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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social obliga al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó a pagar 150.000 euros por la ordenanza que aprobó el anterior Equipo de Gobierno del PP que establecía la obligatoriedad de realizar trabajos a cambio de recibir ayudas económicas individuales para cubrir necesidades básicas.
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales, Antoni Llorente, ha explicado que esta situación viene de una inspección de trabajo que se realizó en marzo del año pasado y que ahora nos pide que demos de alta en la Seguridad Social a todas las personas a las que el anterior equipo de gobierno obligó a hacer estos trabajos".
Actualmente se están tramitando los expedientes de contratación de unas 500 personas, "con la carga de trabajo que eso conlleva para los departamentos de Personal y de ámbito social", tal y como ha señalado Llorente, quien ha añadido que este es "un nuevo empastre que ha dejado el PP y que ahora deben asumir todos los valleros y valleras".
El edil ha recordado que la aprobación de esta ordenanza durante la anterior legislatura "se alargó durante un año, precisamente porque había mucha controversia al respecto y tanto el PSPV como EU, que entonces estábamos en la oposición, votamos en contra porque había cuestiones de dudosa legalidad".
Entre ellas ha citado que se obligara "a las personas que recibían una ayuda social a hacer una contrapresentación, en lo que consideramos que es una concepción política equivocada de lo que son estas prestaciones económicas, un derecho fundamental para cubrir necesidades básicas".
Además, Llorente ha afirmado que el Partido Popular pidió "hasta siete informes, porque querían aprobarlo costara lo que costara". Así, una vez finalicen todos los trámites para regularizar la situación de las personas afectadas, el actual equipo de gobierno pedirá responsabilidades políticas.
Cabe recordar que una de las primeras decisiones del actual equipo de gobierno progresista fue "suspender la obligatoriedad de realizar estos trabajos sociales", ya que estas ayudas "de baja cuantía y que se conceden durante un periodo de tiempo limitado" no son "fáciles de conseguir y hay que seguir un proceso y unos trámites".
Posteriormente se modificó la ordenanza reguladora para eliminar definitivamente esta obligación, aunque "sí que exige a los beneficiarios seguir un plan de inserción social y buscar empleo de manera activa". Y en el caso de familias con hijos "se hace un seguimiento para que no se produzca absentismo escolar". Además se ha eliminado el requisito de estar empadronado como mínimo un año para optar a las ayudas.
