Los menores con denuncias relacionadas con el consumo de sustancias podrán cambiar las multas por prestaciones en beneficio de la comunidad. La concejalía de Servicios Sociales ha elaborado una nueva ordenanza, que se aprobará en el próximo plenario, que permitirá, por primera vez en Vila-real, el cambio de multas económicas a menores relacionadas con consumos por trabajos comunitarios.
La concejala de Servicios Sociales, Mònica Àlvaro, ha presentado esta mañana la nueva normativa, de aplicación local y relativa a las multas que interpone la Policía Local, que incide directamente en la problemática socioeconómica que sufren las familias que han de abonar determinadas cantidades financieras ante una multa relacionada con el consumo de los menores. “Hasta ahora, la familia pagaba la multa y nada más, tal y como se hace en el resto de poblaciones, sin que mediara ningua otra solución. Esto a Servicios Sociales nos preocupa, y más cuando nuestros esfuerzos, especialmente desde el centro Lluís Alcanyís, han estado siempre dirigidos a procurar el bienestar de la ciudadanía”, explica Àlvaro.
“Por eso, y con la finalidad de ofrecer una alternativa a las familias, pediremos en el próximo plenario la aprobación de esta ordenanza, que por primera vez incide en una doble problemática: por una parte, la posibilidad de restablecer un mal causado mediante prestaciones en beneficio de la comunidad y, por otra parte, la posibilidad que se da a las familias y menores implicados de restituir el daño de una forma que no implique gasto económico”, añade la regidora. El cambio de multas por prestaciones, además, incidirá también en la tarea de prevención y “pedagogía” hacia a los menores implicados, para informarles sobre “la nocividad de determinadas sustancias y las consecuencias de su uso”.
Para poder acogerse a esta ordenanza será necesaria tanto la autorización por escrito de los tutores legales del menor, como el consentimiento del propio infractor o infractora, “sin el cual no cabrá la aplicación de la ordenanza”. “Es decir”, puntualiza Àlvaro, “desde el Centro de Día Lluís Alcanyís no se admitirá ningún expediente que no cuente con la voluntariedad de la persona infractora”. La normativa empezará a aplicarse una vez sea aprobada por el pleno y publicada en boletín oficial y en ella se detallarán, de una parte, una serie de prestaciones para la comunidad que los y las menores podrán realizar, pero también la necesaria inclusión en cursos y talleres formativos del centro de día con la finalidad de informar al menor sobre el consumo de sustancias.
“Bajo ningún concepto los o las menores recibirán ninguna aportación económica fruto de su actividad en beneficio de la comunidad”, afirma la concejala, si bien para determinar la conmutación de la multa se establecerá una valoración aproximada de cinco euros por hora. El procedimiento se iniciará cuando desde el centro de día Lluís Alcanyís se informe a los interesados de la posibilidad de adherirse a este programa.
Teleasistencia
Por otra parte, la concejala de Servicios Sociales informa que su departamento seguirá asumiendo la gratuidad del servicio de teleasistencia para los 128 usuarios de la ciudad. De esta manera, la normativa de teleasistencia en la cual trabaja la concejalía queda por el momento aparcada hasta que el departamento pueda recopilar todos los informes y la mayor información posible “que permita elaborar una ordenanza suficientemente amplia como para dar la respuesta que Vila-real merece”. “Nuestros mayores ya están pagando lo suficiente por los pocos servicios públicos que utilizan”, lamenta la edil, en alusión al copago y a la congelación de las pensiones. “No es momento de establecer un precio público en un servicio que le puede salvar la vida a una persona y que, además, permite mantener la autonomía de nuestros mayores”. “Aún así, continuaremos estudiando la mejor manera de regular el servicio en el ámbito municipal y, mientras tanto, garantizaremos la continuación del sistema”, concluye.
