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jueves, 21 de noviembre de 2024 | Última actualización: 19:57

Vila-real aprueba una declaración institucional para que el Consell amplíe la oferta de la Escuela Oficial de Idiomas

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La propuesta del concejal de Hacienda, Javier Serralvo, para que el gobierno central modifique los artículos necesarios del texto de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la Ley General Tributaria y la Ley General de Subvenciones para poder ayudar al pago de los impuestos locales a las personas que están pasando dificultades económicas también ha sido aprobada por unanimidad.“La situación actual dificulta el pago de tributos locales a los vecinos que tiene alguna persona o todas las personas de la familia en paro” ha expresado Serralvo y ha manifestado que “la intención del gobierno local, como administración más cercana, es ayudar a las familias”, aunque ha matizado que “quien realmente tiene competencias para elaborar leyes es el gobierno central”. Por este motivo ha especificado que “no puede ser establecida por una entidad local una ordenanza si no está previamente reconocida en una disposición en rango de ley de subvenciones”.  

El ayuntamiento de Vila-real ha aprobado en el pleno extraordinario una declaración institucional para que la Conselleria de Educación dote de los recursos necesarios para poder ampliar la oferta formativa del aulario de la Escuela Oficial de Idiomas “para que el próximo curso escolar se puedan ofrecer más grupos de nivel básico, intermedio y avanzado en todos los idiomas que son impartidos en el aulario de Vila-real” según ha explicado durante la sesión la concejala de Educación, Rosario Royo.

La edil ha indicado que, cada año, hay más alumnos que quieren cursar estudios en la Escuela Oficial de Idiomas de Vila-real y, por este motivo, “nos parece lamentable que no podamos dar respuesta a toda esta demanda y que los estudiantes no puedan comenzar y finalizar sus estudios en el mismo centro”. En este sentido, la responsable de Educación ha recordado que Vila-real, con casi 51.000 habitantes, tiene la misma oferta formativa que otras poblaciones vecinas con un menor número de habitantes y “por tanto, es discriminatorio  e imprescindible que se aumente la oferta en la ciudad tanto en idiomas como en niveles”.

Otra de las propuestas aprobadas hoy por unanimidad ha sido la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las becas de comedor escolar para poder otorgar ayudas para complementar las becas de comedor concedidas por la Generalitat Valenciana presentada por la concejala de Servicios Sociales, Mònica Alvaro. “A partir de ahora no sólo vamos a sufragar las becas del Ayuntamiento sino que vamos a abarcar todos aquellos casos en los que la Conselleria no pueda asumir el coste íntegro de la beca para asegurarnos que los niños y niñas tengan su comida fija durante todo el curso” ha manifestado durante el pleno la concejala quien ha explicado que se trata de un cambio en la ordenanza “que nos permitirá completar la subvención que no llega a cubrir la Generalitat ya que, por primera vez en la historia, el Consell no da una ayuda al completo, sino que solamente otorga un 70 o un 40%”.

Alvaro ha indicado que “desde Servicios Sociales, nos preocupa qué pasa en aquellos casos en los que la familia no puede asumir el 30% restante” y, por este motivo, ha remarcado la necesidad de cubrir, desde la administración local, a todos los niños y niñas escolarizados en los diferentes centros educativos de Vila-real y asumir el porcentaje que no incluye la ayuda autonómica. “Estamos ante las becas de comedor más ambiciosas puesta en marcha en este Ayuntamiento” ha señalado Alvaro y ha recordado que cuando gobernaba el PP, en 2011, la partida era de 47.459 euros, en 2012 el actual gobierno aumentó la cantidad en 60.130 euros y en 2013 el presupuesto destinado es de 65.000 euros.

También ha sido aprobada, con la abstención del PP, la propuesta del concejal de Cultura, Alberto Ibáñez, para que los miembros de la comisión de investigación sobre la relación contractual entre la empresa PIAF y el Ayuntamiento de Vila-real durante los años de gobierno del Partido Popular se reúnan el tercer miércoles de cada mes a las 14,00 horas. En esta comisión se establece un plazo máximo de actuación para la comisión de 8 meses y prorrogable a cuatro meses si lo solicitan la mayoría de los componentes de la comisión.

Finalmente, y or lo que respecta a las mociones, ha sido aprobada la moción del BNV e Iniciativa en defensa de la denominación País Valencià en la que se insta a las Cortes Valencianas a retirar la norma aprobada por el PP valenciano que impide el uso del término País Valencià así como todas las iniciativas que pretenden dejar de utilizar la denominación País Valencià y no ha sido aprobada la moción del PP para la creación de una línea de ayudas para pagar el IBIU de aquellas personas en situación de desempleo.