Simó intentó ‘arreglarlo', certificó que hay una investigación y dijo que se ha trabajado mucho con pocos resultados
El pleno sin contenido del Ayuntamiento de Castellón se transformó en una bomba cuando la concejal de Vivienda de Podem (Confluencia de Podem, CseM y EU) declaró públicamente que la inactividad en la vivienda social había sido absoluta en la legislatura anterior (en la que la responsabilidad fue de Ali Brancal, de Compromís), y que, según los vecinos, se vendía droga en ellas. Garrido se confesó inexperta y no quiso ampliar la información después, y el portavoz del Gobierno, Rafa Simó, intentó arreglar las cosas y certificó que se había puesto el tema en manos de la Policía Nacional.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El Ayuntamiento de Castellón celebró el pleno ordinario correspondiente al mes de agosto con del orden del día que apenas despertaba interés por su contenido. Pleno rápido, con poca historia, que se animó al final, cuando un ruego de la oposición estalló como una bomba.
En el turno de Ruegos y Preguntas, la portavoz del Grupo Popular, Begoña Carrasco, preguntó por el tema de la vivienda social y los desahucios, con el objetivo de poner en entredicho el trabajo realizado por el equipo de Gobierno. El PP calificó de fracaso la política de la vivienda social después de que los dos últimos concursos para comprar vivienda de segunda mano hubieran quedado desiertos.
A buen seguro que el GMP quería hacer daño, pero no imaginó lo que se desencadenaría a continuación. A saber, sobre este tema salió a responderles la concejal de Vivienda, Mª Jesús Garrido, que se estrena en esta legislatura.
Garrido, conocida por sus reivindicaciones en la Plataforma Anti-Desahucios (PAH), militante de Castelló en Moviment, y miembro de Podem, que ahora forma parte del Gobierno municipal, subió al estrado con la artillería cargada. Desde el mes de junio Garrido lleva el tema de Vivienda, ha pasado del movimiento social reivindicativo a la gestión municipal y es la primera vez que intervenía en un pleno (tampoco le había dado de tiempo a más).
Y no se anduvo por las ramas. Afirmó, con rotundidad, que antes, hasta ahora no se había hecho nada, tampoco en la legislatura anterior. Que desde su departamento no tenían información ni sobre los contratos, ni sobre el estado de las viviendas sociales municipales, ni quién las ocupa ni en régimen de qué tipo de concesión (lo mismo que pregonó la alcaldesa Amparo Marco y el equipo de Gobierno en el 2015)
Y más aún, mientras Ignasi Garcia ponía los ojos en blanco, Verónica Ruiz se exaltaba y el portavoz del equipo de Gobierno sonreía y no sabía donde mirar, Garrido fue todavía más contundente al afirmar que la situación es de tal calibre, que incluso los vecinos han denunciado la venta de droga en estas viviendas municipales.
Puede imaginarse la repercusión de las declaraciones de Garrido, que el PP saboreó con satisfacción, mientras los periodistas afilaban la mirada, recorrían las caras de los concejales con los ojos y se alteraban en su particular gallinero de observación.
Con esta intervención se ponía de manifiesto que, según la nueva concejal de Vivienda, su antecesora, Ali Brancal no había dado un paso hacia ninguna parte. Ponía sobre la mesa una irregularidad completa en torno a la gestión de las viviendas municipales y, más aún, la existencia de investigaciones por venta de droga en pisos del Ayuntamiento.
Tras esta ‘bomba’ y sin otras intervenciones, la alcaldesa levantaba la sesión. Compromís quedaba desacreditado en su gestión de la legislatura anterior en vivienda, y los periodistas querían datos.
Inicialmente Garrido se mantuvo en sus trece, y dijo que no se desdecía sobre nada de lo afirmado.
Su asesor de comunicación sudaba e intentaba reconducir el tema de la concejal o más bien retirarla del alcance de los periodistas. Y finalmente, tras algún intercambio de palabras con su asesor y sus compañeros de Gobierno, Garrido se cerraba en banda a dar detalles y reconocía que por su falta de experiencia había podido meter la pata.
Pero el daño ya estaba hecho. ¿Cuántas viviendas municipales tenía el ayuntamiento? ¿En cuántas de ella se había denunciado la venta de droga? ¿Quién está investigando el tema y de qué manera?
A lo hecho pecho y sin otras alternativas, la única salida de Podem fue desviar la atención y dejar en manos del portavoz del equipo de Gobierno, Rafa Simó, una declaración oficial que apaciguara a la ‘canallesca’ de la prensa y cerrara, en lo posible, las heridas abiertas sobre la conexión e los tres grupos del Acuerdo de Fadrell.
Y es que se había liado muy gorda. En la anterior legislatura CseM podía atacar al PSOE y Compromís porque no formaba parte del Gobierno, aunque hubiera firmado el Pacto del Grao. De esta forma, CseM podía nadar y guardar la ropa.
Pero ahora, que uno de los tres grupos del Acuerdo de Fadrell, que forma parte del Gobierno municipal, acusara a su antecesora de Compromís de una nefasta gestión en Vivienda ponía a PSOE y Compromís en una situación poco masticable. Y que hubiera afirmado que se vendía droga en estas viviendas… ¿Cómo se podía arreglar la situación?
Arreglo no había mucho, aunque Rafa Simó lo intentó de todas formas posibles mientras el asesor de comunicación de Podem se desvivía para modificar ‘la memoria histórica’ de los últimos minutos. Es uno de esos momentos en los que más de uno piensa en lo acertado que sería poder rebobinar en el tiempo y borrar de cuajo la última media hora…
Rafa Simó intentó quitar hierro al asunto. Manifestó su reconocimiento al trabajo y el esfuerzo realizado por Ali Brancal, ex concejal de Compromís durante la anterior legislatura al frente de Vivienda.
Admitió, porque no podía negarlo, que el tema de la vivienda social había resultado mucho más duro de lo que se había pensado cuando PSOE y Compromís accedieron al Gobierno de la ciudad.
También aceptó y confirmó, que se había dado parte a la Policía Nacional cuando se había tenido conocimiento, a través de unos vecinos, de que se podía estar utilizando la vivienda social municipal para vender droga. Aunque sobre el particular no quiso entrar en detalles.
Y, finalmente, intentó blanquear la imagen del equipo de Gobierno y del Acuerdo de Fadrell y la gestión de la vivienda al señalar, que había que separar las cosas: por un lado la gestión sobre el tema que había realizado tanto la anterior como la actual concejal de Vivienda y con ellos el conjunto del equipo, y la existencia de un incidente que no puede trasladarse de forma genérica al resto de las viviendas ni a toda la gestión de esta concejalía.
¿Consiguió arreglar las cosas? Pues más bien no. Aunque intentar, lo intentó de lleno.
Lo que se comentó después a los periodistas es que el suceso que investiga la Policía Nacional afecta solo a una de las viviendas sociales municipales.
El pleno ordinario de agosto no tuvo mucho más, dejando aparte una crítica del PP en torno a la falta de información sobre la adhesión municipal a la Unión Iberoamericana Municipalista. El PP acusó la falta de información recibida y la alcaldesa les dijo que habían tenido ocasión de preguntar o de consultar el expediente.
Y la denuncia del GMP de que los dos coches oficiales comprados se adquirieron en precampaña electoral y llevaban escondidos en el garaje varios meses antes de sacarlos a la luz.
