Muchas familias valleras se beneficiarán de las distintas bonificaciones fiscales que prevé el consistorio, entre las que destacan las 2.526 familias valleras se beneficiarán de las bonificaciones fiscales por ser familias numerosas, pensionistas o minusválidos.
El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó bonificará durante el ejercicio actual 1.163.490,14 euros a las familias valleras en tasas e impuestos municipales, de los cuales 231.575,25 euros corresponden a las familias numerosas, pensionistas o minusválidos.
Lla portavoz municipal, Elena Vicente-Ruiz, ha explicado que el Ayuntamiento bonificará a un total de 123 familias numerosas el Impuesto de Bienes Inmuebles; a 1.353 pensionistas se les aplica la tarifa reducida en la tasa municipal de la basura; y a 1.050 personas con algún tipo de minusvalía se les bonificará en su totalidad el impuesto sobre vehículos.
Vicente-Ruiz ha asegurado que “la oposición dice que presionamos con impuestos a la ciudadanía y la realidad es que aplicamos ciertos beneficios fiscales a las familias que tienen una circunstancia particular, como son las familias numerosas, los pensionistas o los minusválidos, o por domiciliaciones, entre otros”.
“Un ejemplo –ha afirmado la portavoz- de que no estamos por la labor de presionar a los ciudadanos es que en 2014 los valleros no van a pagar la tasa municipal de la basura y hemos solicitado una nueva revisión catastral para que el recibo de la contribución deje de incrementarse”.
Elena Vicente-Ruiz ha recordado que fue el ex alcalde del PSOE, Josep Tur, el que pidió en 2004 la revisión catastral al alza y que “ha sido el actual alcalde, del PP, Óscar Clavell, el que el pasado 20 de febrero solicitó una nueva ponencia de valores para evitar que el recibo continúe aumentando hasta 2017 como sí haría si gobernara PSOE e IU”.
Ordenanza general de recaudación
Asimismo, otra de las medidas que adoptará el gobierno de Óscar Clavell es modificar la ordenanza general de recaudación para que el Ayuntamiento no cobre la plusvalía a las familias que han sido desahuciadas o que hayan gestionado una dación en pago; y evitar que se llegue a la subasta de la vivienda de aquellas familias que con un informe de servicios sociales se acredite que están atravesando una situación económica extrema. “Esto es estar al lado de los ciudadanos”, ha explicado Vicente-Ruiz.
