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El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha dado la orden a todos los departamentos implicados para que en un plazo aproximado de mes y medio se liquide toda la deuda acumulada a día de hoy con los proveedores locales. El propio alcalde ha anunciado esta mañana la medida, con la que se pretende dar oxígeno a las empresas locales y recuperar la senda de la estabilidad en el próximo ejercicio "tras el descuadre provocado por el pago, sólo en 2016, de más de un millón de euros en sentencias del PP" y "sobrecostes de las basuras". Con esta decisión, se abonarán en breve 1,1 millones de euros correspondientes a un total de 1.096 facturas.
La liquidación de la deuda con los proveedores, en su mayoría pequeñas empresas locales, será posible gracias a las previsiones de ingresos extraordinarios que maneja el gobierno municipal en base a dos circunstancias: el repunte de la actividad constructora en la ciudad y la sentencia por la que la Generalitat debe abonar al Ayuntamiento los dos millones de euros del convenio de la BUC que el anterior Consell popular pretendió retrasar de manera unilateral. “Son dos situaciones extraordinarias y puntuales, que no evitan que sea necesario el ajuste de la contribución para el próximo año, pero que, sumadas a los resultados del plan de ajuste, sí nos dan al menos unas previsiones de liquidez que nos van a permitir hacer frente a estos pagos”, argumenta Benlloch. El alcalde recuerda, además, que estas facturas pendientes corresponde a gastos “necesarios” para el día a día y el avance de la ciudad que no han podido ser abonados por falta de consignación presupuestaria en una serie de partidas que tuvieron que utilizarse en su día para pagar “las sentencias y bombas urbanísticas de los años de gobierno del PP que nos han obligado también a ajustar la contribución el próximo año”.
Leyenda de las sentencias
En concreto, en el año 2016, las cuentas municipales han tenido que hacer frente al pago de 397.320 euros más intereses correspondientes a sentencias como la del José Soriano y la EOI, cuyo principal, 831.692 euros, tuvo que abonarse a finales de 2015 junto a otros 101.810 euros de sentencias del Madrigal. A estas cantidades, se suma el incremento del coste de tratar las basuras en la planta de Reciplasa, que supone 630.745 euros más, pasando de 1.052.548 euros en 2012 a los 1.602.802 de 2016 o los 1.683.293 euros que costará en 2017, tras otro encarecimiento del 7%. “Otros municipios de Reciplasa han repercutido este incremento en las tasas de basura, pero en Vila-real no tenemos esta tasa. Por eso, ante el encarecimiento de los costes, teníamos dos opciones: crear una nueva tasa o ajustar ligeramente el IBI después de haberlo mantenido congelado y bajarlo un 10% en 2014”, detalla Benlloch.
La menor recaudación derivada de esta decisión, el sobrecostes de las basuras y las “bombas urbanísticas”, agrega el alcalde, “han colocado a Vila-real en importantes dificultades”. “Pero la ciudad no puede dejar de avanzar y queremos seguir consolidando el modelo basado en nuestras pequeñas empresas locales, a las que queremos pedir nuevamente disculpas por los retrasos en las facturas para el que vamos a dar solución en breve”, advierte. De hecho, el primer edil ha informado de que esta misma semana se ha firmado el pago de 900.000 euros y que, en breve, se abonará otro paquete de facturas. El objetivo que se plantea Benlloch es el de poder liquidar toda la deuda con proveedores en un plazo aproximado de mes y medio.