Aprobado por unanimidad el Fondo de Cooperación contra la Despoblación, y por mayoría, la financiación municipal, y el apoyo a Muface
El voto discordante de VOX ha vuelto a dar la nota, esta vez en la Diputación Provincial, para impedir una declaración institucional de apoyo al sector pesquero. El pleno provincial ha aprobado por unanimidad el Fondo de Cooperación contra la Despoblación; y por mayoría, la reforma de la financiación local y autonómica, y el mantenimiento de Muface. El último pleno del año ha rechazado con los votos de PP y VOX la moción del PSOE contra la centralización del Sepam.
Último pleno del año en la Diputación Provincial que ha vuelto a evidenciar las diferencias, no solo entre gobierno y oposición, sino entre el grueso de la corporación y VOX.
Un poco menos que en otras sesiones volvieron a escucharse el: ‘ustedes pudieron hacerlo antes’; y un mucho más: “su único objetivo es atacar a Pedro Sánchez”. Aparte de ello, la sesión se desarrolló con ‘normalidad’
En despacho ordinario se aprobó por mayoría la prórroga de cesión gratuita de uso al Consorcio Hospitalario de las 377 plazas de aparcamiento situado junto al Hospital Provincial.
VOX se desmarca del acuerdo de apoyo al sector pesquero
A continuación, se abordó la moción presentada por el Partido Popular en defensa de las reivindicaciones de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón, ante la propuesta de la Comisión Europea para la flota de arrastre del Mediterráneo para 2025.
Aquí, como ya ocurriera el lunes en el Ayuntamiento, VOX se desmarcó del principio de acuerdo adoptado por el resto de los grupos, que pretendían la aprobación de una declaración institucional.
No fue posible. VOX presentaba una moción por su cuenta, que retirada cuando el resto de la Corporación aprobó su acuerdo, pero se negó a plegarse a las demandas de sus compañeros de la Corporación Provincial.
Las razones de VOX entran en las líneas rojas de este partido contra toda política europea que tenga como trasfondo ‘la sostenibilidad’ y los ataques contra los sectores primarios del territorio nacional. Es más, en su declaración, Luciano Ferrer acusó al Parlamento europeo anterior y al actual, de actuar en connivencia de PP y PSOE contra los derechos del sector pesquero. Y sobre esa base, no había discusión posible. No sirvieron de nada las intervenciones de Compromís, de PSOE o de PP, sobre la necesidad de mantener una posición unida; o las acusaciones de intentar sacar rédito político de una medida que supondrá la muerte del sector. Y como dijo Guardiola “tienen la oportunidad de sumarse o quedarse en la barraqueta de su jardín”. Todo fue en vano.
El principal defensor de la propuesta a la que se adhirieron PSOE y Compromís, fue el diputado provincial Andrés Martínez.
En su intervención, Martínez, criticó al ministro Planas (algo que no sentó nada bien al PSOE), por haber afirmado tras la última reunión que apuntilló al sector, el éxito conseguido en la reunión. Manifestó que es mentira que los pescadores de Catellón tengan opción a recuperar un mínimo de 133 jornadas de pesca para poder mantener la rentabilidad. Recordó que durante los últimos años se han reducido de 250 días de jornada laboral a 133, y habló del descalabro económico que supondrá la medida de Bruselas.
Con todo, la moción se aprobó. En ella, la institución provincial insta al Gobierno de España para que interceda de forma inmediata ante la UE para evitar nuevas reducciones de días de pesca para la flota pesquera de arrastre en el 2025, y puedan faenar un mínimo de 160 días, incrementando dicha cifra hasta los 180 días que, según el sector pesquero, son los que dan una viabilidad mínima de subsistencia laboral y económica.
Asimismo, Diputación de Castellón va a solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez la paralización y retraso al año 2030 de la aplicación del Reglamento Europeo sobre la pesca de arrastre para el Mediterráneo y, además de ello, instará a la Generalitat Valenciana a crear una mesa de trabajo conjunta con el ISM y la Federación Provincial de cofradías para buscar una fórmula legal que resuelva la problemática de todo aquel marinero que no llegue a tener el mínimo de días para optar a la ayuda por desempleo.
Carrera Profesional en Diputación
En otro orden de cosas, se aprobó por unanimidad el dictamen del Reglamento de carrera profesional y evaluación al desempeño en la Diputación Provincial de Castellón.
Compromís retiró dos de sus mociones: la que instaba a declarar la emergencia climática de Castellón; y la de apoyo a los municipios afectados por la DANA que incluía la solicitud de dimisión de Carlos Mazón.
