Este tipo de explotaciones produce, a juicio de La Unió, "graves afecciones medioambientales, como alteraciones de los usos del suelo y de la masa vegetal del terreno al que afecta la explotación y producen también una alteración de los drenajes naturales de las aguas superficiales y subterráneas.
La Unió de Llauradors ha reclamado a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, a través de un escrito presentado en la Dirección Territorial de Castellón, formar parte del expediente que la empresa Herederos Enrique Climent Mingol C.B tramita para unas concesiones mineras en los términos municipales de Cabanes y Torreblanca. Esta empresa "pretende que se dé trámite" a las autorizaciones ambientales integradas en las concesiones mineras Santa Ofelia nº. 1901, ampliación a Santa Ofelia nº. 2063 y S. Enrique nº. 1989; sobre las que La Unió ya presentó en abril del pasado año alegaciones individuales de los afectados, pero "de las que no se tiene respuesta a las mismas".
Según La Unió, "en vista de todo lo anterior y del oscurantismo con que se lleva el tema, pretende conocer el expediente a los efectos de poder presentar nuevas alegaciones, proponer actuaciones, contestar o impugnar tanto escritos como alegaciones de parte e incluso llegado el momento, resoluciones administrativas en caso de no considerarlas ajustadas a derecho". El proyecto de extracción minera de turbas está dentro del parque natural del Prat. Las minas tendrían una extensión de 4,5 x 1,5 km2, de los cuales la mitad aproximadamente "afectarían a terrenos de cultivo (marjal, cítricos y hortalizas)". Los afectados se quejan de nadie les había comunicado que su explotación agrícola se encontraba desde el año 1964 dentro de las concesiones mineras promovidas por 'Herederos de Enrique Climent Mingol C.B'. Dichas parcelas, de titularidad privada, no han cedido derecho alguno sobre las mismas ni han sido objeto de ocupación o expropiación en legal forma, "por lo que consideran que no pueden incluirse las mismas en un coto o concesión minera del que son ajenas sin ni siquiera solicitar permiso, traslado de dicha inclusión al propietario de la parcela, ni emitir comunicado ni notificación alguna de la afección".
Salinización
Este tipo de explotaciones produce, a juicio de La Unió, "graves afecciones medioambientales, como alteraciones de los usos del suelo y de la masa vegetal del terreno al que afecta la explotación y producen también una alteración de los drenajes naturales de las aguas superficiales y subterráneas. Los movimientos de tierras afectan además de forma incuestionable a la estabilidad del terreno y constituyen normalmente el inicio de procesos de erosión, sedimentación y, en algunos casos, incluso de inundación que pueden afectar a las fincas limítrofes". Otro punto a tener en cuenta es la salinización de los acuíferos existentes por la intrusión marina que producirá la rotura de sellos impermeables del terreno que actualmente frenan las aguas marinas, lo que conllevaría la modificación del límite de la zona marítimo/costera con el consiguiente perjuicio para propietarios y municipios. Por ello, La Unió "insta a que se solicite un informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la contaminación y los problemas de salinización de los acuíferos que producen dichas extracciones".
Por último, La Unió señala que parece "probable la alteración del equilibrio orgánico del suelo como consecuencia del deterioro de la vegetación y la evidente producción de contaminación atmosférica por polvo y partículas en suspensión, debida a la extracción del mineral, la circulación de maquinaria y vehículos y a las operaciones de movimiento, carga y descarga de los materiales extraídos y los de deshecho". Además, se circula por vías pecuarias y caminos rurales con vehículos que superan las 25 toneladas, destruyendo pavimentación de los mismos afectando a circuitos cerrados de aguas de riego de comunidades de regantes.
