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domingo, 24 de noviembre de 2024 | Última actualización: 12:13

El Ayuntamiento de Vila-real prevé desestimar el pago de 14,3 millones que reclama la propietaria del solar de Fritta

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Clara Parra

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló, el pasado año, las modificaciones de las manzanas 532 y 533 del Plan General de Ordenación Urbana, que corresponden al antiguo solar de la empresa Fritta, por “violar el justo reparto de las cargas y las ventajas del planeamiento”, según reza la sentencia, a la que ni el Consistorio ni la Generalitat decidieron recurrir porque los informes técnicos fueron desfavorables.

Una zona donde el anterior ejecutivo local decidió cambiar la clasificación de suelo industrial a urbanizable para que se construyeran viviendas de hasta veinte alturas pero que los tribunales han desestimado por lo que la propietaria de los terrenos, la rama inmobiliaria del banco Santander, exigió formalmente, este verano, al Ayuntamiento y a la Generalitat, como responsables solidarios, que les recompensase por esta anulación ya que pagaron a precio de suelo urbanizable, alrededor de 26 millones de euros, lo que ahora sigue siendo industrial. En concreto exigen una indemnización de 14.398.144 euros al Ayuntamiento, por iniciar el proceso, y a la Generalitat por dar su posterior aprobación.

Una petición que llegó el pasado mes de junio al Consistorio y que desde entonces la estudian los técnicos y abogados para dar una contestación que todo apunta a que será negativa para los demandantes, según ha dejado entrever el primer edil. “En una o dos semanas dictaremos una resolución al respecto y desestimaremos la petición”, ha anunciado el munícipe.

Su pago, una ruina

Según Benlloch, “creo que tenemos argumentos suficientes para seguir defendiéndonos”, aunque ha querido dejar claro que los responsables  de esta situación en la que ahora se encuentra el Consistorio fueron quienes “votaron a favor”, es decir, el Partido Popular.

El alcalde ha asegurado que el pago de esta indemnización que reclama la propietaria de los terrenos supondría una ruina para las arcas municipales que verían desaparecer de sus presupuestos nada más y nada menos que cerca de 14 millones y medio de euros.