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El Ayuntamiento de Vila-real llevará el lunes al pleno ordinario una declaración institucional consensuada con todos los grupos políticos en contra de la corrupción. La propuesta contempla la obligación de reponer el dinero público de los ciudadanos por aquellos que cometan un delito, así como la actuación inmediata y pública por parte de las formaciones políticas para la separación de responsabilidad y representación de los corruptos, además de la retirada de honores públicos.
El texto también refleja la exigencia de un cumplimiento riguroso de la ley en los mecanismos de control en la gestión de las administraciones públicas, muestra el rechazo de la corporación hacia la corrupción en todas sus formas y la necesidad de luchar contra ella en todos los ámbitos de la vida pública. Además, la propuesta aborda también la necesidad de promover la calidad de la democracia y la defensa del nombre de la sociedad valenciana, atendiendo así a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que ha pedido la unidad del municipalismo valenciano ante los casos de corrupción política que golpean la vida pública y la imagen de los cargos electos.
La declaración institucional califica a la corrupción como “una amenaza para la estabilidad y la seguridad de toda la sociedad valenciana”, al tiempo que destaca que “perjudica a las instituciones y los valores de la democracia y la ética y compromete el desarrollo de nuestros pueblos”. “Es un problema que afecta muy negativamente ante la incomprensible realidad de los que roban el dinero de todos, ante quienes padecen los efectos de una crisis devastadora”, relata.
Por otro lado, el documento recuerda que la FVMP representa a 542 alcaldes y 5.782 ediles, que “trabajan y prestan sus servicios con dedicación y honestidad para mejorar la vida de sus vecinos, en su mayoría sin retribución económica”. “No obstante, la conducta delictiva de algunos supone un atropello al buen hacer público del resto, de la inmensa mayoría”, apostilla. “Las últimas noticias de corrupción afectan de una manera muy negativa a la legitimidad de nuestras instituciones, porque, además de la desvergüenza, se demuestra que han fallado los mecanismos de control de los partidos y de las instituciones. Es el momento, tenemos que actuar, porque los ayuntamientos somos responsables de configurar una administración íntegra, impecable y honrada”, concluye.
