismas de 1.073,6 millones de euros, es decir, 206,7 millones de euros más que la previsión inicial de 2016. “Se trataría de una previsión poco realista, habida cuenta de que las transferencias del Ministerio a las CCAA con fondos propios para responder a la cofinanciación de los PDR regionales se reducen en 16,5 millones de euros, hasta colocarse en unos 103 millones.” -afirman desde La Unió- “Esto quiere decir que el Ministerio prevé que las Comunidades ejecuten un 24 % más de gasto de los PDR, con una aportación un 14 % menor del Ministerio de Agricultura, un escenario bastante negativo para ello si pensamos en el grado de ejecución del pasado ejercicio” – añaden.
Por otro lado, además, las previsiones de ingresos procedentes de Bruselas, con las que se responden a esos gastos, el Ministerio tiende a sobredimensionarlas. De hecho, en el conjunto del período 2010-2016, las previsiones presupuestarias han estado 1.046 millones de euros y 2.461 millones por encima de la realidad en el caso del FEAGA y el FEADER respectivamente.
Una vez que se disponga de un estudio más detallado del presupuesto, la Unión de Uniones -organización estatal donde se integra La Unió de Llauradors- solicitará reunirse con los grupos parlamentarios al objeto de presentar sus observaciones y propuestas durante la tramitación parlamentaria del mismo.
