Castellón Información
El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó pondrá en conocimiento de la Fiscalía unas presuntas actuaciones irregulares que afectan al anterior equipo de gobierno por su decisión de eximir al centro de colombicultura de la partida Casanya del pago del canon anual que tenía que pagar por el aprovechamiento de terrenos no urbanizables.
El segundo teniente de alcalde y concejal de Deportes, Jordi Julià, ha explicado que esta situación “supone un perjuicio para las arcas municipales, porque se han dejado de ingresar 20.000 euros por la firma del anterior alcalde, Óscar Clavell”.
En este sentido, ha señalado que como concejales “debemos anteponer los intereses de todos los valleros y valleras” y ha reiterado que para el actual equipo de gobierno “todos somos iguales ante la ley y actuamos con seriedad, sin hacer favores a amigos”.
Cronológicamente, esta situación empezó en enero del año 2000, cuando la Dirección General de Urbanismo, que depende de Conselleria, fijó un canon para autorizar la caseta del centro de colombicultura. Esta cantidad ascendía a más de 400.000 pesetas anuales (equivalentes a 2.412,43 euros).
En el pleno del 22 de octubre del 2001 se modificó esta cantidad a 68.000 pesetas (412,11 euros). Pero, tal y como ha asegurado Julià, “no consta en ningún lugar que desde el Ayuntamiento se informara a Conselleria, que es el órgano competente, de este cambio”. Por ello, legalmente “seguía vigente el canon anterior de 2.412,43 euros”.
Estos hechos “quedaron en el limbo” hasta el 18 de julio del 2011, cuando en junta de gobierno el anterior equipo de gobierno decide aprobar las liquidaciones del canon correspondientes a los años 2000 hasta 2011 a razón de 2.412,43 euros al año”.
El 19 de septiembre en una nueva junta de gobierno “rectificaron y decidieron que desde el 2000 al 2011 pagaran solo 4.533,21 euros en total”. El expediente quedó paralizado casi un año y el 17 de junio del 2012 “acuerdan estudiarlo sin hacer más especificaciones”.
El 5 de julio del 2012, el entonces alcalde, Óscar Clavell, firmó una providencia en la que anulaba ordenar el cobro del canon de estos 11 años. Es decir, “perdonaba los impuestos” a esta entidad. Julià se ha preguntado el motivo por el cual “tomó esta decisión arbitraria”, ya que “todos los valleros y valleras pagamos IBI y las empresas afincadas en la Vall d'Uixó pagan sus impuestos”.
En la documentación aportada al funcionario que ha realizado el informe sobre esta esta cuestión se recoge una anotación manuscrita que señala que: “Se hizo decreto de anulación de la deuda, sin informes, D. 1735/12, tras haber levantado el embargo”.
De esta manera, ante estas supuestas irregularidades que “no están justificadas con ningún informe”y que suponen que “algunas liquidaciones hayan prescrito” el actual equipo de gobierno llevará a la autoridad judicial competente esta cuestión.
