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La Unió de Llauradors i Ramaders, tras una detallada valoración del Presupuesto General del Estado destinado a la agricultura y la ganadería así como de otras actuaciones relacionados con la actividad en el medio rural, está trasladando estos días a los grupos parlamentarios, a través de su organización de ámbito estatal La Unión de Uniones, su absoluto rechazo a los recortes del proyecto de cuentas del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) para 2017. Estas quejas se suman a la insultante reducción de los módulos fiscales para el sector agrario valenciano del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro.
La Unió, quien ya mostrara su malestar por la continua reducción del esfuerzo público que está experimentado la agricultura y la ganadería en una primera valoración, pone en evidencia que este recorte es de casi un 30% respecto a 2009 y es el presupuesto más bajo de la sección Agricultura desde esa fecha.
En este sentido, la organización pone de manifiesto, una vez más, la pérdida de peso y relevancia para la Administración, que representa sólo el 2,14% del total de los Presupuestos presentados, habiendo recortado en 16 de los 19 programas de actuación del MAPAMA.
Así mismo, La Unió denuncia que, si bien el Estado aportaba hace unos años más del 30% del presupuesto, siendo éste completado con fondos comunitarios, en la actualidad la aportación estatal es de sólo el 19,7%. Este hecho, unido a la baja ejecución de ejercicios anteriores -que deja en entredicho el grado de cumplimiento del presupuesto que ahora se presenta- así como la permanente caída de las inversiones reales que acumula un 60% de bajada en los últimos años, deja al Ministerio sin prácticamente política agraria en todo aquello que no decida y financie Bruselas, con la excepción de los seguros agrarios, cuyo crédito se reduce respecto del gasto real del último año, tal y como ya ha venido denunciando en diversas ocasiones esta organización profesional agraria desde el pasado mes de octubre. La Unió apunta que algo similar también ocurre con la mayoría de las partidas destinadas a la conservación del medio ambiente, cambio climático y agua.
Estos motivos, y otros analizados exhaustivamente en un documento presentado a los grupos políticos en las reuniones mantenidas, harían el proyecto de presupuestos de agricultura merecedor de un rechazo general.
Propuestas de enmienda: Aumento de recursos para la AICA, seguros agrarios, controles sanitarios e innovación en explotaciones agrarias.
En el marco del trámite parlamentario, La Unió junto con el resto de organizaciones de ámbito autonómico que conforman la Unión de Uniones, han elaborado y presentado a los grupos una serie de propuestas de enmienda sobre algunos de los asuntos que la organización considera claves para dotarles de mayores recursos.
Entre estas propuestas destacan aquellas que tienen incidencia directa en la agricultura y ganadería de la Comunitat Valenciana como la mayor asignación de presupuesto a la Agencia de Información y Control Alimentarios para que puedan desarrollar una mejor labor de vigilancia y observación del comportamiento y prácticas dentro de la Cadena Alimentaria, así como un aumento importante del presupuesto de ayudas al Seguro Agrario que evite su encarecimiento y la bajada de la contratación de pólizas.
También reclama la organización subir la asignación a los controles sanitarios a la fauna silvestre de cara a frenar los contagios a la ganadería, especialmente en el caso de la tuberculosis bovina y la inversión en prevención y detección inmediata de la Xylella fastidiosa y la prevención de entrada de otras plagas y enfermedades como el Greening o la Mancha Negra, presente esta última en la citricultura sudafricana con la que se ha firmado un nefasto protocolo para los intereses de la citricultura valenciana en particular y española en general.
La Unió ha propuesto igualmente que el dinero que dejarán de recibir los agricultores y ganaderos al rebajar la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos, que puede estimarse en unos 19 millones de euros, retorne a los profesionales agrarios, mediante la constitución de un fondo para apoyar la innovación en las explotaciones agrarias y atender contingencias extraordinarias como la de sequía y otras catástrofes climáticas o crisis sanitarias.
En otro orden de cosas la organización solicita el IVA reducido de los insumos agrarios - al ser necesarios para la producción de alimentos- y en relación al IBI Rustico se insiste en la necesidad de una adecuación que permita una tributación justa y equitativa de las construcciones agrícolas.
Finalmente, La Unió se reserva una enmienda al articulado que posibilite la celebración de la consulta electoral para definir la representatividad de las organizaciones agrarias, tal y como recoge la Ley 12/2014, que sigue paralizada por el Ministerio.
La organización tiene conocimiento de que varias de sus propuestas han sido recogidas por algunos Grupos Parlamentarios y confía que cuenten con el respaldo suficiente para ser incluidas en la redacción final de la Ley de Presupuestos.
