La ocupación ilegal de viviendas ya es un problema de primera magnitud para los castellonenses. Día sí, día también, conocemos noticias que alertan de la magnitud de este tipo de situaciones que se convierten no solo en un problema para los propietarios de inmuebles, sino también para la seguridad de los vecinos afectados y la ciudadanía en general, puesto que junto al allanamiento de moradas se producen otras situaciones indeseables, como el tráfico de drogas, peleas, molestias o desperfectos.
Y si no, que se lo digan a los vecinos del Grao, que esta misma semana, para fortuna de ellos, han visto cómo la Policía Nacional ponía fin a la ocupación de una vivienda unifamiliar en el curso de una operación contra los estupefacientes, que ha tenido como resultado el hallazgo de 500 plantas de marihuana. No tienen la misma suerte los vecinos de la urbanización del PAI Lledó de Castellón, que han visto cómo uno de los chalets de la zona ha sido ocupado ilegalmente por unas personas que no solo se han apropiado de un inmueble, sino que también se han conectado a los servicios eléctricos de la comunidad de vecinos, por lo que son doblemente agraviados.
Pero ejemplos hay muchos. En la calle Cerdan de Tallada, en la calle Salamanca, junto al Paseo Morella, en la zona del Raval Universitari… Los datos hablan por sí solos. La ocupación ilegales de casas se duplica en solo tres meses en Castellón. Los casos registrados de enero a julio fueron 182, una cifra próxima a los 224 de todo el año pasado. Es decir, va a más, pero a toda velocidad.
Es un fenómeno que se está dando en todos los distritos de la ciudad y que ha cambiado la casuísticas. Ya no son solo viviendas antiguas del centro o del casco histórico, ni tampoco de las que son propiedad de los bancos. Ahora se dan en viviendas de particulares, segundas residencias… o incluso en adosados de urbanizaciones.
Aquí no valen buenas palabras. Aquí que actuar a todos los niveles. Desde el ámbito local hasta el nivel legislativo nacional. Los que no cumplen la ley no pueden tener los mismos derechos que los que sí la cumplen. Desde el PP hemos solicitado un incremento de la presencia policial de agentes en las calles. Y también hemos propuesto dos iniciativas, instando al gobierno de Amparo Marco a adoptar medidas: ya en marzo de 2022, pedíamos la creación de una oficina ‘antiokupas’, al estilo de la que ha creado el alcalde de Madrid, para ayudar a los vecinos que sean víctimas de un delito de ocupación de sus viviendas a llevar a cabo los trámites administrativos y jurídicos, acompañándoles en todo el proceso. También pedíamos la puesta en marcha de un Plan integral de lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Las dos fueron rechazadas por el gobierno tripartito de PSOE, Compromís y Podemos, que con su voto ya vemos del lado de quiénes están.
Además, instamos a que no se empadrone a ninguna persona por parte del ayuntamiento en un inmueble si no se acredita que este es de su propiedad.
También hemos puesto en marcha una campaña de recogida de firmas, instando al Gobierno de España a modificar el Código Penal y endurecer las leyes, porque el marco legislativo seguirá favoreciendo las ocupaciones de viviendas. Los ciudadanos no pueden estar desamparados.