Fondo de Cooperación contra el despoblamiento
Ya en despacho extraordinario, se aprobaba por unanimidad el Fondo de Cooperación contra la despoblación, con una asignación de 3,2 millones de euros a repartir entre 88 municipios.
Un importe que se ha incrementado un 63% y suma 4 municipios más con respecto a la convocatoria del 2023.
Según expresaba el vicepresidente y portavoz del Gobierno Provincial, Héctor Folgado, “esta es la mayor aportación al Fondo de Cooperación para la lucha contra el Despoblamiento”. En cifras totales, para el 2024 se destinan 3.193.439,00 euros.
Los 88 municipios beneficiarios tendrán fondos de la Generalitat Valenciana y la Diputación con el objetivo de poder mejorar los servicios y asentar población. Y es que, a la inversión aportada por parte de la Diputación se suma la ayuda procedente del Consell por lo que, el Fondo contra la Despoblación para la provincia de Castellón se incrementa 2,47 millones de euros, pasando de 3.915.903 euros en 2023 a 6.386.875,44 euros en 2024.
Este Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana tiene como objetivo proporcionar a los municipios en riesgo de despoblación recursos financieros suficientes para responder a la necesidad de promover la mejora de la prestación de servicios públicos. Son perceptores los ayuntamientos de los municipios con una población inferior a 300 habitantes y aquellos otros que teniendo una población superior cumplen los requisitos establecidos por la Generalitat Valenciana para obtener la consideración de municipio en riesgo de despoblación. Estos requisitos están relacionados con la densidad de población, crecimiento demográfico, tasa de crecimiento vegetativo, índice de envejecimiento, índice de dependencia y tasa migratoria.
Relación de municipios beneficiados
La relación de municipios de la provincia de Castellón beneficiarios del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra la Despoblación es la siguiente: Aín, Albocàsser, Alcudia de Veo, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Arañuel, Ares del Maestrat, Argelita, Atzeneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Benafigos, Benassal, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Castellfort, Castellnovo, Castillo de Villamalefa, Catí, Caudiel, Cervera del Maestre, Chóvar, Cinctorres, Cirat, Cortes de Arenoso, les Coves de Vinromà, Culla, Espadilla, Fanzara, Forcall, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Geldo, Herbers, Higueras, La Jana, Lucena del Cid, Ludiente, La Mata de Morella, Matet, Montán, Montanejos, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Pavías, Pina de Montalgrao, la Pobla de Benifassà, Portell de Morella, Puebla de Arenoso, Rossell, Sacañet, la Salzadella, Santa Magdalena de Pulpis, la Serratella, Sierra Engarcerán, Sueras, Teresa, Tírig, Todolella, Toga, Torás, El Toro, Torralba del Pinar, la Torre d'En Besora, la Torre d'En Doménec, Torrechiva, Traiguera, les Useres, Vall d'Almonacid, Vallat, Vallibona, Vilafranca, Vilanova d'Alcolea, Vilar de Canes, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Villores, Vistabella del Maestrat, Xert, Xodos, Zorita del Maestrat y Zucaina.
Moción del Grupo Socialista contra la centralización del servicio del Sepam
No salió adelante la moción del PSOE contra la centralización del Sepam. En este punto, el diputado Rhamses Ripollés denunció que la centralización de este servicio en la capital e la Plana sería contraproducente para los pequeños municipios, que ya tienen trabajo para estabilizar y mantener su población.
En este sentido, la vicepresidenta de diputación, Mª Ángeles Pallarés, desmintió que la medida tenga como objetivo la reducción del personal destinado a atender los servicios de los pequeños municipios.
Todo lo contrario, señaló, y relató que muchos funcionarios destinados a estos pueblos mantienen su residencia en otras zonas como Castellón, por lo que van y vienen puntualmente. Además, hay funcionarios que rechazan desplazarse al interior con lo que muchos de estos pueblos tienen verdaderos problemas para resolver sus asuntos. La centralización del Sepam, manifestó ah asido muy bien acogida por los trabajadores y la Diputación mantiene el compromiso de atender a estos municipios con todos sus mejores recursos.
Por una financiación local justa
Se aprobó por mayoría, y con el solo voto discordante de VOX, la moción del PP, a la que se adhirieron PSOE y Compromís, para solicitar al Gobierno Central la reforma del sistema de financiación local con nuevas medidas que beneficien a los pueblos más pequeños.
