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El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha aprobado una modificación puntual en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, la número 17, para rebajar el tamaño mínimo de las parcelas del Polígono Industrial. Concretamente, la corporación municipal ha aprobado la solicitud de inicio del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, el borrador del plan y el documento inicial estratégico para que el suelo mínimo de los solares de las unidades de ejecución de la 1 a la 7 pasen de los actuales 100.000 metros cuadrados de extensión a 15.000 metros cuadrados.
De este modo, la dimensión de las parcelas serán 5.000 metros cuadrados inferiores a las de la resolución que ya fue aprobada en el pleno de diciembre, momento en el que se acordó que las parcelas fueran de 20.000 metros cuadrados. La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, ha explicado que, el motivo de este cambio, se debe a que “con esta nueva reducción garantizamos la ocupación de los terrenos por parte de las empresas, ya que se ajustan mucho mejor a las demandas recibidas en este Ayuntamiento”.
Hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dio la razón a un grupo de denunciantes propietarios de terrenos en la únidad de ejecución número 5 sobre los que se ejecutó posteriormente el Polígono Industrial de Vall d’Alba, elevando el pago de las cuotas que debían recibir en compensación, un proceso que han de satisfacer las empresas instaladas en esta infraestructura según el acuerdo que en su día aprobó el equipo de gobierno con las empresas que adquirieron suelo en el Polígono. De esta manera, se facilita que las compañías que compraron suelo y aún está vacante puedan enajenarlo, de manera más fácil y, por tanto, puedan cumplir con sus obligaciones legales.
Por lo tanto, la nueva resolución del equipo de gobierno tiene una doble finalidad: facilitar la implantación de pequeñas y medianas empresas en el ámbito del Polígono Industrial, dinamizando la actividad económica local; y, en segundo lugar, facilitar a las empresas condenadas al pago de la sentencia judicial por la unidad de ejecución número 5 la venta de terrenos vacantes de su propiedad para atender el pago de las cuotas de urbanización derivadas de la misma.