Ahora bien, aunque el PSOE votó a favor, su diputada provincial, Merche Galí, no pudo resistir la tentación de tirar ‘por los cerros de Úbeda’ cuando tomó la apalabra para recordar lo bueno que fue el gobierno de Puig y del Botánico en Diputación.
El diputado del PP, Sergio Toledo, defendió la moción: “si queremos luchar contra la despoblación, tenemos que ofrecer a las personas que quieran vivir en pueblos pequeños las mismas oportunidades e igualdad de derechos en el acceso a servicios e inversiones que pueden encontrar en las ciudades”. Además de esa lucha contra la despoblación, la última reforma de la financiación local se aprobó en 2002 y, desde entonces, las necesidades de los pueblos han cambiado “por lo que es necesario reformar el actual sistema de financiación y adaptarlo a lo que necesitan los gobiernos locales, obligados a asumir nuevas competencias sin disponer de los recursos correspondientes”, ha indicado el diputado provincial.
En la propuesta de acuerdo de la moción aprobada se incluye la exigencia de actualizar tanto la Ley 7/1985 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local como la Ley 27/2013, de 29 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para la revisión al alza de las competencias locales en materia de servicios sociales y socio sanitarios, economía, empleo, desarrollo local y agenda urbana, políticas de juventud, políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, consumo y educación.
Además de instar al Gobierno de España a que de manera prioritaria y urgente impulse la reforma del actual sistema de Financiación Local, de forma simultánea al de la financiación autonómica, de acuerdo con las premisas aprobadas por el XIII Pleno de la FEMP, a través de la moción también se solicita al Gobierno de España la suspensión de las Reglas Fiscales para el ejercicio 2025.
¿La negativa de VOX?, bueno, la lectura de Ferrer se centraba en las desigualdades que se generan una vez que e pone en marcha el sistema de las comunidades autónomas…
Mantenimiento de Muface
Finalmente, se aprobó por mayoría la moción del PP para mantener la ‘Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, Muface.
Seguramente todos los lectores conocen el problema de fondo, pero, por si no fuera así es preciso recordar:
La mayor parte de los ciudadanos españoles están protegidos por el Sistema Sanitario de Salud, que se conoce popularmente como la Seguridad Social. Aunque la atención es gratuita, el servicio como tal no lo es porque está financiado por las Comunidades Autónomas como competencia transmitida por el Estado.
En 1975 se creaba la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Muface, para la atención de los funcionarios públicos. En este caso, son las empresas privadas las que prestan la atención mediante un convenio entre las aseguradoras privadas y el Estado. Es decir, también lo financia el Estado, pero de forma indirecta.
La existencia de esta mutualidad permite, que los empleados públicos puedan elegir entre recibir atención médica a través de la sanidad pública o mediante aseguradoras privadas. En estos momentos reciben prestación sanitaria a través de Muface en torno a un millón y medio de familias.
Pero si la Sanidad Pública presenta problemas por falta de personal, de medios y genera listas de espera, las aseguradoras que mantienen Muface han denunciado que lo que paga el Estado por su gestión es completamente deficitario.
Desde una revisión ideológica, los partidos de izquierda discrepan de la existencia paralela de una seguridad pública y de una seguridad privada. Entienden como señalaba María Fajardo, de Compromís, que el Gobierno no debería invertir más en la sanidad privada de Muface, sino que debería hacerlo en la sanidad pública e integrar a todos los españoles bajo el mismo modelo sanitario.
Con razón o sin ella, el conflicto no es fácil de resolver y menos aún por la vía rápida.
Tal como defendían PP y VOX, en la actualidad el tratamiento de los pacientes asignados a Muface resulta más económico para las arcas del Estado que hacerlo por la Sanidad Pública. Y, por otra parte, La Seguridad social se encuentra tan saturada en estos momentos, que resultaría impensable suprimir Muface para la integración de todos sus beneficiarios en la sanidad pública… La realidad es que las Aseguradoras han plantado cara, los usuarios de Muface ya sufren problemas de atención médica y de tratamientos, mientras se aclara la situación.
Dicho esto, PSOE ha pedido que se retirara la moción porque el Ministerio ya ha anunciado una nueva oferta de negociación a Muface… pero que haya una oferta no certifica que se vaya a encontrar un punto de equilibrio, por lo que se ha mantenido la moción.
La moción el PP para instar al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a seguir negociando para lanzar un nuevo pliego que permita salvar Muface, se ha aprobado con los votos de PP y VOX.
